Ante la perspectiva de un número consolidado de senadores que votarán en contra de la legalización del aborto, el Gobierno evalúa impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. De ese modo no habrá que esperar al próximo tratamiento con fecha incierta para avanzar en ese paso que en la Casa Rosada consideran menos controvertido, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer. En la Casa Rosada corrieron los análisis sobre el impacto político de un rechazo al proyecto de legalización, como indicaban los votos anunciados por los senadores, luego de que Mauricio Macri habilitara el debate y tomara mayor impulso con la media sanción en Diputados. Las especulaciones iban desde el efecto neutro hasta cierto impacto negativo o la pérdida de capitalizar una ley histórica. “No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia”, insistió esta mañana el Presidente con tomar distancia de la decisión del Congreso, luego de haber arrancado “en defensa de la vida” y más adelante expresar una opinión diferente en privado: “El tema central es el derecho de las mujeres a decidir”. El Presidente encadenó reuniones en Olivos y no siguió esta tarde el debate, según contaron sus colaboradores. La alternativa de avance acotado en el Código Penal será analizada en las próximas horas. “Estamos esperando el resultado de la sesión, pero ya sabemos que por un tiempo puede ser la única chance que queda”, dijo a Clarín uno de los funcionarios a favor de la legalización y con la mirada en que la despenalización de la mujer reúne consenso, aun de los sectores que resistieron el proyecto, que de caerse no podrá tratarse hasta el próximo período parlamentario y a su vez será difícil que suceda en un año electoral. Para la reforma del Código, la comisión de expertos aconsejó en los casos de aborto reemplazar en el caso de las mujeres la prisión por otro tipo de penas y el Gobierno a través del ministerio de Justicia conducido por Germán Garavano buscaría que directamente quede sin sanción en la redacción. De ese modo el aborto seguirá configurado como un delito, aunque no habría pena para la mujer (se mantendrá para médicos, cirujanos, farmacéuticos, como en el actual Código). Eliminar el aborto del texto, la “opción de máxima” como calificó un integrante del Gabinete, quedó descartada: “Sería volver a generar una discusión muy fuerte. El consenso que vislumbramos en la sociedad e incluso en la Iglesia, aunque no lo expresen abiertamente, es que la mujer no sea penalizada. Es algo que todas las partes tolerarían”. El texto estará listo dentro de dos semanas para que Macri lo envíe al Congreso. En esa reforma a su vez el Ejecutivo propondrá convertir en ley los pronunciamientos de la Corte Suprema en el fallo “F. A. L”, de 2012 y garantizar un protocolo de asistencia médica para los abortos producto de una violación o por riesgo de vida de la mujer. Un sector de los impulsores de la legalización exploraron llevar al recinto del Senado una iniciativa en esa línea, ante la perspectiva desfavorable en la previa.
