Después que el ejecutivo de la firma Hidrovía, Gabriel Romero, se convirtió en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, su testimonio abrió una nueva instancia contra Cristina Kirchner. El fiscal Gerardo Pollicita pedirá su indagatoria acusándola de cohecho y negociaciones incompatibles, después de que el empresario confesó que pagó sobornos por el decreto 113/2010, firmado en 2010 por la ex Presidenta. Con esa norma, logró la concesión para esa empresa hasta el 2021. El pago fue de 600.000 dólares. Por esta confesión una nueva imputación recaerá sobre la senadora. El decreto, que fue pedido por el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, determinó el negocio del drenaje y el cobro de peajes a todos los buques que entran por el canal Mitre a Rosario y luego siguen hasta Asunción. Es un contrato multimillonario. Gabriel Romero se convirtió en el empresario "arrepentido" número once en este expediente del megaescándalo de las coimas que firmas de la construcción y del sector energético pagaron al gobierno kirchnerista. No usó ningún eufemismo. Habló de "pagos de coimas" para ampliar la concesión de Hidrovía. El millonario negocio que representó Hidrovía es investigado en la justicia federal hace más de una década. Se inició en 1995 con la denuncia de una maniobra que incluía la ampliación de la concesión apenas comenzada la obra; la dolarización de la tarifa con un decreto que contradecía la ley de pesificación post crisis de 2001, y la falta de constitución del ente regulador del servicio. En un trámite veloz, el juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a todos los empresarios y funcionarios denunciados, pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló la medida basándose justamente en la premura de la decisión. La sala II de la Cámara Federal ordenó en 2005 la reapertura y pocos meses después Canicoba citó a funcionarios menemistas. Sin embargo, en el avance del trámite, el caso volvió a Cámara donde se dictó la falta de mérito para los involucrados. Pero los imputados de Hidrovía decidieron ir a la Cámara de Casación, para conseguir el sobreseimiento. La causa se encuentra en el juzgado de la jueza María Servini, junto con Pollicita que le seguían la pisada a Romero por la extensión del contrato justamente. Ante la confesión del empresario, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el fiscal de la causa pedirá la indagatoria de Cristina Kirchner "por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho". Previo a ello, ya se pidió la confesión completa del dueño del Grupo Emepa para sumarla al otro expediente. Así, el empresario complicó en paralelo en dos causas a la senadora de Unidad Ciudadana que por los cuadernos de la corrupción está imputada como jefa de la asociación ilícita. Romero confesó que, como el empresario Aldo Roggio, pagó coimas a Ricardo Jaime por más del 10 %. La cifra para la Justicia "es mucho menor a los cálculos de los montos confesados", indicaron a Clarín fuentes judiciales. No se descarta en una segunda instancia que Pollicita pida que el ex secretario de Transporte sea llamado también a indagatoria. Uno de los puntos centrales que analiza Pollicita es que, en medio de las denuncias que fue acumulando Hidrovía, y ante un complejo proceso de renegociación, Cristina Kirchner firmó el decreto 113/2010 y, sin mediar licitación, como corresponde en estos casos, le otorgó a la empresa un tramo muchísimo mayor -1100 km- para ampliar los canales hasta llegar a Asunción. Además, le prorrogó la concesión ocho años más, hasta el 2021. Cristina Kirchner había dicho que fue a cambio de que la empresa renunciara a juicios contra el Estado. Desde los 90, ninguna empresa pudo competir con Hidrovía. Así, con su firma, Cristina le dio a Hidrovía un subsidio total de US$ 112.500.000 en tres años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado del canal (que va desde Santa Fe a Confluencia). Además del peaje que les cobra a los buques de ultramar por transitar por el canal. El denunciante dice que Hidrovía lo aumentó en un “81 % en dólares”. Los números son inmensos: en 2009, por ejemplo, se exportaron 18 mil millones de dólares de cereales desde esa vía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Según, el denunciante Hidrovía tuvo entre el 2007 y el 2009 “una ganancia anual de 120 millones de dólares”. Además, se pidió a la justicia que investigue por qué la empresa “cuadriplicó sus gastos en honorarios” en sus balances porque sospechaba que encubrían sobornos. Por ejemplo, en el 2007 dijo que gastó 60 millones en ese rubro. Desde 2001, por decisión del ex presidente Eduardo Duhalde se continuó cobrando el peaje en dólares, pese a que había pesificado toda la economía tras las salida de la convertibilidad. Desde ese momento la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, hizo varias denuncias sobre todo porque sospecha que un sector del radicalismo le daba respaldo político a Romero. Antes que Carrió, en el 2010, el abogado Francisco Pizarro Posse hizo una denuncia penal contra el consorcio Hidrovía. La firma está en manos de Romero y la compañía belga Jan de Nul. Romero tenía muy buenos vínculos con el Gobierno K. En el 2009, participó de una cena de empresarios con Cristina en Olivos. De Nul estuvo investigado por la Justicia en Bélgica por corromper a un funcionario.
