Hay dirigentes y funcionarios que no la conocen. Algunos sí la escucharon nombrar, y no mucho más. Pero los que saben de ella reconocen la cercanía y la extrema confianza con Mauricio Macri. Annelise Robins, nacida en los Estados Unidos, de 51 años, trabaja para el Presidente desde hace más de dos décadas. Es, según el entorno presidencial, casi tan relevante como Ana Moschini, la histórica secretaria que Macri heredó de su padre Franco y que lo crió junto a sus hermanos. Robins cultiva el extremo bajo perfil, pero su rol es relevante: es una especie de apoderada del jefe de Estado que desde sus tiempos en la empresa familiar se ocupa de asuntos personales. Desde la logística en viajes en aquellos años hasta el manejo de ciertas finanzas. En SOCMA primero, luego en Boca Juniors y en la Ciudad, y ahora en la Presidencia. Un papel que la mujer también llevó al PRO, y en buena medida, a las campañas, ahora bajo una enorme lupa por el destape del caso de los aportes truchos de Cambiemos en la campaña del año pasado que puso en jaque al sistema de financiamiento de la política argentina. En los papeles, la mujer estuvo empleada hasta el 2014 por Creer y Crecer, la fundación creada en julio del 2001 por Macri, Francisco de Narváez, Doris Capuro y Gregorio Chodos, y que fue la génesis del macrismo. En paralelo, estuvo contratada durante casi diez años por el Instituto del Juego de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que durante la gestión porteña de Macri cobijó a varios de sus amigos, como Gastón Gitard, un asiduo visitante de Olivos y la quinta Los Abrojos. Robins también tuvo al PRO como empleador formal. Y este año tiene un contrato de locación de servicios en Lotería de la Ciudad. Íntima amiga de Damacia Pavlovsky, la hermana del vocero presidencial, Robins tuvo diversos roles a lo largo de los años. En la organización de los festejos del PRO, en las primeras elecciones, se encargada, por ejemplo, del reparto de las pulseras para los invitados, una tarea que acarreaba celos de varios de los dirigentes cercanos. La foto que acompaña la edición, junto al doble de Macri interpretado por el actor Martín Bossi, es del búnker de junio del 2009 en Costa Salguero. Con el tiempo, la mujer empezó a controlar las cuentas y, en paralelo, algunos de los aportes del partido. Hay quiénes recuerdan peleas memorables con Silvia Venenatto, otra de las históricas tesoreras del PRO. Con Jorge Macri, el intendente de Vicente López que colabora activamente en el financiamiento de las campañas macristas, tiene, por ejemplo, un vínculo pésimo. Casi de desprecio mutuo. En abril del año pasado, Robins apareció mencionada al pasar en el fallo de 176 páginas en el que el juez Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta Gabriela Michetti tras la investigación originada por el robo de efectivo de su casa la misma noche de los festejos en las elecciones del 2015. El juez desmenuzó los libros contables de las fundaciones que rodean al PRO. En el caso de Creer y Crecer -que ya no funciona-, Lijo hace referencia al poder otorgado a "Annelise Robins a los efectos de realizar todas las operaciones bancarias, firmar contratos, intervenir en la compra venta de automotores y representar ante entidades públicas, entre otros". Un poder similar al que mantiene con el Presidente. La mujer visitó en estos años muchas veces la quinta de Olivos. En la campaña del 2015, por caso, Robins tuvo bajo su cargo el control de la oficina del tercer piso de la sede partidaria de Balcarce y Belgrano, a 300 metros de Casa Rosada, famosa por su doble pared, luego perfeccionada con cajas de seguridad. En la campaña del año pasado, tuvo menos actividad. Por allí pasó durante las campañas el pago a los fiscales, a la impresión de boletas y a proveedores, que no figuran en ninguna rendición oficial de cuentas. La mujer también controla, por ejemplo, desde el pago de expensas hasta los aportes mensuales de los funcionarios y dirigentes del PRO al partido. Todo terreno. En las últimas semanas, el financiamiento del oficialismo quedó en el ojo de la tormenta por el caso de los aportes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos que jaqueó, por primera vez, a la gobernadora María Eugenia Vidal y a su entorno. Una denuncia que avanza en la Justicia y que podría tener efectos colaterales sobre las elecciones del 2015. Y que obligó al Gobierno a enviar apresurado el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Las sospechas son las mismas desde hace años: aportes empresarios prohibidos por la ley actual que deben blanquearse de alguna manera.
