Hasta el último 15 de agosto, la FUBA tenía a disposición el negocio millonario de las fotocopiadoras del Ciclo Básico Común (CBC). Ese fue uno de los principales focos de conflicto cuando en las últimas elecciones la izquierda perdió la conducción. Infobae accedió a los primeros números oficiales del negociado que llevaba adelante la anterior copresidencia de la federación estudiantil y de la cual durante 12 años no se conoció ni un solo papel. De acuerdo al registro que fue presentado en el expediente judicial que está bajo la órbita del fiscal Guillermo Marijuán, los partidos de izquierda que controlaban la FUBA cobraban -solo por concesiones- $323.100 por mes. Si se consideran los 10 meses de contrato durante los cuales se presta servicio en un año, recaudaban $3.231.000 por ejercicio. La cuenta por los 12 años durante los cuales no se presentaron balances en la Inspección General de Justicia supera los 38 millones de pesos. "En el estatuto de la FUBA surge con claridad que la conducción debe operar con una cuenta bancaria, que los secretarios generales son los que tienen que firmar los cheques, que tienen que presentar balances y que las autoridades deben renovarse todos los años, como sucede en cualquier asociación civil. La izquierda no cumplió con ningún requisito y el delito más grave que se investiga es que se manejaron todo el tiempo con dinero en efectivo, lo que complica la trazabilidad de los fondos", explicaron a Infobae fuentes vinculadas a la investigación. La copresidencia, compuesta por el Partido Obrero y La Mella, manejó la FUBA durante 17 años y fue desplazada por una alianza socialistas, radicales, peronistas e independientes en las últimas elecciones. No aceptaron el resultado. Denunciaron fraude y ocuparon irregularmente varios locales de fotocopiadoras. Tras el recambio de autoridades y a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires revocó el permiso que tenía la FUBA para vender los apuntes del CBC. Desde entonces, inició un inventario y encontró que en cada uno de los espacios había un contrato firmado con una empresa que pagaba un canon mensual y que ninguno de esos vínculos estaba debidamente informado. La UBA otorgó un "permiso precario" a la editorial EUDEBA para que explote los apuntes del CBC hasta que se lleve adelante la licitación. En tanto, el dinero de los alquileres lo utilizarán para aumentar las becas de ayuda económica en las trece facultades hasta llevar la cantidad de beneficiarios a 1.645. "Para ellos, estos casi 40 millones de pesos eran pura ganancia. Acá no hay un solo costo porque ni siquiera le pagaban a un contador que hiciera el balance. Es un delirio la situación. Y ese número solo es por la concesión de los espacios. Todavía no sabemos cuánto recaudaban en total", agregaron desde la universidad. La mayoría de las empresas brindaba servicios de fotocopiado y, en menor medida, de manejo de kiosco y bar. La sospecha es que ese dinero no declarado se desviaba a campañas políticas. En otras palabras, la organización gremial que debería defender los derechos de todas las personas que cursan en la Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó en la mira por administrar fraudulentamente el dinero de los estudiantes y desviarlo a partidos de izquierda. Seguí leyendo:
