La magnitud de la respuesta los empujó a redoblar la apuesta. En medio de la investigación por los cuadernos de las coimas , el Gobierno elevó la recompensa para quienes aporten datos concretos que permitan encontrar dinero o bienes provenientes de hechos de corrupción. Recuperar el dinero: esa es la premisa que mueve la reacción del Gobierno. En la resolución que firmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se estableció que las personas que acerquen información fidedigna que conduzca a la recuperación de dinero, divisas o bienes serán acreedoras al 10 por ciento del valor recobrado. Así, quitó el techo de 2.000.000 de pesos que había establecido. Uno de los principales argumentos para avanzar en el cambio fue que la cantidad de llamadas recibidas en la Coordinación de Recepción y Gestión de Denuncias (línea 134), especialmente habilitada para las denuncias que permitan seguir el camino del dinero, fue un "éxito". Desde que se puso en marcha, ya recibieron más de 1300 comunicaciones con información que se está investigando. Bullrich tomó la decisión luego de hablar con el presidente Mauricio Macri , quien dio luz verde a la idea. El Presidente y la funcionaria quieren dar una clara señal, "efectiva y simbólica", de que el Gobierno tiene como objetivo recobrar el dinero. Hasta ayer, la recompensa establecía la entrega del 5% del monto recuperado, pero con un tope máximo de dos millones de pesos. "Esta es una decisión del Presidente, que quiere recuperar la plata de la gente para devolverla en obras y mejores servicios", dijo a LA NACION Bullrich. Hasta tanto lo recuperado se incorpore al Fondo Permanente de Recompensas, según está establecido en la ley 26.538, "se abonará al aportante de la información un máximo de $2.000.000, que se considerará como pago a cuenta del total de la recompensa que correspondiera a su aporte". En los próximos días, según adelantaron fuentes oficiales, el jefe del Estado firmará un decreto para darle mayor fuerza a la medida. El nuevo marco solo se aplicará a la causa de los cuadernos, es decir, la causa N° 9608 2018 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/asociación ilícita". Así se acordó con el fiscal de la causa Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio . Según destacó Bullrich en la resolución, se trata de una respuesta a una "demanda social" que exige "no solo contribuir al rápido y eficaz esclarecimiento de los hechos investigados, sino también promover los mecanismos tendientes a obtener la restitución del dinero presuntamente sustraído al Estado". En la Casa Rosada siguen con atención cada paso que da la Justicia. Es que el caso de los cuadernos de las coimas, según fuentes cercanas al Presidente, marcará un antes y un después en la historia argentina. Además, según deslizan colaboradores muy cercanos de Macri, el escándalo judicial le permite al Gobierno "descomprimir" la difícil situación económica. La cantidad de llamadas a la línea 134 superó todas las expectativas. En solo 12 días, del 16 al 28 de agosto, sumaron 1306 las comunicaciones que recibió el equipo de Bullrich relacionadas con hechos de corrupción. De esas, casi la mitad, 632, fueron derivadas al Programa Buscar que fue ideado para localizar dinero vinculado a las causas de la corrupción. Y otras 169, que no quisieron la recompensa, fueron enviadas al fiscal Carlos Stornelli. Pero, además, 80 fueron denuncias que se enviaron a la Subsecretaria de Articulación Judicial sobre otros hechos de corrupción. Y las 425 restantes, por falta de datos suficientes para su derivación o judicialización, quedaron reservadas en la coordinación. Según explicó Bullrich en una entrevista con LA NACION, "la línea de teléfono tiene dos caras: la de la condena penal para las personas que participaron de actos de corrupción, y después algo que para el Presidente es tan importante como que la plata vuelva a ser de la gente y que mañana no pueda disfrutarla quien la robó. La idea es que devuelva lo que le quitó a la sociedad e incluso más: que pueda devolver más, el dinero en multas". Macri y Bullrich hablaron mucho de esto en las últimas semanas. "Muchos fueron los países que llevaron adelante procesos de recuperación de dinero", explicó la ministra. Y agregó: "Tenemos que estar a la altura de eso. En el caso del Lava Jato, se cobraron multas a las empresas; en otros casos, obligaron a devolver una parte importante en bienes. Incluso, en la Argentina ha habido casos como el de Antonini Wilson. Los US$800.000 hoy se están usando para una escuela". La exdiputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez presentaron ayer en la causa de los cuadernos un escrito con datos sobre Invernes, la financiera que estuvo ligada a Ernesto Clarens. La misteriosa firma fue creada en 1988, pero permaneció inactiva hasta 2001. Luego de estar en manos de Clarens, en la firma figuraron como socios Guido Blondeau y Carlos Adrián Calvo López, dos hombres vinculados al entramado societario de Lázaro Báez. Según el escrito, la firma luego pasó a ser controlada directamente por Martín Báez (hijo de Lázaro), quien figuró como accionista de Invernes entre los años 2009 y 2014. El objetivo es que la Justicia investigue si Invernes fue una herramienta para movilizar dinero de la corrupción.
