La Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente. En concreto, el Estado tiene ineficiencias potenciales en el rubro de compras, en el gasto en nómina salarial y en transferencias de subsidios por un monto equivalente al 7,2% del PBI, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se difundirá hoy. El dato es preocupante porque coloca a la Argentina por encima del promedio de ineficiencia de la región, estimado en 4,4% del PBI, o unos US$220.000 millones.
El gasto público general consolidado en América Latina y el Caribe es del 29,7% del PBI, bastante menor en comparación con el 43,5% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, la Argentina, junto con Brasil, Ecuador, Trinidad y Tobago y Uruguay, figura en los primeros puestos entre los que más gastan, con más del 35% del PBI. "Los dos países que más gastan en la región gastan lo mismo o más que el país medio de la OCDE, pero su PBI per cápita es de menos de la mitad", señala el BID.
En el extremo opuesto, Chile es el país con menor gasto ineficiente de la región, calculado en 1,8% del producto. "La estimación promedio de 4,4% del PBI es mayor que el gasto corriente promedio en salud (4,1%) y casi tan grande como el gasto promedio en educación (4,8%) en la región. Corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la brecha de la extrema pobreza e incluso para disminuir la pobreza moderada en numerosos países. O bien los ahorros se podrían utilizar para construir 1225 hospitales con 200 camas (unos 47 hospitales más al año en cada uno de los 26 países)", dice el informe del BID, realizado por los economistas Alejandro Izquierdo, Carola Pessino y Guillermo Vuletin.
Al realizar la estimación, el organismo analizó la eficiencia técnica de tres componentes claves de los costos de producción del gobierno: el gasto en adquisiciones, que es el costo de los bienes y servicios, incluido el gasto de capital; los costos de los salarios de los funcionarios públicos, y parte del costo de los subsidios y transferencias, sujetos a filtraciones que favorecen a personas que no son pobres.
Para empezar, los salarios de los empleados públicos en la Argentina representan el 12% del PBI y el 30% del gasto, superior al 24,2% promedio de la OCDE y uno de los más altos de la región. Además, el país es el tercero en cantidad de empleados públicos en relación con la cantidad de empleo privado (detrás de Barbados y de Trinidad y Tobago).
"Si bien el empleo público no es uniformemente más alto en la región que en la OCDE, gran parte del gasto salarial más elevado se puede atribuir a una alta prima salarial pública. De hecho, para los mismos niveles de capital humano, los salarios en el sector público en 2014 eran, en promedio, un 25% más altos que en el sector privado. Esta prima aumentó a lo largo de los últimos 15 años", dice el BID.
Asimismo, el organismo señala que la mayoría de los estudios revelaron resultados heterogéneos relacionados con el aumento en el diferencial de salarios a favor de los trabajadores públicos: mientras que la brecha salarial supera los 20 puntos porcentuales para los empleados con menos de 13 años de estudios, cae bruscamente en el caso de aquellos que tienen más de 13 años. "Puede que los trabajadores calificados paguen en un sentido figurado para trabajar en el sector público o puede que los sindicatos en el sector público protejan los salarios de los menos calificados. Además de salarios más altos, los empleados del sector público suelen disfrutar de numerosos beneficios no salariales, así como de una mayor seguridad en el empleo, lo que implica que el diferencial en el conjunto del paquete de compensaciones puede exceder los simples ingresos salariales", agrega el BID.
En el último tiempo la sociedad argentina puedo saber de parte de los empresarios cómo se pactaban precios para adjudicarse las licitaciones de
obras públicas
. A pesar de que es difícil medir el costo de la corrupción debido a su naturaleza, según las estimaciones del BID, entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público pueden perderse debido a la mala gestión. En la Unión Europea, ese rango se achica a entre el 7% y el 25%.
Por otro lado, las transferencias estatales, incluidos los programas sociales (las transferencias monetarias condicionadas y las pensiones no contributivas), los subsidios a las empresas (sobre todo, a la energía) y las pensiones contributivas representan cerca del 29,4% del gasto público en promedio en América Latina y el Caribe. "Los errores, el fraude o la corrupción reducen la eficiencia económica de estas intervenciones, disminuyendo la cantidad de dinero destinada a los beneficiarios focalizados. Un estudio internacional estima que el alcance de los errores en los sistemas de protección social abarca entre el 2% y el 5% del total del gasto público en estas transferencias. El error en la focalización implica la parte de los fondos de un programa de protección social que no llega a los pobres o beneficiarios", dice.
Particularmente, cuando el BID se refiere a los subsidios a la energía indica que hacia 2015 representaban alrededor del 61% del total de los subsidios. "Algunos países los redujeron cuando los precios de la energía disminuyeron después de la recesión global; sin embargo, la Argentina fue uno de los pocos países que siguieron aumentando los subsidios hasta 2016, cuando el Gobierno permitió que las tarifas comenzaran a subir", señala el BID.
