Esta semana la Iglesia anunciaría una medida de fuerte impacto: la renuncia a los fondos que les asigna el Gobierno, que este año serán unos $ 140 millones. Será en plena controversia por la misa que semanas atrás encabezaron obispos frente a la Basílica de Luján con Hugo y Pablo Moyano, gesto que fue interpretado como un apoyo a los sindicalistas. Según Clarín, la decisión se tomaría durante la 116° Asamblea Plenaria de Obispos de todo el país, en un encuentro del que participará entre otros el obispo de Mercedes-Luján Agustín Radrizzani, que quedó en el ojo de la tormenta y debió pedir "perdón" por la misa con los Moyano. En esta línea de fuego también había quedado el presidente de la Pastoral Social, obispo Jorge Lugones, que recibió al jefe Camionero tiempo atrás, después de que la justicia pidiera la detención de su hijo. Luego de la controversia, el Papa Francisco les firmó una remera a los organizadores de la misa en Luján. En agosto la Conferencia Episcopal había anunciado la creación de una comisión con representantes del Gobierno para analizar la renuncia gradual de los fondos públicos y estudiar mecanismo alternativos para compensar esa pérdida. Ahora se espera que la medida sea confirmada por todos los obispos durante la reunión en Pilar, que empieza el lunes y terminará el próximo viernes. La resistencia a que la Iglesia siguiera recibiendo estos fondos se produjo especialmente durante el debate por la legalización del aborto, que se frustró en el Congreso con el rechazo del proyecto en el Senado, tras la media sanción en Diputados. En pleno debate aparecieron en escena los grupos que reclaman la separación de la Iglesia y el Estado. La separación se produjo formalmente en 1966 con la firma del Acuerdo entre el Vaticano y el Estado, que terminó con cuestiones como la injerencia del Gobierno en la designación de obispos. Mientras que en la reforma constitucional de 1994 se eliminó el requisito de ser católico para llegar a la presidencia. Aunque se mantuvo el artículo 2, que determina que el gobierno federal "sostiene al culto católico". Por una ley de la última dictadura militar, el financiamiento derivó en una entrega mensual de fondos a cada obispo, que actualmente está en el orden de los $ 40 mil, más una suma menor a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Todos estos aportes, sumados a otros, resultan en un total de $ 140 millones. Por fuera de esta cifra están los subsidios a las escuelas católicas, que también reciben otras religiones y que por el momento se van a mantener. Como alternativa la Iglesia descartaría el sistema que se usa desde hace tiempo en varios países de Europa, donde los fieles hacen sus aportes con una parte de sus impuestos. En cambio verían con mejores ojos colectas al estilo Cáritas, de acuerdo a Clarín.
