El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital –integrado por los jueces Gabriel Ángel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer- condenó este viernes a tres años de prisión en suspenso a un ex funcionario del gobierno de Carlos Menem y dos empresarios por el escándalo de la privatización del astillero Tandanor. Pero lo más importante, es que el TOF 5 decomisó un terreno de 8, 5 hectáreas que está en la boca de Puerto Madero y donde se proyectan torres por 500 millones de dólares. El tribunal condenó al ex funcionario del Tandanor Eduardo Andrés Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Andrés Juan Vlastó a tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En tanto, fueron absueltos Gerardo Norberto Donato, Nachat Samman, Miguel María De Larminat y Omar Calculli, los tres primeros por prescripción del delito por el retraso del juicio. El tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 30 de noviembre próximo, a las 12. El objeto de la larga causa, investigada por Clarín en los noventa, fue “el esclarecimiento de una maniobra llevada a cabo por la máxima autoridad del Ministerio de Defensa de la Nación, el entonces Administrador provisorio y luego Presidente de Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR S. A. ) con la connivencia de otras personas que integraron las empresas que conformaron el consorcio ganador de la adjudicación del paquete accionaria de la aludida empresa del estado y de otras cuya intervención se perpetró el vaciamiento de TANDANOR S.A.”. La maniobra tuvo lugar a partir del 30 de diciembre de 1991 y hasta el año 1999 que habrían sido cometidas por los imputados: Alejandro Arturo Bofill, Juan Andrés Vlastó, Eduardo Andrés Tesoriere, Norberto Gerardo Donato, Omar Calculli y Miguel De Larminat “en perjuicio del Estado Nacional Argentino”. El ex ministro de Defensa Erman Gonzalez estaba imputado pero falleció durante el proceso. El mes pasado, el fiscal Diego Luciani había pedido penas de hasta 4 años de prisión para empresarios y ex funcionarios menemistas que participaron de una maniobra inmobiliaria y el decomiso de un terreno estratégico en Puerto Madero. En el juicio oral y público por el escándalo del menemismo llamado caso Tandanor, Luciani solicitó que el terreno, que está al lado del museo de los Inmigrantes, vuelva a ser propiedad del estado. Además, reclamó al tribunal sacar testimonios para indagar, también al ex presidente Carlos Menem. El principal funcionario acusado, el ex ministro de Defensa Erman Gonzalez, ya falleció. Durante el gobierno de Menem, se vendió Tandanor -donde se reparó el submarino San Juan en el 2016- pero los dueños dividieron el astillero del terreno, ubicado al lado del hotel de los Inmigrantes, donde proyectan hacer torres por un valor de entre 400 y 500 millones de dólares. Los acusados son Eduardo Tesoriere, quien intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario. El consorcio estabaintegrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. (luego Brisard Sudmarine) y el Banco Holandés Unido. La nómina de imputados se completa con los empresarios Alejandro Bofill, Gerardo Donato, Omar Calculli, Miguel Larminat, Juan Andrés Vlastó y Nachat Samman. En la audiencia el fiscalsolicitó penas de 4 años de prisión para para Vlasto, Boffil, Nachat Saman (empresarios) y para Tesoriere (funcionario). Para el abogado Donato, el fiscal reclamó 3 años y seis meses de prisión, mientras que para De Larminat solicitó 3 años y la absolución Calculli. Además, el fiscal solicitó el reintegro del predio de Tandanor a manos del Estado, en especial la llamada Planta I que tiene más de 8 hectáreas. Los acusados llevaron a la quiebra el astillero y vendieron parte de las acciones de la empresa que se quedó con el terreno llamada Puerto Retiro. Luego "Pérez Compac vendió un paquete de varios inmuebles, incluyendo el terreno, a IRSA, que compró de buena fe en varios millones de dólares". IRSA inició un juicio, a su vez, que está pendiente de resolución en la Corte por lo que este será un caso piloto. En este otro juicio el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, también pidió la restitución del terreno al Estado. Si el tribunal oral hace hace lugar al pedido del fiscal Lucian i sería el decomiso más importante por valor del predio dictado ordenado por un tribunal en un caso de corrupción. Los acusados están procesados por fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta, por el que el Código Penal prevé penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión. El perjuicio causado al Estado fue estimado, por el fiscal, en más de 50 millones de dólares. El proceso se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 a cargo de los jueces Gabriel Nardiello, Sergio Paduzak y Sabrina Namer y el fiscal Luciani. El tribunal oral emitirá su sentencia a mediados de año. Segúnlas pruebas reproducidas los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de uno de sus activos más valiosos, la Planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban, llamada Puerto Retiro S.A. La causa original la instruyó el fiscal Carlos Stornelli en primera instancia. En septiembre de 1990, el gobierno de Menem llamó a licitación para privatizar el astillero Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación en épocas del fallecido Erman Gónzalez. En el llamado original, la empresa fue tasada en 168 millones de dólares: 8 millones pagaderos en efectivo y 160, en bonos de la deuda Externa Soberana, todo lo cual debía cancelarse indefectiblemente a la firma del contrato. Tras un trámite licitatorio lleno de irregularidades, Tandanor le fue adjudicada a un consorcio de empresas encabezado por CIAMAR (transportista marítimo argentino), Banco Holandés Unido (actual AMR AMRO BANK) y SUD MARINE ENTERPRISES (astillero de origen francés). Una vez adjudicada, el entonces Presidente Carlos Menem emitió un decreto por el cual cambió sustancialmente el precio y la forma de pago por Tandanor: el valor a abonar se estableció en U$D 59.760.000 millones de dólares (ya no en bonos, sino en efectivo), pagaderos de la siguiente manera: un adelanto por US$ 7.200.000 y el saldo restante (US$ 52.560.000) cómodamente financiado a nueve años de plazo con tres de gracia. El Estado exigió la constitución de un aval de un banco de primera línea por los intereses correspondientes a los tres primeros años “de gracia” y un seguro de caución por el saldo que quedaría pendiente (US$ 52.560.000). En los hechos, el aval no fue constituido y el seguro de caución fue emitido por una empresa (Aseguradora del Litoral S. A. ) "sin reaseguros" que, para colmo, le pertenecía al mismo grupo adjudicatario (empresa CIAMAR). Según el fiscal Stornelli, en tiempo récord, desmantelaron la centenaria Planta I de Tandanor (8, 2 hectáreas en Dársena Norte) y se la auto-vendieron a una sociedad anónima propia (Puerto Retiro) en un precio irrisorio. El valor de venta de este predio se “pautó”en la suma de 18 millones de dólares. Ahora bien, tras la realización de cuatro peritajes contables ordenados en el marco de la causa comercial y en la penal hasta en trámite, todavía no se ha logrado determinar si ese monto realmente ingresó a las arcas de Tandanor. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, Tandanor se fusionó con el astillero Domecq García y se constituyó el Centro Industrial Naval Argentino (CINAR), donde se hizo el mantenimiento de media vida del submarino ARA San Juan.
