La fortuna podría haber arrimado una buena noticia en el castigado campamento de las decenas de ex funcionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita para cobrar coimas millonarias ven el trámite de distintos contratos millonarios de obras públicas entre 2003 y 2015: la sala de la II de la Cámara de Casación, integrada por los doctores Angela Ledesma, Alejandro Slokar y el recientemente incorporado Guillermo Yacobucci salió sorteada para intervenir en la apelación de Roberto Baratta a la negativa de ser excarcelado, firmada por el juez Bonadio y ratificada la sala II de la Cámara Federal porteña. A partir de ahora, todos los recursos correspondientes a la causa de los cuadernos serán estudiados por estos jueces, dos de los cuales tienen antecedentes de haber actuado en sintonía con los intereses del kircherismo. Discípulo dilecto del ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y cercano al equipo legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirige Horacio Verbitsky, Slokar es un jurista brillante y cuya honestidad nunca fue cuestionada en los ásperos pasillos de Comodoro Py. Referente de la agrupación judicial K Justicia Legítima, el camarista también fue secretario de Política Criminal del ministerio de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner. En Casación, varios de sus votos fueron clave para sostener los intereses de ex funcionarios del kirchnerismo investigados por la justicia, aunque siempre muy bien fundamentados. Slokar también es muy influyente sobre otra de las juezas de la sala II, Angela Ledesma, cuyo pliego para acceder a la Cámara fue decididamente impulsado por el kirchnerismo pese a que no había encabezado la terna correspondiente. Más allá de su idoneidad profesional, Ledesma también quedó bajo la lupa por algunas de sus intervenciones en distintas causas por corrupción con acusados kirchneristas. El tercer juez de la sala II, Guillermo Yacobucci, se acaba de incorporar a la Casación tras el proceso de designación llevado adelante por el Consejo de la Magistratura. Ex integrante de la Cámara de Casación penal, su pliego fue objetado por el CELS, tras "evaluar su accionar dentro del sistema de justicia respecto de la participación de los organismos de derechos humanos como querellantes en juicios que investigan delitos de lesa humanidad". El alerta por el futuro de la explosiva causa de los cuadernos aumentó pasado el mediodía, cuando se supo que el fiscal ante la Casación que se ocupará del caso es Javier De Luca, otro miembro destacado de Justicia Legítima muy cuestionado por sus reiterados intentos de evitar que se investigue la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del ataque a la AMIA.
