RIO GALLEGOS. - Con la firma de más de 5000 mil santacruceños se presentó hoy el pedido de juicio político contra la gobernadora Alicia Kirchner ante la Legislatura, iniciativa encabezada por los gremios nucleados en la CTA y la Mesa de Unidad Sindical. El pedido de juicio político consta de 90 páginas de fundamentos y se remiten al capítulo III de la Constitución provincial para promoverlo apelando a "la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo", por lo cual solicitan la destitución del cargo que ejerce la hermana de Néstor Kirchner desde el 10 de diciembre de 2015. "Estamos responsabilizando a la gobernadora por todo lo que estamos manifestando y si son responsables se van a tener que hacer cargo de eso", explicó a la prensa Francisco Gómez, secretario general de los Judiciales. Y agregó: "Me parece fundamental que en Santa Cruz hoy nada esta garantizado porque este gobierno no ha podido hacerlo en el año y medio de gestión y además no hay viso en lo inmediato que esas cuestiones se solucionen". Desde que empezó la junta de firmas, siempre rondó la pregunta si el kirchnerismo, mayoría en la legislatura, iba a permitir que el juicio contra la gobernadora avanzara: "Si fuera por si va a caminar o no en la Cámara, nos tendríamos que quedar en la casa, no deberíamos hacer nada y estamos lejos de eso. Sólo queremos que las instituciones funcionen como debe ser y hagan lo que tienen que hacer", afirmó, tras presentar junto a otros dirigentes gremiales las once carpetas que reúnen las 5124 firmas de ciudadanos santacruceños. En la argumentación del juicio se detallan ocho causales principales de juicio político, que recorren muchos de los hechos que tuvieron a la provincia en vilo en este año: los temas van desde la "incapacidad de la gobernadora Alicia Kirchner de asegurar la educación pública y gratuita", en una provincia donde se han perdido 104 días de clases, a las fuertes dificultades que atraviesa el sistema de salud público de la provincia. Ambas cuestiones alcanzan a la gran mayoría de la población. Los firmantes también cuestionan la continuidad de la intervención de la obra social provincial, intervenida desde 1991, los atrasos permanentes en el pago de los haberes jubilatorios y el incumplimiento del pago de los salarios de la administración pública provincial, en tanto que plantearon la vulnerabilidad del sistema republicano de gobierno al acusar al poder ejecutivo de violar la autarquía del poder judicial. En los dos últimos puntos del pedido de juicio político se menciona el incumplimiento de leyes y normativa provinciales y nacionales y el incumplimiento de la ley de ética pública, donde cuestionan el nombramiento en cargos del gobierno de funcionarios investigados y en algunos casos procesados en causas judiciales: Angelina Abonna, Romina Mercado, Victor Manzanares, Rocío García, María Cecilia Velázquez entre otros. En este ítem también cuestionan la aprobación de pliegos de funcionarios judiciales, como es el caso de Marcelo Bersanelli, concuñado de Máximo Kirchner, hoy juez de Primera Instancia que se encuentra denunciado por hechos vinculados a su cargo como Subsecretario de Gestión Administrativa en el Ministerio de Salud. No es la primer pedido de juicio político a un gobernador desde el regreso de la democracia, pero sí el primero impulsado a partir de la junta de firmas, si es que este llega a concretarse. El jueves próximo tomará estado parlamentario y a partir de allí, será la Sala Acusadora la que debe entender en el tema. En 1990 Santa Cruz vivió una crisis económica que tuvo su correlato institucional en la destitución del gobernador Ricardo Del Val, quien fue destituido por un hecho de corrupción: haber utilizado maquinaria de Vialidad Provincial, para realizar trabajos particulares en una estancia de su propiedad. Pero el peor pecado de Del Val fue no pagar salarios en tiempo y forma y haber prometido aumentos que después no pagó. La entonces diputada provincial, Cristina Kirchner , fue una de las argumentadoras a favor de la destitución.
