En su discurso de ayer, Mauricio Macri se refirió a la causa de “los cuadernos” como si él no tuviera nada que ver. Sin embargo, el Presidente y su familia quedaron al borde de la imputación en la enumeración de hechos que formuló el juez Claudio Bonadio en la nueva ronda de indagatorias. En un apartado específico, habla de empresas “que fueron beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública entre 2003 y 2015” a cambio de pagar “entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios del Ministerio de Planificación. En el listado de las contratistas involucradas aparece Iecsa, que hasta 2007 manejó el Grupo Macri, y luego pasó a manos del primo presidencial Angelo Calcaterra. En un descargo que presentó ayer en su segunda citación a indagatoria en este expediente, Cristina Fernández de Kirchner señaló que “sin disimulo, se habla aquí de una extensión temporal del objeto procesal y no se convoca a prestar declaración indagatoria a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado de en los episodios que se dice estar investigando”. La imputación reformulada de Bonadio señala en un tramo pagos ilegales “por orden del Grupo Techint”, al que Macri dio respaldo público la semana pasada en Vaca Muerta, donde se mostró con Paolo Rocca, que aún no fue citado pese a admitir pagos irregulares. El juzgado, así, mantiene un estado de amenaza sobre los Macri y Rocca, pero por ahora no avanza, como sí ha hecho con otros sectores. La ex presidenta estaba citada a indagatoria, justo cuando terminaba de hablar el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Es la séptima vez que debe declarar como imputada en el juzgado de Bonadio, la segunda en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno. El juez volvió a citar a varios de los imputados después de escuchar a algunos arrepentidos que lo llevaron a añadir hechos y a ampliar el lapso investigado, que en un comienzo había situado entre 2008 y 2015. Hasta los medios afines al Gobierno señalaron que esas fechas dejaban afuera al período en que Franco Macri y su familia manejaron Iecsa (controlada por Socma, de la que Mauricio Macri fue vicepresidente), y algunas referencias a Techint. Además, era conocido que algunos de los “arrepentidos”, como Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, el ex secretario de Obras Públicas José López y Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, habían hecho alusión a hechos muy anteriores a 2008. Esta vez ni el juez ni el fiscal Carlos Stornelli estuvieron presentes cuando CFK se presentó. Fue un trámite burocrático, en el que se enteró de las acusaciones agregadas y dejó un escrito, pero no declaró. La presentación, que CFK compartió en redes sociales, llevaba esta introducción: “Ahora, con el dólar ya rozando los 40 pesos, me llama a indagatoria por séptima vez. Digo yo ¿y si prueban con gobernar? Recibieron un país desendeudado, administran la Nación, PBA y CABA, una parte importante de la oposición les votó todo lo que pidieron, cuentan con un Poder Judicial adicto, blindaje mediático, establishment entusiasta y, así y todo, en menos de tres años han llevado el país al abismo”. El texto presentado en el juzgado vuelve a cuestionar la “apropiación” por parte de Bonadio y Stornelli del expediente con “una escandalosa maniobra de fórum shopping”; el uso de la “ley del arrepentido” de modo que “quienes confiesan supuestos delitos que habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos”; la investigación simultánea en cuatro causas por el mismo delito de asociación ilícita. Llama la atención sobre el apoyo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a Bonadio. A éste lo denomina “juez enemigo o un no juez” y le atribuye una “persecución política” sin “una mínima prueba”. Denuncia que se violaron derechos en los allanamientos y que se informó sobre bóvedas inexistentes y documentos ilícitos que no eran tales. A Julio De Vido, ex ministro de Planificación, también le tocaba una nueva indagatoria. Fue por videoconferencia, desde el penal de Marcos Paz, pero no respondió preguntas. En un escrito dijo: “Estamos frente a una gran fantasía construida a partir de los recursos novelescos del señor Durán Barba y sus asesores. El Sr. Centeno aquí fue solo un mero instrumento, un puente entre el ideólogo y el objetivo”. Bonadio mantiene como idea central de su imputación la existencia de una organización dedicada a recaudar fondos ilegales para enriquecimiento y utilizarlos en la comisión de otros delitos, y que los jefes eran Néstor Kirchner y CFK, con De Vido y Roberto Baratta como organizadores. Pero a partir de que amplía el período investigado y lo remonta a 2003, aparecen algunos datos novedosos. En un apartado que llama “Otras percepciones de dinero”, menciona una decena de empresas (cuyos responsables en la mayoría de los casos están imputados) y entre ellas a Iecsa en el período de los Macri. Sobre esos contratistas afirma: “Participaron en las maniobras mediante las cuales las empresas fueron beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública aproximadamente entre 2003 y 2015. Los responsables de dichas empresas acordaban a cuál le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios; también allí cita al financista Ernesto Clarens, quien ayer a última hora firmó un nuevo acuerdo de arrepentido con Stornelli. En otro apartado habla de Techint, que ya tiene imputados a Luis Betnaza y Héctor Zabaletta, pero no a su CEO, Paolo Rocca. Sin embargo, la descripción de Bonadio dice: “Los pagos habrían sido realizados por orden del Grupo Techint”. Según estas descripciones, no es claro por qué aún no citó ni a los Macri ni a Rocca. Se advierte el terreno preparado y una amenaza latente.
