LA PLATA.- Con el objetivo de mejorar la gestión de recursos y aliviar la superpoblación en las cárceles bonaerenses , el gobierno de María Eugenia Vidal quiere enviar a sus países a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de sus penas en la Argentina. En lo que va del año, 23 reclusos ya fueron remitidos a sus países, y otros 300 están en condiciones de seguir sus pasos, en caso de que se complete el proceso judicial-migratorio. Los presos extranjeros son, actualmente, el 5,14% de la población total penitenciaria en la provincia, que es de 42.000 detenidos, en 56 cárceles y alcaidías bonaerenses. Las plazas disponibles, en realidad, son 28.000, por lo que la superpoblación es del 50 por ciento. Fuentes del Poder Ejecutivo provincial sostuvieron que, en este contexto, la gobernadora María Eugenia Vidal dio luz verde y apoyo político a la medida. El proceso se inicia en el Ministerio de Justicia bonaerense, del cual depende el Servicio Penitenciario. Un equipo de esa cartera está trabajando especialmente en la revisión de casos para determinar cuáles se encuadran en la normativa de extrañamiento prevista en la ley de migraciones (deben tener cumplida la mitad de la condena). A partir de ahí se habla con el defensor del recluso y con el juez que supervisa el cumplimiento de la pena; si dan su aval, se le ofrece al preso enviarlo a su país natal. En caso afirmativo, el trámite final queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones. Los pasajes de los presos a extrañar corren por cuenta de las compañías de aviación, que según la normativa vigente deben reservar dos lugares para este tipo de casos. Una vez expulsados, los condenados extrañados ya no podrán volver legalmente a la Argentina. El subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Barik, dijo a LA NACION: "A raíz de la superpoblación empezamos a mirar todas las situaciones que podrían tener un tratamiento especial dentro del sistema penitenciario: delitos leves, neuropsiquiátricos, extranjeros. En cuanto a este último caso, cuando un extranjero comete un delito en el territorio y ya cumplió la mitad de su condena, se lo puede enviar a su país y allí quedará libre. Nosotros les hacemos saber a los jueces naturales de los detenidos en qué fecha se cumplirá ese plazo que habilita a que quede alcanzado por los artículos 29 y 69 de la ley nacional 25.871, de migraciones". Según explicaron a LA NACION fuentes penitenciarias, el origen de la población carcelaria extranjera se divide de la siguiente forma: Paraguay (51,35%), Perú (17,66%), Uruguay (9,14%), Bolivia (8,87%), Chile (5,21%), Colombia (3,53%), República Dominicana (1,19 %), Brasil (1,02%), Ecuador (0,40%), China (0,31%), Italia (0,31%), España (0,18%), Ucrania (0,18%), Venezuela (0,18 %), Armenia (0,9%), Estados Unidos (0,9%), Corea del Sur (0,4%), Cuba (0,4%), Francia(0,9%), Israel(0,9%), México (0,4%) y Rusia (0,4%). La mayoría de los que ya fueron expulsados o están a la espera de serlo purgaban condenas por delitos gravísimos, como homicidio o abuso sexual. Entre los cinco que, por estas horas, esperan la ejecución de su extrañamiento, hay dos homicidas (un chino y un paraguayo) y tres abusadores (un paraguayo, un uruguayo y un boliviano). "Los jueces, que son los que tienen potestad de decidir, tienen distintos criterios. Desde que comenzamos con esta iniciativa sacamos a 23 detenidos, este año, previa audiencia judicial", informó Barik. Según surge de los listados de extrañamiento, a los que tuvo acceso LA NACION, uno de los primeros en ser expulsados fue el paraguayo Ariel Sugatti del Valle, que purgaba pena por homicidio simple, homicidio en grado de tentativa y uso de arma por haber sido utilizada para lograr impunidad. Salió del país en marzo. Fueron expulsados los homicidas Valeriano García Carballo y Gregorio Valardez (Bolivia), Valentín Aguilera y Miguel Ramírez Fernández. Por abuso, fueron echados del país los bolivianos Alejandro Huaranca, Luis Espinoza, Cristino Brisuela y Ricardo Villacagua, los paraguayos Oscar Arce, Ramón Osorio Torres, Juan Alberto Oliveira y José Ramón Cano, y el colombiano Aarón Sierra. Finalmente, al cumplir la mitad de sus sentencias por robos y hurtos agravados, fueron remitidos a sus países de origen de forma irrevocable los uruguayos Sebastián Portes y Washington Escobar, los paraguayos Fernando Barrios y Andrés Venancia Amarilla, el boliviano Benjamín Nogales, el chileno Octavio Vilchez, el colombiano Javier Cantor y el peruano César Bardales. El ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, dijo a LA NACION: "Desde este año estamos trabajando con mucho empeño en identificar a las personas privadas de su libertad que, por ser extranjeras y haber cumplido o estar por cumplir la mitad de sus penas, pueden calificar para entrar dentro del proceso previsto en la ley de migraciones. Nuestro mensaje es muy claro: Aquellas personas que vienen al país a trabajar serán siempre bien recibidas, pero pretendemos que por aquellos que vienen a delinquir el Estado gaste lo menos posible en su manutención en prisión. De ser posible, debemos extrañar, cumplidos los plazos y las formalidades, a todos aquellos que cometieron delitos en el país". Según pudo saber este diario, un equipo del ministerio está trabajando específicamente en la revisión de casos, las notificaciones y los trámites pertinentes. Los procesos se realizan junto con la Justicia provincial y con las autoridades nacionales de Migraciones, y se contemplan convenios recíprocos con los países a los que serán enviados los reos que se acojan a la medida de extrañamiento. Cabe aclarar que no se trata de un procedimiento de cumplimiento obligatorio: se requiere, además de la autorización del juez a cargo de la ejecución penal, el consentimiento del preso. "Por ejemplo, aquellos que han formado familia en el país pueden preferir seguir en la cárcel, pero cerca de sus afectos", explicaron fuentes penitenciarias.
