Luego de la Cumbre del G-20, comenzará el debate sobre el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner ( CCK ). El gobierno de Mauricio Macri acordó con un grupo de diputados y senadores de Cambiemos cinco lineamientos para un proyecto de ley que regulará la competencia del Congreso para bautizar o rebautizar monumentos y edificios públicos nacionales. La primera condición es que deberán transcurrir al menos 20 años de la muerte de una personalidad pública para que pueda utilizarse su nombre en un paseo, edificio, plaza o calle. Y que esa personalidad pública o acontecimiento histórico tiendan a la unidad nacional y no a la división. En ese sentido, los nombres que hoy se barajan para el CCK son "Centro Cultural Bicentenario", tal como era el proyecto original de los Kirchner, o "Centro Cultural de la Independencia". El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi , acordó con una docena de diputados y senadores de Cambiemos la creación de un nuevo proyecto de ley que deberá ser consensuado con la oposición, fundamentalmente con el peronismo más dialoguista del Bloque Justicialista Federal, y con otras bancadas. Seguramente, tendrán la tenaz oposición del kirchnerismo en ambas cámaras. En el Gobierno confiaron a LA NACION que el proyecto de ley se introduciría luego de la sanción del Presupuesto 2019 y una vez terminada la cumbre del G-20, el 1º de diciembre próximo. De ese modo, el cambio de nombre del CCK, en caso de producirse, sería solo el año próximo. El debate se disparó al infinito luego del caso de los cuadernos de las coimas del kirchnerismo. En esa causa, el juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner , a la que le asignó, junto a su fallecido esposo Néstor Kirchner , el carácter de jefes de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a cambio del otorgamiento de obras públicas millonarias. Además, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López cumplen prisión preventiva como supuestos organizadores de la banda. Bonadio pidió la prisión preventiva para Cristina Kirchner, pero dejó la decisión en manos de la Cámara Federal. El CCK lleva el nombre del expresidente y una placa de mármol dentro del edificio, recuerda a De Vido y a José López como los realizadores de esa monumental remodelación del viejo Correo Central. Los lineamientos del anteproyecto de ley acordado para el cambio de nombres de lugares o edificios públicos son los siguientes: *Fijará criterios muy claros para los cambios de nombres. *Deberá transcurrir un período de 20 años desde la muerte de la personalidad que le da nombre al lugar, y el nuevo nombre deberá tener un valor social e histórico indiscutible. *El cambio de nombre podrá ser retroactivo a edificios que hayan sido bautizados en los últimos 15 años. *Los personajes o hechos históricos con los cuales se denomine a esos espacios públicos deberán revestir el mayor grado simbólico de unidad nacional y no tender a la división de la ciudadanía. *Los nombres nuevos siempre deberán tener control parlamentario. Se le reconocerá así una atribución constitucional indelegable al Congreso para "la imposición de nombres o denominaciones" a bienes muebles e inmuebles del Estado, vías de circulación, obras, monumentos, espacios, aniversarios, eventos, entidades y en general. Se creará una Comisión Bicameral para la Denominación de Bienes y Espacios Públicos (con diputados y senadores) y las decisiones se tomarán por mayoría. Las nuevas designaciones "se fundarán en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural" para lugares que carezcan de denominación, para aquellos cuya nomenclatura presente duplicaciones, para nuevos espacios, para lugares con dificultades topográficas o remodelaciones urbanas. Los nombres deben estar vinculados con la República Argentina o "revestir una importancia indiscutida en el orden nacional o universal". Además, no podrán designarse calles o lugares públicos con nombres "de personas antes de haber transcurrido veinte (20) años de su muerte o desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se tratan de honrar". No podrán usarse nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales de gobiernos de facto o que atentaran contra el orden constitucional y la democracia. Y se prohibirán denominaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y la concordia social.
