El decreto del presidente Mauricio Macri que involucra a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior tiene otra trinchera de resistencia en el Congreso. Diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y el Movimiento Evita presentaron un proyecto para derogar el decreto presidencial que consideran “inconstitucional” y que “rompe el consenso político y social” logrado en democracia sobre el propio “concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles”. El Frente Renovador, en tanto, presentó un proyecto de resolución para rechazar el decreto y reclamar que sea enviado en formato de proyecto de ley porque “el Presidente pasó por alto al Congreso”. No obstante, algunos de sus diputados se pronunciaron por la derogación junto al interbloque del Evita y Libres del Sur. Desde el Frente de Izquierda también reclamaron la derogación del decreto presidencial. “El Presidente de la Nación, a partir de un simple decreto reglamentario –que modifica otro– intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de defensa nacional, construido desde la recuperación democrática, expresado básicamente en las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional”, dice en sus fundamentos el proyecto de Agustín Rossi para derogar el decreto presidencial, que acompañan sus compañeros de bancada Cristina Alvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Nilda Garré, José Luis Gioja, Eduardo De Pedro, Horacio Pietragalla y Mónica Macha, además de Lucila De Ponti, del Evita. Allí, los legisladores señalan que con el Decreto 683/18 el Gobierno intenta legitimar la intervención militar en las llamadas “nuevas amenazas”, como el narcotráfico y el terrorismo, lo cual resulta “absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley”, que en el caso la Ley de Seguridad Interior (24.059) establece los excepcionales supuestos en los que las FF.AA. pueden intervenir. Por la derogación del decreto presidencial también se pronunciaron las diputadas Victoria Donda (LdS) y Araceli Ferreyra (Evita), junto al massista Daniel Arroyo. “El Decreto 683/2018 que dispone la participación de las FF.AA. en temas de seguridad interior no solo viola las leyes que regulan las materias de defensa nacional y seguridad interior; sino que además rompe en forma flagrante el amplio acuerdo democrático que desde la recuperación del Estado de Derecho rige sobre el papel que deben cumplir las FF.AA. en nuestro país”, dice el comunicado en que anuncian el acompañamiento al reclamo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ONG. “Rechazamos este enorme salto represivo que implica la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior: quieren tenerlas a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI”, sostuvo el diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS), en el anuncio de la presentación del proyecto propio que exige derogación del decreto y pide informes sobre “cuántos militares que provienen de la dictadura siguen en funciones”. “No sólo habilitan la intervención militar en materia de seguridad interior, sino que le asignan la custodia de ‘objetivos estratégicos’ políticos y económicos. Esto es, las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares, áreas mineras y petroleras. Tendremos a las FF.AA. custodiando por ejemplo Vaca Muerta, no para protegerla del saqueo de los grupos capitalistas, sino ¡contra quienes luchan contra la depredación ambiental, por el salario o por el derecho a tierras ancestrales!”, sumó la diputada Romina Del Plá (FIT-PO). Desde el Frente Renovador eligieron otra estrategia. “El Presidente de la Nación quiso usar un artilugio, como mínimo desprolijo, para pasar por alto a este Congreso y así modificar sustancialmente las funciones que les competen a las Fuerzas Armadas, otorgándoles así, a través del decreto 683/2018, misiones de seguridad interior. Esta medida, innecesaria a nuestro criterio, solo nos trae reminiscencias del pasado reciente más oscuro de nuestro país”, sostuvo Graciela Camaño. La jefa de los diputados massistas también envió una carta al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, acompañada por un proyecto de resolución para que “la propuesta del Ejecutivo sea remitida al Legislativo como proyecto de ley”. “La seguridad ampliada sirve para combatir los grandes delitos, como narcotráfico, terrorismo y trata de personas. Los ejércitos ya no son los mismos y las batallas no son las mismas que en el siglo XX, cuando se crearon y se pensaron las leyes de defensa nacional. No se combate contra otro país, se combate contra la sofisticación logística y armamentística que tienen los cárteles de la droga y el terrorismo internacional”, agregó Camaño, en sintonía con algunas posturas del oficialismo, para luego diferenciarse del kirchnerismo y de Cambiemos: “No queremos el ejército de Milani con carta blanca para hacer espionaje, pero tampoco queremos el ejército de Macri que queda indefinido”, se justificó. Otros diputados massistas tomaron caminos diferentes. Arroyo se sumó a la derogación del decreto presidencial, Felipe Solá se reunió con el ex jefe del Ejército, Martín Balza, para cuestionar la medida de Macri (ver página 7) y Cecilia Moreau le apuntó al radicalismo: “Una de las medidas más importantes del gobierno de Raúl Alfonsín fue la sanción de la Ley de Defensa Nacional, que separa a la misma de la seguridad interior. Es difícil ver que los radicales en el PRO silenciosamente aceptan modificar esto vía decreto, una vergüenza más”.
