De acuerdo a los sumarios internos incorporados a la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno sabía desde el 16 de agosto que la Gendarmería había avanzado contra el grupo mapuche que había cortado la ruta nacional 40. A pesar de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó en todo momento desligar la fuerza de seguridad de una acción represiva, en su propia cartera ya habían documentado que los uniformados habían tomado contacto directo con los manifestantes. Se trata de los testimonios de 11 gendarmes recogidos por el director del área de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, el 16 de agosto e incorporados recién este domingo al expediente a instancias de Gerardo Milman. Barberis fue el responsable del primer sumario interno recopilado entre el 8 y el 10 de agosto entre 35 gendarmes que respondieron de puño y letra un cuestionario por escrito. Ya en esos textos uno de los uniformados, Neri Armando Robledo, había sugerido que el grupo de la fuerza había ingresado al territorio como respuesta a una agresión mapuche pero no dejó constancia de haberle arrojado una piedra a un manifestante, como trascendió el domingo. La novedad se produjo una semana después, el 16, cuando Barberis interrogó en persona a 11 gendarmes. Allí surgieron coincidencias sobre que la fuerza avanzó hasta una tranquera en la que se encontraban los manifestantes con el propósito de reprimir el corte, y hubo intercambio de insultos y piedrazos. Los mapuches se replegaron, ingresaron al territorio y buscaron cruzar el río cercano, perseguidos por los uniformados, según la versión. En este punto las declaraciones varían: algunos gendarmes dijeron haber visto del otro lado del río (habían logrado cruzar) a dos manifestantes con gestos desafiantes e insultos. Otros admitieron haber visto a uno mientras intentaba cruzar a nado. Esto concuerda con el testigo judicial que ubicó a Maldonado en esa situación, relegado del grupo. Y uno de los gendarmes le dijo a Barberis que quiso entrar al río para capturar al que intentaba el cruce a nado y que su superior le ordenó no hacerlo. El juez Guido Otranto ordenó un rastrillaje del río el recién viernes pasado. El Gobierno avanza en la segunda fase de su plan de contención de daños, luego de oficializarse los peritajes de cotejo de ADN en vehículos de Gendarmería. De 82 muestras, el juzgado federal de Esquel informó que 80 fueron negativas en relación a presencia de material genético que coincida con los aportados por los familiares del joven. Tras los resultados, Bullrich se apuró una vez más para desligar la acusación que persiste sobre Gendarmería. "Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada y nos abre ventanas a otras hipótesis que siempre hemos planteado", señaló a la salida del encuentro entre Mauricio Macri y su par israelí, Benjamín Netanyahu, en Casa Rosada. Sin embargo reveló el máximo desvelo oficial sobre girar la carátula del expediente por "desaparición forzada", planteado por la fiscal Silvina Ávila. El informe precisó que "se descartó compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos de 23 muestras encontradas en los vehículos de la Gendarmería". Las dos muestras que quedan pendientes -hubo 14 que no alcanzaron el umbral para realizar el estudio- son en un camión Mercedes Benz Unimog y la otra en un buzo negro que pertenecería al joven. Pese a esto, el juzgado de Otranto recpecionará toda la semana más declaraciones de gendarmes que van a contramano de la primera versión esgrimida por la cartera de Seguridad, sobre la ausencia de "contacto" entre los manifestantes y los oficiales a cargos del operativo de despeje del corte de ruta. Hoy, se revelarán los resultados del entrecruzamiento telefónico entre los celulares de los gendarmes, lo que no dará una idea de su ubicación geográfica, sino del circuito de llamados que se hizo en el mismo período en el que desapareció el joven. El perito Ariel Garbarz, que intenta ingresar al expediente a través de la querella del gobierno de Chubut aseguró que es posible establecer la ubicación concreta -a partir de las celdas y las antenas activadas- de los gendarmes y de los teléfonos de Maldonado. Esto daría la idea de la proximidad de supuestos captores o, al menos, de testigos directos. Todavía no se avanzó en esa hipótesis. Otra de las vertientes que asoma en la causa está referida al llamado que el amigo del artesano, Ariel Garzi realizó el 2 agosto al celular chileno de Maldonado y que fue atendido a las 15.23 por alguien durante 22 segundos. Tras ello, el celular se apagó a las 15:24, llamada captada por una antena de El Bolsón, por lo que se abre la hipótesis de un retorno simulado hacia allí por parte de quienes pudieron haberlo capturado. El gobierno descartó ayer avanzar en la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise la investigación, luego de una reunión entre Germán Garavano y el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
