La coartada judicial de Cristina Kirchner busca fundamentalmente retrasar la causa por los cuadernos de las coimas y hacer ruido político con su interpretación de una frase que le atribuye al fiscal Stornelli en el sentido de que “no habrá sortijas para todos” en la calesita de los arrepentidos. En sus tres presentaciones, la ex presidenta no logró quitarle verosimilitud a las confesiones del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y otros 8 empresarios, y menos a la de su ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien admitió haber visto circular bolsos con dinero. Abal Medina era el segundo funcionario con más poder después de Cristina en el 2013. Con sus pedidos, la senadora parece más que quiere meter a todos “en la calesita” de las coimas que rechazar con una defensa técnica las acusaciones que se formulan, dicen fuentes de Comodoro Py. Como siempre no quiso responder preguntas y presentó un escrito. La investidura de ex presidenta, desde el punto de vista ético, la obligada a contestar Podrá ganar un par de semanas pero con esta misma estrategia ya fracasó tres veces en otras causas con sus intentos de apartar a Bonadio, quien llamó "pistolero, mafioso y extorsionador". Bonadio fue el primer juez federal en llamar a indagatoria a Cristina, a principios del 2016 cuando la ex presidenta juntó una multitud frente a los tribunales de Comodoro Py, en la causa dólar futuro. Luego hizo lo mismo con Los Sauces y el encubrimiento de Irán en la investigación del atentado contra la AMIA. En todos los casos, Bonadio fue ratificado en las causas por la cámara federal porteña, e incluso en algunas por la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema. En una recusación hay que demostrar una enemistad manifiesta con pruebas y no solo con denuncias políticas. Su jugada, esta vez, incluye pedir la nulidad de la causa con el argumento de que se trata de “fotocopias” de los 8 cuadernos y no los originales y que todo es “una persecución política” del gobierno de Macri. A 13 días de iniciada esta etapa de la causa insistir con el hecho de que la causa se inició con las fotocopias de los cuadernos parece pueril frente a las confesiones de los empresarios, testimonios y pruebas de GPS que muestran que el celular de Oscar Centeno estuvo en los lugares mencionados y en los días contados en sus escritos. En sus escrito, Cristina recurrió a la ironía cuando, por ejemplo, dijo que “pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”. Y luego desarrolla toda una teoría conspirativa que incluye al gobierno, la AFI, el periodista de la Nación Diego Cabot como partícipes de la supuesta maniobra. Por eso pide ver el contenido de las cámaras de seguridad de la Casa Rosada, la residencia de Olivos y la AFI de las semanas previas a la presentación de Centeno ante Stornelli para buscar supuestos encuentros secretos de los señalados. Luego, señala que que “el nuevo proceso quedó radicado ante este Juzgado (de Bonadio) sin que se llevara a cabo el sorteo previsto en el reglamento de asignación de causas, dando lugar a un inequívoco caso de fórum shopping”. Y piden que declaren los imputados que permanecen detenidos y no se han incorporado al programa de protección de arrepentidos como, por ejemplo, el empresario K y dueño de Electroingeniería Gerardo Ferreyra. Una y otra vez habla de “forum shopping” (un método para elegir juez) porque Bonadio abrió la causa como conexa a la de la compra irregular de buques con gas natural líquido (GNL) donde se presentó a declarar espontáneamente, el año pasado, la ex mujer de Centeno, Hilda Horovitz. Y lo mismo dice el fiscal, aunque la ley permite a los fiscales iniciar investigaciones preliminares cuando, como en este caso, sin secreto de sumario mucha de la prueba pedida habría sido destruida antes trascendía lo que se estaba investigando. Como motivo de recusación exhibe el viejo truco de señalar que hizo un pedido de juicio político contra Bonadio en abril del año 2016 ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. De aceptarse este criterio, bastará en el futuro que un imputado solicite antes un juicio político contra su juez natural para apartarlo. Luego, destaca “la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente de la Nación, quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita” y pide investigar la reunión entre Macri y Calcaterra previa a su presentación del lunes pasado, como si fuera un delito. El primer problema de la coartada de Cristina, quien parafrasea un comentario que atribuye a Stornelli para los empresarios en el sentido de que “no habrá sortijas de la calesita” para todos los que se quieran arrepentir, es que sus tres presentaciones serán resueltas en primer término por la sala I de la Cámara Federal. El camarista Mariano Llorens se excusó de intervenir en esta causa porque su primo Rafael Llorens, ex asesor legal de Planificación, es uno de los acusados. Entonces, el presidente de esa sala Leopoldo Bruglia llamó al miembro de la sala II, Martín Irurzun, para decidir las apelaciones a las detenciones desde pasado mañana. Todo si a CFK u otros de los acusados no se le ocurre recusar también a Irurzun. Es decir les tocó a Irurzun y Bruglia, dos de los jueces más duros de este tribunal de alzada del cual hace más de dos meses destituyeron al polémico Eduardo Freiler y sus colegas Pati Ballestero y Eduardo Farah. Un capítulo a parte es la recusación de Stornelli. Primero deberá decidirla Bonadio, pero como está recusado, deberá darle lugar a otro magistrado, y luego si insiste CFK tendrá la última palabra Bruglia, como tribunal unipersonal. En definitiva, Cristina ganó tiempo en una causa en la que jurídicamente está acorralada.
