Por primera vez una ex Procuradora General de la Nación quedó cerca del juicio oral y público. Procesada el año pasado por el juez Julián Ercolini, la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento, aunque impuso modificaciones a la acusación. El delito atribuido a Alejandra Gils Carbó fue ser coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10, 7 millones de pesos. Sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens la encontraron responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El objetivo de la operación, según la Justicia, fue dar "apariencia de legitimidad" a un proceso administrativo, "con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación", señaló el juez Ercolini cuando la procesó. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como "una farsa". En este contexto, los imputados -entre ellos Gils Carbó-, se valieron de "formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", pero que para la justicia estuvo decidido de "antemano" para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso. Por ello, Ercolini procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi. La Sala I de la Cámara indicó que el comportamiento responde a una práctica que choca con sus funciones públicas. Bellingi, a quien Gils Carbó responsabilizó de toda la operatoria cuando declaró, fue el responsable de "modificar los términos de la licitación" que se consideró “direccionado desde su inicio" con un pliego "hecho a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano y pactada con la vendedora”. Para la Justicia las principales autoridades de la Procuración "idearon y ejecutaron un complejo plan" orientado a "adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667". La compra del inmueble habría estado "decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA", cuya cara visible fue Adrián Fischer, procesado y embargado en $5 millones. Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA (constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza). "El pliego fue hecho a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano y previamente pactada con la vendedora", señaló Ercolini en su momento. Así, Jaureguiberry pudo hacer "la oferta que obtuviera mejor puntaje y resultara adjudicataria de la licitación". Como dato que complicó a la Procuradora, ella declaró en su indagatoria haber visitado el edificio meses antes al llamado a licitación. El inmueble tuvo un costo de 43.850.000 pesos y contó con la intervención "dolosa y fundamental" de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi). A ambos se les trabó un embargos de $5 millones. Todas los involucrados en la maniobra, Gils Carbó, Bellingi, Fischer, Thill y Jaureguiberry, según el juez "se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio" para obtener "beneficios personales". Durante la operación se pagó una comisión de 7, 7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry que a su vez pagó otra comisión de 3 millones de pesos por asesoramiento, a Thill, el medio hermano de Bellingi. La Justicia sostuvo que la compra fue por un "monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto". Hubo cuatro licitaciones previas a la que derivó en la investigación por fraude.
