Una pelea por el manejo de la comunicación y la información del Poder Judicial puso en escena la interna salvaje que atraviesa la Corte Suprema. Todo empezó con una resolución del nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, donde responsabilizaba a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, de vaciar, paralizar y retacearle las claves de acceso de la página web del Centro de Información Judicial (CIJ). Pero la respuesta del supremo desplazado llegó rápido, en una carta donde lo acusa de maltratar a la funcionaria que manejaba esa publicación “apartándose de la política de violencia de género y protección a la mujer”, le endilga un intento por privatizar ese sitio y haber creado un clima de “tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos”. “Lamento muchísimo semejante mediocridad”, dice el texto de Lorenzetti que –además– le adjudica a su colega gestos propios de “épocas que hemos querido superar”, en una alusión elíptica a la Corte adicta de los años noventa. Todo este tiroteo verbal sucedía mientras transcurría el J20, con la presencia de jueces y juezas de cortes de todos los países que integran el G20. La primera foto que publicó ayer el CIJ, ya bajo dominio de Rosenkrantz, es un retrato de la Corte en pleno, con Mauricio Macri en el centro, casi como un supremo más, en el contexto de esa reunión internacional en la que hasta hace unas semanas iba a ser Lorenzetti el principal orador que daría la bienvenida, hasta que sus colegas le cortaron el mandato. Con los últimos preparativos para la cena de bienvenida para los participantes del J20 en el Palacio de Justicia, el lunes por la tarde se conoció una resolución firmada por Rosenkrantz en la que atribuía a Lorenzetti del desmantelamiento del CIJ. En parte, porque había decidido trasladar a la mayoría de su personal a otras dependencias antes de dejar la presidencia, entre ellas a su propia vocalía, como es el caso de María Bourdin, que comandaba el CIJ y la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, y su subdirector, Pablo Méndez. Esa área, criticó el flamante presidente, “ha quedado acéfala y sin personal suficiente”, “lo que ha hecho imposible su funcionamiento comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación”. Pero atribuyó la paralización del sitio en cuestión, que brinda información sobre fallos y la actividad de la Corte, a que Lorenzetti y equipo le negaban las claves y dispositivos tecnológicos de acceso. Rosenkrantz había mandado a un consultor externo, privado, a pedir esa información para el manejo informático. En teoría, lo había contratado para el J20. Y le dijeron que no, precisamente por su ajenidad al Poder Judicial. Como represalia, le abrió un sumario a Méndez. Su resolución, además, afirma que el CIJ depende de “la autoridad directa (el subrayado es de Rosenkrantz) del Presidente del Tribunal”, que “debe contar de modo urgente con los medios para continuar el servicio provisto por el CIJ entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web”. Finalmente, instruía al secretario general de administración a su “recuperación”. La interna suprema era visible desde hacía tiempo, aunque quedó plasmada en el desplazamiento anticipado de Lorenzetti de la presidencia –bienvenido por el gobierno de Cambiemos, que además ve en Rosenkrantz y aliado– y adquirió un cariz novelesco a partir de la pulseada sobre el CIJ, que posiblemente se traslade pronto a otras áreas y temas, como la administración, la organización interna, y las escuchas telefónicas, entra otras. Algo impactante del día de ayer, fue que mientras Rosenkrantz le daba cuerpo a su primer discurso como presidente supremo ante los titulares de cortes supremas de los países del G20, y reivindicaba “las reglas” como único camino para el “desarrollo equitativo y sustentable” y “la cooperación”, Lorenzetti se preparaba para enviar la carta que lo acusa de pretender “modificar principios fundamentales” del “funcionamiento y jurisprudencia” de la Corte. “Ha costado mucho cambiar lo que había”, insistió en aludir con un mensaje subliminal a la vieja corte políticamente adicta del menemismo. “Me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución me veo obligado a contestar”, dice al comienzo la carta a Rosenkrantz. Luego describe hechos: “Usted se apersonó en el despacho de la secretaria de Comunicaciones (Bourdin) efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del CIJ. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte (que tiene rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante…”. A partir de ese relato, explica que Bourdin “para mantener su dignidad profesional y no obstaculizar” pidió su traslado, igual que otros empleados. Y le aclara, con un dejo de ironía, que “si lo desea puede pedirles que se vuelvan” pero “lo que no puede hacer es obligarlos”. Hasta aquí, la paradójica denuncia de una escena con tintes de violencia de género, en la única Corte Suprema que tiene una oficina especializada en recibir denuncias de esa temática. Luego, le señala que mandó a una persona que pertenece a una consultara privada, Ariel Alberto Neuman, para que le entregaran a él toda la documentación. Le recrimina que debió plantear la cuestión en el acuerdo de los supremos, pero en cambio “ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios”. “Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea” del CIJ, “de menos de una semana” y que “era perfectamente solucionable con un comportamiento razonable”. Lorenzetti le recrimina a Rosenkrantz pasar por encima de los procedimientos habituales, como llevar al plenario de jueces la propuesta de un nuevo secretario o secretaria. “No hay razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas que no fueron habladas antes entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal”, enfatiza. Como una de las mayores críticas que recibió Lorenzetti de los colegas que lo desplazaron de la presidencia (junto con Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti) es su personalismo, en el texto trata de mostrar a su sucesor como portador esas características, y le explica como a alguien que ignora acuerdos básicos que “el presidente de la Corte debe expresar las decisiones del tribunal”, no las propias, y que en los últimos años “se ejecutó una política de descentralización de las área se presidencia, cambiando el modelo personalista y concentrado que existía con anterioridad”. Y por eso, señala, cada quien asumió un papel en particular y se hizo cargo de un área: Highton en la Oficina de violencia doméstica, Carmen Argibay en la oficina de la Mujer y la Morgue, Juan Carlos Maqueda la obra social y Raúl Zaffaroni en la biblioteca y el Centro de Investigaciones. “La secretaría de Comunicaciones depende del pleno de ministros (…) como todas las secretarías”, refuta a Ronsenkrantz. También recuerda que el CIJ se creó en 2006 como fruto de una Conferencia Nacional de Jueces, cuando presidía la Corte Enrique Petracchi pero Lorenzetti ya se proyectaba al mando. El CIJ tiene una carga simbólica muy fuerte, porque cambió toda una historia de incomunicación del Poder Judicial hacia la sociedad. Fue innovador en un poder del Estado acostumbrado a la excusa de que sólo habla por sus sentencias. Comenzó a publicar fallos de jueces de todas las instancias y la actividad de la Corte y se volvió una herramienta útil dentro y fuera de tribunales. Con el tiempo también quedó claro que empezaba a ser utilizado con intencionalidad política: había un sesgo en la selección de las sentencias publicadas y los jueces favoritos, así como en el modo de titular noticias, además de abundante información sobre actividades del ex titular supremo. Fue interesante como muestra de que la neutralidad judicial es una quimera. Para Rosenkrantz manejar “directamente” el CIJ, no es menor. Es el dominio sobre la producción de la materia prima de las noticias judiciales que luego se reproducen en los medios. En los pasillos supremos ayer a la tarde había funcionarios judiciales que señalaban que del texto de Lorenzetti se desprenden posibles delitos como abuso de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad. La duda es si esto terminará en denuncia. ¿Intervendrá también, por ejemplo, la oficina que dirige Highton, la vicepresidenta suprema? ¿Se tratará el tema en el próximo acuerdo? Por lo pronto, hoy en el J20, le toca exponer a la jueza, a Maqueda y al propio Rosenkrantz. Rosatti recibirá una distinción de la academia de Ciencias Morales y el cierre estaría a cargo de Lorenzetti.
