Un jurado absolvió ayer a Carlos Rossi, el juez entrerriano que liberó a Sebastián Wagner, femicida de Micaela García. El magistrado enfrentó un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño y falta de idoneidad, pero este lunes fue absuelto y ya puede retomar sus funciones. El fallo cosechó fuertes críticas. En abril del año pasado, Rossi le otorgó la libertad condicional a Wagner, quien poco después violó y mató a la joven. Aquel fallo suscitó gran polémica entre quienes consideran que el magistrado cumplió con la ley y quienes lo responsabilizan por el crimen de la joven. Las acusaciones en su contra se acumulaban. La Justicia recibió siete pedidos para destituir a Rossi por haberle otorgado la libertad condicional a Wagner –quien cumplía una condena por violación– y nueve meses después de eso raptó, violó y asesinó a Micaela. A pesar de haber recibido tres informes que lo desaconsejaban, Rossi decidió que Wagner estaba "posicionado favorablemente" para quedar en libertad. "Quiero que entiendan que los jueces de ejecución de penas no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a acontecer tras una decisión que tomamos. Si la tuviéramos, no la tomaríamos", fue su justificación en una de las audiencias. Rossi había sido separado de sus funciones a principios de diciembre de 2017. El jury que enfrentó estuvo integrado por Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, todos vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Jorge Campos y Roberto Beherán, ambos representantes del Colegio de Abogados de la provincia, el senador Daniel Olano y la diputada Ester González. Los jueces Carubia, Carlomagno y Giorgio, y el abogado Beherán fueron quienes votaron a favor de la absolución. Un perfil de quienes votaron la absolución de Rossi Germán Carlomagno integra el TSJ de Entre Ríos desde 1993 (fue vicepresidente entre 2004 y 2011), y actualmente es integrante de la Sala N° 3 de Trabajo. Además, es vicepresidente de la Región Litoral de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus). En 2009, Carlomagno impulsó desde el Superior Tribunal la destitución del entonces titular (de forma interina desde 2005) del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Entre Ríos Roberto Parajón, quien fue removido luego de que tras una discusión le pidiera la renuncia a la entonces secretaria del juzgado, Norma Ceballos, esposa de Carlomagno. La remoción, que fue votada por una mayoría del STJ de Parajón, fue criticada por Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, que en su momento expresó su "malestar" y "preocupación" ante la remoción del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 8. Tras la decisión del STJ, el presidente de la Asociación de Magistrados Jorge Torres aseguró: "Lo que pedimos es que quienes están en esa situación (en la categoría de juez suplente), en caso de ser removidos, cuenten con un procedimiento tal que les asegure la posibilidad de defenderse". Por su parte, Daniel Carubia es integrante del STJ de Entre Ríos desde 1988, cuando aumentaron de 7 a 9 los integrantes del tribunal. Fue presidente del STJ entre 2004 y 2009 (tres mandatos), y es el actual titular de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal. En 2015 votó en disidencia en un fallo de la Sala N° 1 que rechazó un pedido de prescripción elevado por la defensa del cura Justo José Ilarraz, quien en mayo de 2018 fue condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores. En 2015 y por mayoría, ante una apelación de la defensa de Ilarraz, el STJ consideró que los delitos del cura no habían prescripto. Pero en sus fundamentos, Carubia justificó su voto a favor del pederasta que luego sería condenado al destacar su "preocupación porque toda la ingeniosa arquitectura desarrollada para llevar a juicio esta causa no parece tener el objetivo de realizar el juicio justo al que tiene derecho todo imputado, sino el de precipitar la llegada a la instancia en que podrá dictarse la merecida condena del imputado, porque el concepto de culpabilidad y responsabilidad por estos hechos ya se ha instalado de tal manera desde los medios (alentados por la acusación) que parece promover una anticipada condena (social ineludiblemente) y judicial (presumiblemente)". Miguel Giorgio es integrante del STJ de Entre Ríos desde el año pasado y actualmente integra junto a Carubia la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal. En la misma línea que Carubia, Giorgio fue clave en un intento por frenar el proceso contra el cura Ilarraz: en agosto de 2016 el entonces integrante de la Sala 1° de la Cámara del Crimen, con el voto del juez Hugo Perotti, revirtió una sentencia de unos meses antes del juez Alejandro Grippo en la que rechazaba el pedido de proscripción elevado por la defensa de Ilarraz. De esa forma, Giorgio y Perotti (el tercer juez del tribunal, José María Chemez, estuvo ausente de la votación por enfermedad) frenaban el proceso contra el cura Ilarraz. Sin embargo, ese fallo fue apelado por la Procuración en noviembre de 2013 y el STJ anuló la decisión de Giorgio y Perotti, y la causa contra Ilarraz continuó hasta su condena en mayo de este año. Repercusiones tras la decisión del Jury Tras la decisión, Campos –ex senador provincial y ex fiscal de Estado de la provincia– alertó de que la resolución del jury "puso de manifiesto toda una serie de falencias muy importantes del sistema que giran alrededor de la pena negociada y del tratamiento post libertad". "No se pueden negociar homicidios, violaciones, secuestros o delitos de corrupción. No hay que esperar una nueva Micaela para ver qué hacer", enfatizó. En este sentido, Campos consideró que el fallo se puede leer como una respuesta de la corporación judicial. "La manera en que se distribuyeron los votos puede llevar a un análisis de esa naturaleza", advirtió en declaraciones a Radio de la Plaza. Para el abogado Gregorio Badeni, el juez Rossi debió haber sido removido o suspendido por el jurado de enjuiciamiento hasta tanto haya más elemento probatorios. En diálogo con Infobae, el constitucionalista recordó en este sentido que "este tipo de hechos generan malestar en la sociedad, algo que claramente perjudica la imagen del Poder Judicial". Por su parte, el abogado Eduardo Gerome fue más allá y habló de "un triunfo del abolicionismo penal" y apuntó contra la "corporación judicial", como ocurrió con el juez Axel López, quien también fue enjuiciado por liberar a un condenado por violación que al salir cometió un asesinato, y fue absuelto. En diálogo con este medio, el letrado se mostró en "total desacuerdo" con los jueces Carlomagno, Carubia y Giorgio. "Ellos dicen que absolvieron a Rossi porque a lo jueces no se los puede juzgar por sus sentencias; ¿por qué vamos a juzgar a los jueces si no es por su sentencias?; ¿por su conducta?; ¡no!". En este sentido, Gerome dijo que se debería analizar si los jueces pueden ser integrantes de un jury, porque –consideró– en esta oportunidad volvió a primar el corporativismo judicial en forma plena. "Todos los integrantes, que son miembros del Poder Judicial, votaron por mantener al juez en su cargo", se quejó. "Es lamentable lo que ha pasado. Por la decisión de estos jueces –Carlomagno, Carubia y Giorgio y del abogado Beherán–, el juez Rossi va a seguir liberando gente que va a matar; y va a seguir permitiendo que esa gente esté con el resto de la sociedad en lugar de estar detenida hasta que cumplan con la pena que se les dictó", concluyó. Lo que se conoció este lunes fue la parte resolutiva del fallo, que absolvió al juez Rossi de la acusación, dispuso su restitución en el cargo a partir de hoy mismo y ordenó que se le devuelva el 30% del salario que le fue retenido mientras duró su suspensión. Así, Rossi volverá a estar a cargo del seguimiento y de controlar el cumplimiento de las penas de los presos condenados por los tribunales Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Wagner había sido condenado en 2012 por abuso sexual a nueve años de prisión. Estuvo en la cárcel hasta que Rossi lo liberó en 2016. El 1 de abril del año siguiente, Wagner violó y asesinó a Micaela. Un tribunal de Gualeguay lo condenó a prisión perpetua por ese femicidio. Los padres de Micaela no estuvieron presentes ayer en la audiencia pero la calificaron de "un circo". Los fundamentos del fallo se conocerán públicamente el 29 de agosto. Seguí leyendo:
