La interrupción voluntaria del embarazo no será ley en el Senado. Ante el fuerte avance de los legisladores que reclaman cambios y para evitar un rechazo que haría fracasar la iniciativa, referentes del sector más activo a favor del aborto legal anticiparon que buscan consensuar un dictamen con modificaciones, lo que obligaría al texto a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados . Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del PJ, que admitieron que ya comenzaron a discutir los cambios con el vicepresidente del bloque, Carlos Caserio (PJ), quien impulsa, junto con los otros senadores cordobeses -Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado (Cambiemos)-, la denominada "opción Córdoba", que mantiene la legalización del aborto, pero modifica el texto aprobado por la Cámara baja. "Vamos a tener que aceptar tres o cuatro cambios. Lo veo como una necesidad imperiosa para salvar la ley, hay que aceptar la realidad", afirmó a LA NACION un senador del PJ. El legislador justicialista anticipó que en las próximas horas comunicará su decisión a los senadores, diputados y organizaciones que impulsan la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. La situación del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se complicó más ayer, luego de que el senador Eduardo Aguilar (PJ-Chaco) anunciara que impulsará un dictamen propio de legalización, pero con modificaciones. Sin la firma del chaqueño, que integra la Comisión de Salud en la Cámara alta, el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo pasaría a tener mayoría en las tres comisiones (también participan las de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales), que debaten la iniciativa. La pulseada por ser despacho de mayoría no es menor y se resolverá el próximo miércoles. Ese día, el dictamen que obtenga esa calificación será el primero en ser sometido a votación en el recinto en la sesión del 8 de agosto. Con esta movida, la legalización del aborto se abroquelaría detrás de una única alternativa y evitaría la dispersión de dictámenes que amenaza con dejarlos en minoría ante quienes se oponen al proyecto. El rechazo a la propuesta que se votó el mes pasado en Diputados es tan fuerte que ni siquiera la introducción de cambios garantiza que la legalización pueda superar el filtro del recinto del Senado. "Así y todo, con estos cambios, el escenario es de paridad; si ganáramos, ganaríamos por un voto", admitió el legislador que fue consultado por LA NACION. La denominada "opción Córdoba", de la que este diario dio cuenta hace más de dos semanas como la posible "salida de emergencia" para el aborto legal, mantiene la legalización, pero con varios cambios, que los sectores a favor del aborto legal rechazaron en el debate en Diputados. Uno de ellos sería bajar de 14 a 12 semanas el período en el que sería legal la interrupción voluntaria del embarazo. Tal como adelantó LA NACION, también se aceptarían la objeción de conciencia institucional y la eliminación de la penalización a los médicos que se nieguen a practicar un aborto. Las negociaciones para unificar una postura y sumar voluntades a favor de la legalización también llevarían a tomar en cuenta cambios solicitados por otros senadores. Así, se analiza la posibilidad de responder al reclamo del neuquino Guillermo Pereyra (MPN), senador de extracción sindical que pide que el Estado financie a las obras sociales el acceso a la droga que se usa en el aborto farmacológico, denominada misoprostol. El legislador chaqueño Aguilar también reclama disminuir el número de semanas para la legalización del aborto. "Bajando a 12 ya no da para argumentar algo tan fuerte como la eugenesia", argumentó el legislador. También reclama que la Nación y las provincias compartan los costos de la gratuidad de la práctica y la puesta en marcha de un programa de maternidad y niñez. "Hay mucho por cambiar en el proyecto, manteniendo despenalización y legalización, y no es la vía la reglamentación de la ley", agregó Aguilar. Un dictamen con modificaciones también permitiría arrimar a senadores que hoy se muestran reacios a votar la legalización y que se encuentran tironeados entre sus convicciones personales y el escenario político de sus provincias. Fuentes peronistas aseguraron que en esa situación se encuentran legisladores como Omar Perotti (Santa Fe) e Inés Blas (Catamarca). Si bien los cambios mantendrían con vida la legalización del aborto, la suerte que podría tener el proyecto en su regreso a Diputados es toda una incógnita. La discusión se da en medio de movilizaciones y fuertes pronunciamientos de sectores políticos y de organizaciones sociales, a favor y en contra de la iniciativa. Tal como publicó LA NACION el lunes último, no hay consenso unánime sobre los costos que demandaría al Estado la aprobación de la práctica del aborto. Mientras los que rechazan el proyecto advierten que el sistema de salud debería asumir un costo de $4000 millones, los que defienden la propuesta señalan, por el contrario, que la ley implicaría un ahorro de entre $3600 millones y $7300 millones, al tomar en cuenta lo que hoy se destina a atender las derivaciones de los abortos clandestinos.
