Después de la resolución del juez Claudio Bonadio donde procesó a 42 personas en la causa que investiga la estructura de corrupción en el extinto ministerio de Planificación Federal, el fiscal de la causa Carlos Stornelli y el colaborador del ministerio público fiscal, Carlos Rívolo, solicitaron al magistrado que a Cristina Kirchner -acusada como jefa de la asociación ilícita por 22 hechos vinculados a las dádivas-, se le extienda la imputación a 913 actos de corrupción. Se requirió el procesamiento sobre más empresarios y que se incluya a quienes se les dictó la falta de mérito. Por otro lado planteando que "realizaron mayores aportes a la obra delictual, resultando ser elementales" se pidió que Ernesto Clarens, José López y Carlos Wagner sean procesados como "organizadores", según el escrito al que accedió Clarín. Cristina fernandez de kirchner saliendo comodoro py Foto Federico Lopez Claro Cristina Kirchner está señalada como la jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Además, el juez solicitó la prisión preventiva, pero indicó que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora esperará a que el procesamiento "se homologue por la Cámara federal de apelaciones". A la ex presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por casi 70 millones de dólares. Claudio Uberti, con José López y Julio De Vido, en 2006 (Enrique Cabrera/Télam) Claudio Uberti jose lopez julio de vido escandalo cuadernos corrupcion k Pese a esta medida del juez Bonadio, los fiscales intervinientes en el expediente, señalaron que como jefa de dicha estructura delictiva, y "ante la prueba acumulada en el expediente" -indicaron fuentes judiciales a Clarín-, las acusaciones sobre la ex Mandataria son en realidad, "por 913 hechos vinculados a dádivas". La apelación indica: "Cristina Elisabet deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades". En este pedido, también se planteó que a los dos organizadores de la asociación ilícita, es decir Julio De Vido y Roberto Baratta, se le atribuyan más hechos. Por ejemplo, al ex ministro de Planificación Federal, quien estaba acusado de ser coautor de admisión de dádivas en 4 hechos y cohecho pasivo en 3 hechos, los fiscales le atribuyeron en calidad de organizador, en concurso real con cohecho pasivo, 205 hechos, idéntico rol le otorgaron a Baratta a quien procesó Bonadio como coautor de admisión de dádivas en 90 hechos y cohecho pasivo en 4 hechos. Ahora deberá responder por 205 hechos. Respecto a otros involucrados en la causa, Stornelli y Rívolo solicitaron que Ernesto Clarens, López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner "realizaron mayores aportes a la obra delictual, los que resultaron ser elementales y más relevantes con relación a los cometidos por los demás miembros". Para los representantes del ministerio Público Fiscal, estos cuatro procesados como miembros únicamente de la asociación ilícita, "desarrollaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación y tareas que quizás no eran fáciles de reemplazar como sí pudieron ser las de los demás". Carlos Wagner, Julio De Vido y Aldo Roggio en 2014. Por tal motivo requirieron que sean procesados como "organizadores de la asociación ilícita" de la que Cristina Kirchner fue "jefa" según la acusación de Bonadio. En otro tramo de la apelación, los fiscales solicitaron que el procesamiento de un grupo de empresarios: Alejandro Ivanissevich, Manuel Uribelarrea, Banjamín Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona y el financista Ernesto Clarens sea con pedido de prisión preventiva. Todos ellos "convergieron, junto a funcionarios públicos del más alto nivel, en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el Juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos". Bajo esta misma línea de argumentos, Stornelli indicó que ante los hechos investigados de "prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público", se trató de un "emprendimiento criminal concebido, proyectado y sostenido en el tiempo, con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió su extensión temporal por casi 12 años". La ex Presidenta con su ex ministro de Planificación. En este sentido, en el esquema hubo una "irrupción criminal de varios empresarios, cuya voluntades se plegaron de manera decisiva a la de los organizadores y a la Jefa de todo esto, y cuyos roles adquieren una singular transcendencia, puesto que coadyuvaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar". Asimismo, remarcaron que muchos de ellos "se valieron y habrían usufructuaron los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia a esta estructura criminal, en pos de sacar provecho personal, y particularmente económico, del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios". Por tales argumentos, Stornelli indicó que "no coincide con la exclusión" del dictado de la prisión preventiva por más que no se haga efectiva.
