A partir del lunes, Julio De Vido enfrentará un complicado frente judicial con epicentro en el juicio oral por la Tragedia de Once donde está acusado por un delito que le podría depararle una condena de 8 años de prisión efectiva. En una maniobra para ganar tiempo, la defensa del diputado K pidió que el juicio sea a través de un jurado popular, propuesta que seguramente será rechazada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que busca empezar rápido el proceso. Hace dos años, el TOF 2 había condenado al secretario de Transporte de De Vido, Juan Schiavi, a 8 años de prisión. Si el TOF 4 mantiene el mismo criterio, De Vido enfrentará la misma pena. Pero la condena de Schiavi y otros aún debe ser confirmada o rechazada por la Cámara Nacional de Casación Penal que hace dos años mantiene pisado el expediente para que las condenas se conviertan o no en efectivas. En la “caja de Pandora” que son los tribunales de Comodoro Py, el ex poderoso ministro de Planificación K también enfrena otras cuatro causas en que está procesado, otras treinta en que está siendo investigado de un total de ciento cincuenta denuncias judiciales. Ayer, parafraseó desafortunadamente una definición de la Cámara Federal que condenó a los ex comandantes por la represión ilegal, dijo que era víctima de “un plan sistemático de marketing” realizado por Durán Barba. No es así. Se tratan de procesos judiciales donde su suerte depende de las pruebas y de la interpretación que los jueces hagan de ellas. Está procesado por distintos jueces en las causas por la Tragedia de Once, el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, los subsidios de los colectivos, y la renegociación de los contratos ferroviarios. Recientemente, la Cámara Nacional de Casación Penal le reabrió la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, uno de los talones de Aquiles del ex funcionario. A partir del lunes las causas tomarán ritmo, aunque algunos jueces esperarán a ver el resultado de las elecciones generales del 22 de octubre antes de decidir si pisan el acelerador o el freno. Entre esas últimas, la que parece más amenazante es la causa por el pago de sobreprecios en el pago de buques con gas natural licuado (GNL) por 15 mil millones de dólares. En este expediente, el juez Claudio Bonadio está esperando que los peritos de la Corte la entreguen la semana próxima un informe para determinar si hubo pagos, a través de la empresa estatal Enarsa, por encima del promedio internacional de esa combustible. Más adelante, probablemente en septiembre y tras indagar a 250 empresarios del transporte público de pasajeros, Bonadio mandará también a juicio oral esta causa por el desvío de 600 millones de pesos del fondo para subsidiar el gas oil. Los procesamientos en la etapa de instrucción no serán un carga pesada para De Vido pero a medida que las causas pasen a juicio oral, dentro de uno o dos años, y se acumulen, las posibilidades de que vayan preso serán cada vez mayores, tal como le ocurrió a otro de sus ex subordinados Ricardo Jaime. Es llamativo que cinco de los ex secretario de Estado que tuvo De Vido, como Jaime y Schiavi, están procesados lo que demuestra la acusación de varios jueces o fiscales de que se trató de una asociación ilícita y no de actos individuales. Paradójicamente, el mismo ex ministro fue el que querelló por calumnias a injurias a Carrió, -quien lo empezó a denunciar en soledad en el 2004-, y pidió que si era condenada fuera a prisión. La diputada de Cambiemos le contestó en el 2004 que “ya tengo listo el camisón para ir a la cárcel”, le ganó el juicio y ahora parece que el camisón se lo tendrá que poner el ex ministro.
