Dos semanas atrás el ministro de Justicia, Germán Garavano, se tomó el trabajo de llamar por teléfono, uno por uno, a cada juez y jueza de la Corte Suprema. Era para hacerles una invitación a un almuerzo en la Casa Rosada. La convocatoria, osada ante los supuestos parámetros institucionales de ambas partes que pregonan la “independencia judicial”, proponía que estuviera el tribunal en pleno, y del otro lado de la mesa estarían también Mauricio Macri, tal vez el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y dos de los más influyentes operadores judiciales, José Torello –jefe de asesores del Presidente– y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un todoterreno jurídico, con lazos con el Grupo Clarín y cargo formal en el Parlasur. Ninguno de los supremos contestó de inmediato. Pero tres de ellos, en cuanto terminaron la conversación telefónica, se respondieron a sí mismos un rotundo “no” que pronto socializarían con el resto. El resultado de las deliberaciones fue que sólo asistirán el nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz y la vice, Elena Highton de Nolasco, a modo de “representación institucional”. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti aceptaron esa alternativa a regañadientes: hubieran preferido que no vaya nadie. Todo esto ocurre mientras la Corte está más cerca de resolver temas inquietantes para el Gobierno, como los (miles de) expedientes donde se discute el índice a aplicar para el ajuste de haberes jubilatorios. Entre viejos conocedores de los quehaceres supremos consultados por PáginaI12, nadie recuerda un encuentro cumbre como el propuesto por el Gobierno en las últimas dos décadas. Menos aún que incluya oficialmente entre los comensales a dos operadores de la mesa “judicial” chica del presidente Macri. Ambos son considerados figuras claves en la búsqueda de resultados funcionales en las causas de tenor más político, en el desplazamiento de jueces y en las designaciones de otros, incluso con métodos cuestionados por ser a dedo e ignorar los requisitos constitucionales. También interceden y buscan algún provecho de los cortocircuitos con Elisa Carrió. Rodríguez Simón, por ejemplo, fue el gran impulsor de la designación de Rosenkrantz en la Corte –y de que tanto él como Rosatti llegaran por decreto, salteando el Senado–, pero también de la ofensiva para echar de la presidencia suprema a Lorenzetti antes de que terminara su mandato. Por eso, también hubo quienes en la Corte interpretaron la invitación al almuerzo conjunto como un gesto del gobierno para mostrarse envalentonado, “hasta un poco impune”, comentaban en uno de los despachos del cuarto piso de tribunales. El almuerzo está convocado para el próximo martes, 6 de noviembre, en la Casa Rosada. Ante el llamado de Garavano, algunos de los supremos pidieron precisiones y ahí supieron con qué elenco se encontrarían. Los dos jueces peronistas más Lorenzetti conversaron de manera informal y enseguida estuvieron de acuerdo en que aceptar la invitación no redundaría en nada bueno, menos todavía con la pésima imagen que arrastra el Poder Judicial, y que a esta altura del partido en la Corte es tema de preocupación para varios. En el último acuerdo cortesano plantearon sus razones. Algunas más y otras menos explícitas. La inconveniencia de semejante foto de toda la Corte con el Gobierno, es quizá la más obvia. Por una cuestión de imagen, pero también de normas. Es una irregularidad que los jueces se sienten a conversar con una sola de las partes de múltiples expedientes, en este caso el Estado. Existe un reglamento que lo prohíbe de manera expresa. La causa donde se discute el índice a aplicar (Isbic, el que ya avaló años atrás la Corte, o Ripte, el que pretende la Anses) para el cálculo de las jubilaciones es quizá el más obvio. Como reveló este diario, el expediente ya pasó por todos los despachos y habría una mayoría proclive a fallar a favor de los jubilados, con una fórmula que no reduzca sus haberes sino que los recomponga. Otro de los temas próximos, donde el Estado es parte, es el caso donde se discute el alcance de la ley para que los jueces paguen impuesto a las ganancias, y que la Asociación de Magistrados rechaza. Se suman varias causas donde se discute la validez de ciertos decretos de necesidad y urgencia. Uno de alta preocupación oficial, es el decreto que autorizó a los familiares de funcionarios a entrar en el blanqueo; otro modificó el régimen de ART; está impugnado el decreto que impugnó las normas migratorias y el que eliminó el fondo sojero. La lista sigue, pero estos ejemplos permiten ilustrar el interés estatal directo en varios asuntos cruciales. El episodio del derrocamiento de Lorenzetti, en septiembre último, amagó con exhibir una especie de nueva mayoría: al ex titular supremo lo desplazaron entre Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco (aliada suya en otros tiempos). Fue la misma mayoría que, además, había votado el fallo del 2x1 a favor de la libertad de los represores (a partir del caso de Luis Muiña). Sin embargo, con el correr de los días, se advierte que no todo es tan estanco y, en especial, que Rosatti no comparte todos los criterios con el titular supremo actual. Esta semana –por caso– Rosenkrantz quedó en minoría, solo, en un fallo que rechazó la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz. Podría pasar lo mismo con la futura sentencia sobre jubilaciones, aunque hay dudas sobre Highton. A la vez fue unánime la decisión de desestimar un recurso de queja que presentó Luis Chocobar, el policía aplaudido por el gobierno tras matar a Pablo Kukoc, por lo que deberá enfrentar un juicio oral. A Rosenkrantz se lo ve más solo de lo que se preveía puertas adentro de la Corte. Pero pronto lo esperan con brazos abiertos en la Casa Rosada.
