Este martes se espera que el empresario y estafador Mariano Martínez Rojas declare en la causa de los cuadernos del chofer. Se trata de un pedido que realizó a la Justicia. El detenido se presentará ante el fiscal federal Carlos Stornelli. La línea de lo que dirá puede encontrarse en el testimonio que brindó el viernes pasado ante el juzgado penal económico Nº 8, a cargo de Gustavo Meirovich, donde se lo investiga por su rol en la “mafia de los contenedores”. Martínez Rojas, que nunca se sabe cuándo dice la verdad y cuándo miente, fue procesado con prisión preventiva por la Justicia en el mencionado expediente en el que se investigan operaciones simuladas de importación y exportación para obtener y sacar millones de dólares estadounidenses durante la gestión anterior pero a su vez ingresó en el programa de protección de testigos porque se presentó como “arrepentido”. Durante la declaración indagatoria que prestó el viernes en esa causa involucró a exfuncionarios kirchneristas y a un gobernador peronista en maniobras ilegales pero también salpicó (hasta manchar) a la familia presidencial. Martínez Rojas aseguró que se transportaba dinero “negro” en empresas aéreas como MacAir, del grupo Macri. Para las fechas en que mencionó los vuelos la firma todavía estaba en manos de la familia presidencial. Durante su indagatoria, Martínez Rojas –que se dijo dueño de Tiempo Argentino y Radio América pero nunca pudo acreditar en documentos la supuesta compra a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel- relató distintas maniobras relacionadas a la operatoria de la mafia de los contendores pero dedicó un apartado que podría hacer ruido en el PJ y en la Casa Rosada. Afirmó que tuvo en su poder bolsos con dinero cuyo destino “era Formosa, para (el gobernador) Gildo Insfran”. Según sus palabras ese dinero, que era negro y se utilizaría para la campaña política del 2015, se transportó en un Pasat blindado. “El Pasat se fue Aeroparque”, y quienes transportaban los billetes “se fueron por Baires Fly, Royal Class y MacAir rumbo a Formosa”, aseguró. “Viajaban en vuelos privados”, dijo Martínez Rojas, actualmente detenido. “Yo no era el único que operaba con ellos, recaudaban de otros lados también; los viajes de estas empresas no se requisan, por eso las usan, también viajan como avión sanitario, nunca se revisa nada, ni de ida ni de vuelta; ese vuelo aterrizó en Formosa”, añadió. MacAir fue propiedad de la familia Macri hasta el 2017 cuando, según trascendió, se vendió por 10 millones de dólares a Avianca. La firma aeronáutica formaba parte de Sociedades Macri (SOCMA). Baires Fly, por su parte, también está relacionada al primer mandatario. Por caso, fue una de las empresas aéreas que utilizó Mauricio Macri para realizar vuelos de cabotaje al comienzo de su presidencia. Continuó el empresario:“Yo a esos vuelos también los usaba, por Baires Fly, para traer plata de Corrientes”. El vaciador de medios, que fue extraditado desde los Estados Unidos y entre otras causas también está imputado por ingresar a Tiempo Argentino y provocar destrozos con una patota, sostuvo que creía que el dinero que se llevó a Formosa estaba “destinado a la campaña política”. Y que “la plata venía de la obra pública” de aquella provincia. Mencionó en su testimonio al ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y al exministro Julio De Vido, entre otros funcionarios. Ante estas palabras, cuya veracidad se debiera analizar, ¿qué hará la Justicia? La decisión que tomó el juez federal Claudio Bonadio de circunscribir la investigación al período 2008-2015, desalentó cualquier expectativa de que el “cuadernogate” sirva para poner en caja a la corrupción. Por el contrario, pareciera quedar claro que el caso se está utilizando para desgastar la imagen de la expresidenta Cristina Kirchner, que es la dirigente opositora con mejor intención de voto según revelan las encuestas, en lugar de profundizar en una pesquisa seria. Con la línea temporal que definió el magistrado, excluyó los delitos que denunciaron, por ejemplo, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, y el ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, quienes comprometieron no solo a dirigentes kirchneristas y a importantes empresarios sino también a firmas que por aquellos años estaban vinculadas a Franco y Mauricio Macri. Por ejemplo, la constructora IECSA - mencionada por Wagner en la cartelización de la obra pública desde 2004- fue vendida al primo Ángelo Calcaterra en 2007. La decisión de Bonadio pareció quirúrgica.
