Uno a veces pierde los documentos. Puede pasar. En la mañana del viernes último, Rafael O. V fue a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones en Retiro tras extraviar sus papeles, solicitó un nuevo DNI para migrantes con un número que comenzaba en 94 millones. Oriundo de Perú, de 58 años de edad, vecino de un edificio en La Paternal, Rafael llegó a la Argentina para radicarse en el país hace al menos siete años, cuando logró su inscripción en la AFIP. Nada fuera de lo normal hasta aquí, un trámite migratorio más. Sin embargo, la empleada que lo atendió se alarmó un poco al ingresar su número en el sistema y levantó un teléfono. Quien atendió ese llamado luego contactó a una oficina de Interpol: la Policía de la Ciudad arrestó a Rafael, con un expediente en el Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo. Una circular roja de Interpol pesaba sobre su cabeza con un pedido de captura por una acusación de hace más de treinta años: para la Justicia peruana, Rafael habría sido un miembro de la guerrilla de Sendero Luminoso. Rafael habría reconocido su parte en la organización terrorista de acuerdo a documentos de la Corte Suprema de su país, una parte muy, muy pequeña: admitió copiar panfletos senderistas el mimeógrafo de la empresa donde trabajaba, aseguró que le guardó paquetes a otros guerrilleros, ni siquiera guardó armas, sino elementos para limpiarlas. Al declarar, Rafael dijo que fue "captado"por Sendero Luminoso: su casa fue allanada. Otros compañeros de la organización lo habrían señalado en sus declaraciones también. Los mismos documentos de la Corte peruana hablan de que Rafael fue eventualemente absuelto por la Sala Penal Nacional del Perú. Es decir, no era un jefe terrorista ni mucho menos. Aún así, las computadoras pedían detenerlo. Esta detención, por otra parte, no es algo único en el tiempo: la historia ocurre cada tanto, se repite. Rafael no es el primer ciudadano peruano acusado de senderista que se radicó en el país con una marca roja de Interpol en su espalda que marca su extradición a su país de origen apenas sean capturados por las fuerzas de seguridad argentinas. Varios presuntos miembros de la organización armada dirigida por Abimael Guzmán que marcó a Perú con sangre y explosivos durante la década del 80s llegaron a la Argentina a lo largo de los años. "Ruti" Ramos Mariños, socio original del temido "Marcos" Estrada González que luego se convertiría en el primer jefe narco de la Villa 31 bis, reconocía en privado a su hermano Esidio Teobaldo, alias "Meteoro", como un senderista hecho y derecho. Fuentes policiales en Perú aseguraron a Clarín durante la década pasada que "Meteoro" se había integrado al Comité Metropolitano de Sendero Luminoso para especializarse en la colocación de explosivos y matar traidores y soplones, las fuentes afirmaban que "Ruti" lo habría acompañado en su aventura guerrillera, algo que "Ruti" ocasionalmente negó. "Meteoro", nacido en 1959, socio en las operaciones narco de "Ruti", acusado junto a su hermano y "Marcos" de ser parte de la masacre de la "Canchita de los Paraguayos" que comenzó el dominio peruano en el asentamiento del Bajo Flores, terminó muerto por una ráfaga de ametralladora en el marco de una vendetta en la Villa 31. Tuvo su propio DNI nacional que comenzaba con el número 93 millones, domicilios registrados en Burzaco y en el Barrio Illia de la 1-11-14, donde su hijo "Hércules" sería baleado en la calle hasta morir en 2015, un asesinato archivado sin sospechosos ni culpables. Oswaldo Ceferino Quispe Caso no contaba con un documento nacional de identidad sino con dos, números 62 y 94 millones, domicilios porteños en la avenida Lincoln y en la avenida Rivadavia, una cobertura de la obra social del personal de Sanidad gracias a su mujer. Vivía en el país al menos desde 2008, cuando consiguió trabajo en blanco en una empresa de instalaciones eléctricas: la división Interpol de la Federal lo detuvo en diciembre de 2013. Su circular roja lo involucraba en la brutal muerte de dos policías en Arequipa en julio de 1989 cuando supuestamente integró un grupo armado que bloqueó un camino y abordó un colectivo a balazos. Los policías no murieron allí: fueron atados y llevados a otro lugar para ser ejecutados. Oswaldo, hoy de 54 años, terminó en un penal federal donde consiguió trabajo por algunos meses. Su expediente de extradición, originalmente en manos del juez Sebastián Casanello, tendría sus reveses: Casanello no recibió información completa para e valuar su caso, la Corte Suprema aprobó su extradición en 2016, casi tres años después. Su defensa llegó a plantear una eximición de prisión ante la Cámara Federal y a pedir el resguardo de la hija del ex senderista, nacida en Argentina y de apenas cuatro años cuando su padre fue arrestado. Rosalino Pascual Fernández, alias "Coco", fue detenido por la Policía Federal mientras manejaba su auto en el Abasto en mayo de 2016, tenía un DNI argentino, número de CUIL. Lo habían condenado a 20 años en su país por la voladura del hotel María Angola en el distrito de Miraflores de Lima, con una auto cargado con 200 kilos de dinamita que causó cuatro muertos y treinta heridos. Sorprendentemente, Rosalino ya se había profugado en otro país. Lo detuvieron en 2012 en Vancouver, Canadá, cuando se había conseguido un trabajo de limpieza para pasar desapercibido. La hoja de antecedentes de Rosalinoque en ese entonces llegaba a la sección Antifraude de la embajada canadiense en Perú era intensa, el registro propio de un senderista duro. Además de la voladura del María Angola, Fernández era buscado por asaltar a dos empleados de seguridad para tomar sus armas