"Algo debe quedar claro: la fuga jamás se hubiese producido sin la colaboración de las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del poder político". La afirmación forma parte de la condena contra los protagonistas de la evasión del penal de General Alvear, ocurrida en diciembre de 2015. Y también sustenta el pedido del juez a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, Juan José Ruiz, de investigar a ex funcionarios kirchneristas y a ex autoridades penitenciarias por la presunta complicidad en la conmocionante fuga de los condenados por el triple crimen de la efedrina. Martín Lanatta (45), su hermano Christian (46) y Víctor Schillaci (37) fueron sentenciados este lunes a 7 años y medio de cárcel por el escape, que tuvo -según el juez- "ribetes cinematográficos". Los delitos que cometieron fueron evasión, privación ilegitima de la libertad (de tres penitenciarios) y robo automotor. La fiscal Silvina Langone había pedido 14 años contra ellos, pero no le dieron la razón. Igual, los tres acusados ya cumplen una pena a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008. El juez Juan José Ruiz, este lunes en el fallo De acuerdo con el fallo, aquella huída de una cárcel de máxima seguridad habría tenido a más posibles involucrados. Por eso, se remitieron todas las pruebas y actuaciones conocidas en el juicio oral para que se inicien causas penales contra el ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández; el ex gobernador Daniel Scioli; y su cúpula penitenciaria. También habrá investigaciones para determinar eventuales responsabilidades del ex ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal: del ex subsecretario de Políticas Penitenciarias, César Albarracín; y de la ex jefa del SPB, Florencia Piermarini. En la nómina también aparece Andrés Meiszner, ex titular del RENAR (Registro Nacional de Armas) en los tiempos en los que Martín Lanatta trabajaba allí. Para esto, el juez Ruiz remitió las actas a la Procuración General de la Corte y a la fiscalía en turno de La Plata. De acuerdo con el fallo, la fuga se comenzó a planificar después de que Martín Lanatta diera una entrevista al periodista Jorge Lanata para el programa PPT, que se emitió el 2 de agosto de 2015 por Canal 13. Allí, el condenado acusó a Aníbal Fernández de haber sido "el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez para quedarse con el negocio de la efedrina en el país". También involucró a Meiszner en el cobro ilegal de "hasta 10 mil dólares" por cada permiso de portación y aseguró que el dinero "iba para la corona". La difusión de aquella entrevista por PPT -a una semana de las PASO de ese año, donde Aníbal se postulaba a la Gobernación- hizo que los detenidos se sintieran en riesgo, por lo cual solicitaron a la jueza de Ejecución de Mercedes, Marcela Otermín, una medida de resguardo. La magistrada ordenó el traslado a un sector de seguridad del penal de Alvear. Pero según el fallo, "por una orden política" los ubicaron en el sector de Sanidad del penal que resultaba -según afirmaron testigos en el juicio- "el lugar más inseguro de la cárcel". El 22 de agosto los presos recibieron la visita de Antonio Solivaret, un abogado de Quilmes que habría enviado Aníbal Fernández, quien les ofreció "la libertad a cambio de la retractación de las declaraciones que hicieron a Lanata". Los detenidos grabaron la reunión con una cámara oculta que se difundió por Internet. Allí el supuesto enviado de Fernández se comprometía a garantizarles el "arreglo" de la causa por el triple crimen. Aseguraba que él sería "el próximo Procurador General" (si Aníbal resultaba electo gobernador) y que había arreglado "en Casación con el juez (Martín) Ordoqui". Este magistrado fue suspendido en su cargo el mes pasado por la Suprema Corte, ante las sospechas por su participación como integrante de la "banda del juez Melazo". A partir de que trascendió la cámara oculta, según el fallo "comienza a gestarse el plan para matar" a los Lanatta y a Schillaci. Alojados en el sector Sanidad y pasadas las elecciones en las que ganó María Eugenia Vidal, los condenados recibieron visitas periódicas de las autoridades del penal. Según contaron, les ofrecieron un escape arreglado para que rectificaran sus acusaciones periodísticas y así “Fernández pudiera volver al ruedo político”, según dijeron. Los jefes penitenciarios habrían garantizado la provisión de los uniformes que usaron para escapar, la pintura para confeccionar el arma de juguete y hasta los precintos para inmovilizar a los guardias. ¿Por qué el juez cree que deben iniciarse nuevas investigaciones? Considera que la conducción del SPB; los responsables políticos de esa Fuerza y el ex gobernador tuvieron responsabilidad en las acciones orientadas a favorecer la fuga. Y que el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner activó la maniobra para presionar a los condenados, después de la entrevista televisiva.
