La situación política y social de Santa Cruz está lejos de solucionarse. A pesar de la ayuda del estado nacional, la provincia tiene conflictos sindicales abiertos con diferentes agrupaciones gremiales estatales. Por eso, desde hace semanas, La CTA y la Mesa de Unidad Sindical juntaron firmas para convocar a un juicio político en contra de la gobernadora Alicia Kirchner: se recolectaron 5 mil adherentes. De acuerdo a OPI Santa Cruz, el documento tiene 5120 firmas, con su correspondiente nombre y DNI de cada peticionante. El listado fue presentado ante los legisladores del Congreso provincial, quienes conformarán una sala acusadora para determinar si suspenden a la gobernadora hasta que se determine si es culpable o no de los delitos de los que se la acusa. Son 90 páginas de un escrito que fundamentó el pedido en al menos ocho incumplimientos por parte de la mandataria provincial, entre los que destaca la "incapacidad" para garantizar la educación pública, la falta de salud, la seguridad social y el pago de los salarios de la administración pública en tiempo y forma. También, por mantener la intervención, de la Caja de Servicios Sociales, la principal obra social de la provincia, "cuando se prometió una comisión auditora" para la normalización del organismo con la participación de los trabajadores. El pedido de juicio político a la gobernadora por parte de los gremios de la MUS y de la CTA Autónoma, destaca, entre otros puntos, la "violación de los artículos correspondientes de la constitución provincial por cuanto se vulnera el sistema republicano de gobierno, la independencia y la autarquía del poder judicial", como así también, "al incumplimiento de la ley de ética pública". Judiciales, docentes, empleados de la salud, estatales provinciales y jubilados que continúan reclamando el pago en tiempo y forma de los salarios y jubilaciones, se manifestaron antes de hacer la presentación por mesa de entrada de la Legislatura.
Juntaron más de 5 mil firmas para pedir el juicio político de Alicia Kirchner
El listado fue presentado por organizaciones gremiales ante los legisladores del Congreso provincial.