y sus chalecos antibalas y robarle el patrullero a un policía, todo en 1995. Era un propagandista ávido: también se le imputaron pintadas y volanteos a favor de la guerrilla en diversos asentamientos de Lima. Cómo llegó Rosalino a la Argentina era algo desconocido al momento de su captura: se había inscripto en la AFIP en septiembre de 2007 de acuerdo a su información comercial. Sus datos previsionales revelan otra curiosidad: estuvo en un penal federal desde fines de 2009 hasta comienzos de 2010, cuando cobró el péculo carcelario por trabajar entre rejas. "Coco" fue extraditado a Lima dos meses después de su detención, a donde llegó esposado y con un chaleco antibalas. La historia de Rolando Echarri Pareja, con DNI número 62 millones y domicilio en la Villa 1-11-14, en el país al menos desde 2012 cuando un compatriota que era un firmador serial de cheques sin fondo le dio trabajo como pintor y albañil, fue un poco más complicada. Echarri Pareja había sido detenido por primera vez cuatro años antes, su pedido de extradición fue declarado procedente en enero de 2013 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de su país. Estaba acusado de ser el jefe político de la Base Sur de Sendero Luminoso en Cuzco, un armador dedicado a la expansión y al reclutamiento. El proceso de extradición de Echarri Pareja entró en vigor en noviembre de 2016, la Cámara Federal resolvió anular su libertad en aquel entonces luego de que un juzgado de Comodoro Py resolviera soltarlo. Hay otros casos de extranjeros acusados de delitos graves más allá de Sendero Luminoso que eran buscados por Interpol y lograron un documento argentino. Richard Orrego Barrantes fue capturado en Córdoba por la división Investigación Federal de Fugitivos de la PFA en abril de 2016: la Justicia de su país lo buscaba por emborrachar a una discapacitada y abusarla en 2007. Su documento nacional comenzaba con el número 94 millones, vivía en Córdoba y tenía trabajo en blanco como vigilador privado. ¿Cuál es el problema, entonces? ¿Cómo un acusado de un delito grave con circular roja consigue la ciudadanía en Argentina? Viejas cabezas de la seguridad durante el kirchnerismo hablan de tensiones con Migraciones años atrás con respecto a la implementación del sistema de comunicación global I-24/7, que pertenece a Interpol y que fue traído al país durante la gestión de Sergio Berni, una supuesta resistencia de Migraciones a implementarlo por "incompatibilidad con el sistema local", dice un ex funcionario. El sistema permite constatar automáticamente pedidos de captura en terminales de acceso al país, pero en el caso de los supuestos senderistas, el problema es mucho más complejo, mucho más delicado que un dato que no entró. Rolando Echarri Pareja había solicitado asilo al Estado argentino, algo que pesó en las decisiones de los tribunales argentinos con respecto a su extradición. Rafael, el primer supuesto senderista de esta historia, quedó libre al mismo día que fue arrestado. "Tiene status de refugiado en el país", aseguró a Infobae una alta fuente policial: "Sin embargo, el sistema le va a pedir la detención. " En septiembre de 2015, la Comisión Nacional para los Refugiados del Ministerio del Interior elevó un informe de 39 páginas a Presidencia. "La situación de los ciudadanos peruanos que solicitan estatuto de refugiado en la Argentina presenta como nota característica la imputación de pertenecer, ayudar y/o participar en el grupo terrorista Sendero Luminoso", aseguró el informe. El motivo a estos pedidos es claro en el reporte enviado a Cristina Fernández de Kirchner: las repetidas violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori que fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con tormentos, encarcelamientos injustificados, procesos judiciales arbitrarios bajo el sistema de "jueces sin rostro", magistrados que escondían su cara y distorsionaban su voz, causas que eran anuladas y luego reabiertas. "Hubo muchos supuestos ex senderistas que vinieron al país a buscar refugio y a empezar una nueva vida, muchos de ellos torturados. A estos tipos les daban 20 años por repartir un volante, se comían encarcelamientos insólitos. Y no son precisamente Abimael Guzmán", asegura un ex funcionario que siguió el tema muy de cerca. El caso de Rolando Echarri Pareja abre la lista del informe elevado a Presidencia en 2015. El documento afirma que Echarri Pareja "fue detenido en dos oportunidades, sin juicio previo hasta que debió comparecer ante jueces sin rostro y ante quienes fue forzado a firmar una declaración inculpatoria, habiendo sido torturado. Respecto de los procesos iniciados en Perú, el solicitante fue encontrado inocente, fue absuelto y liberado. " La balada del ex presunto jefe de la Base Sur de Sendero iba mucho más allá: había sido testigo en la investigación de la brutal masacre del penal de El Frontón en 1986 bajo la presidencia de Alan García, donde un motín terminó con 118 muertos con una sanguinaria intervención de la Marina de Guerra. Su testimonio, supuestamente, complicaba a altos oficiales del Gobierno: las autoridades peruanas intervinieron según el informe de la CONARE para que Echarri Pareja no lograra estatus de refugiado de acuerdo. La lista incluye a otros ocho ciudadanos peruanos solicitantes de asilo como Oswaldo Quispe Caso -cuya esposa logró el estatus de refugiada-, algunos con pedidos de extradición, otros no, las historias de torturas y encarcelamientos por décadas se repiten. No todos son presuntos guerrilleros. Hay un policía peruano acusado de un crimen particularmente brutal, de detener sin motivo, matar y enterrar a dos jóvenes. También tenía DNI nacional.
