En medio del escándalo por los aportantes truchos a las campañas del PRO, revelado por El Destape, el Gobierno envió un proyecto de ley para modificar la forma en que se financian los partidos políticos. Por un lado, buscan entorpecer los procesos judiciales vinculados a los delitos electorales. Por el otro, la idea del Gobierno es cambiar justamente los puntos que más usufructuaron para llenar sus arcas partidarias: los aportes en efectivo y el dinero proveniente de empresas. En definitiva, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal quieren cambiar las reglas del juego luego de violarlas. SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA El proyecto ingresó al Congreso el pasado viernes a las 23.50 y consta de 17 páginas, con las firmas de Macri, su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Su articulado, un conjunto de modificaciones que pretenderán vender como beneficiosas para la transparencia, tiene como verdadero objetivo tapar los desfalcos electorales como los que descubrió el periodista Juan Amorín. Forum Shopping El escándalo de los aportes truchos generó varias causas judiciales que preocupan a Macri y Vidal. Su respuesta pública es que la Justicia debe investigar. La respuesta real la da el proyecto que enviaron al Congreso y que pretende obstaculizar el proceso judicial y habilitar el Forum Shopping para garantizarse un tránsito cómodo por tribunales. Las ideas del Gobierno para manipular las causas sobre los aportantes truchos están en el capítulo 3, bajo el título “Procedimiento electoral sancionador”. En su cuenta de Twitter, la abogada Graciana Peñafort detalló punto por punto las intenciones de Macri y Vidal para desvirtuar las causas judiciales que los involucran. Peñafort advirtió que este proyecto incluye la posibilidad de hacer Forum Shopping, es decir, maniobras para digitar el devenir de una causa judicial y que le caiga a un fiscal o juez amigo. “Para que el PRO pueda hacer forum shopping entre las muchas denuncias, Macri propone en su proyecto una serie de novedosas nuevas reglas de competencia en cuanto delitos electorales” señaló Peñafort. “En pocas palabras, habiendo muchas denuncias presentadas, el PRO va a pasar varios meses o años discutiendo que juez debe investigarlas. La consecuencia practica de esta reforma es que mientras se discuta que juez debe investigar, ningún juez podrá hacerlo. … así el PRO evita tener que presentar algo que parezca una prueba o una explicación ante un juez que no sea amigo y también hacerlo en los próximos meses”, sintetizó. El proyecto tiene una línea directamente hecha a medida de la investigación de El Destape: “No se admitirán querellantes particulares”. Significa que las decenes de personas que este medio contactó a las cuales se les robó la identidad para lavar el dinero que Vidal recaudó para su campaña no podrán, de aprobarse esta ley, denunciarlo de forma individual. Peñafort advierte: “Y como sino fuese suficiente con parar las denuncias, les cuento algo escandaloso e inconstitucional. A las personas afectadas no solo les robaron la identidad, en muchos casos los afiliaron al Pro, sino que ademas Macri pretende que no puedan ser querellantes en las denuncias”. En otro apartado, el proyecto dice: “El juez no impulsará la investigación ni dictará auto de procesamiento, elevación a juicio ni ningún otro auto que implique pronunciarse de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado”. Peñafort explica que “Macri prevee que el juez nada pueda hacer. Lo dice expresamente. Las partes serán el fiscal y los acusados. Las partes, esto es los afectados - querellantes no están permitidos-, nadie apelará las decisiones del fiscal y el juez nada puede hacer” “Si el Juez Federal que conoció en la instrucción se hubiere pronunciado de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado, el imputado podrá solicitar que el juicio sea llevado adelante por otro Juez Federal de la misma jurisdicción”, afirma el proyecto. De nuevo, Peñafort plantea: “Supone que el juez dijo que Maria Eugenia debía ser desaforada, porque podría comprometer la investigación del caso. . . eso podría ser interpretado como pronunciarse sobre el merito. . . Entonces María Eugenia podría elegir otro juez. . . . asi de escandaloso y ridículo es el proyecto”. Maria Eugenia es Vidal. Y, con este proyecto, tendría muchas ventajas para salir ilesa de las denuncias en su contra. No aceptamos efectivo “En primer lugar, el Proyecto de Ley propone la bancarización de los aportes a los partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Esto ya existe. Lo que se eliminaría es la posibilidad de los aportes en efectivo, el modus operandi que utilizó el PRO para más del 90% de los aportes a la campaña 2017 en la provincia de Buenos Aires. En la justificación de esta propuesta aparece justamente lo que hicieron Vidal y su equipo. El proyecto afirma que “los informes presentados ante la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL revelan que la inmensa mayoría de los aportes privados a los partidos políticos se realizan en efectivo”. En el caso de 2017, como ya informó El Destape, esto no es correcto. Es el caso de Cambiemos, que presentó casi todos sus aportes en efectivo. Unidad Ciudadana, por el contrario, tuvo arriba del 90% de bancarización. Con cita a la Cámara Nacional Electoral, el proyecto que presentó el Gobierno señala que es importante que la ciudadanía conozca el origen y el destino de los fondos de los partidos. Y afirma: “Es evidente que los aportes en efectivo presentan un obstáculo tan importante como injustificable para el logro de este objetivo”. Lo que el proyecto califica de infjustificable es justamente lo que hizo Vidal. El proyecto plantea: “Los aportes en dinero deberán ser efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte”. Respecto a cómo se armó el proyecto, afirman: “Su contenido es el resultado del diagnóstico y las propuestas compartidas por los expertos en el tema respecto a los principales déficits del régimen actual, surgidos de la experiencia acumulada y del derecho comparado”. Una búsqueda inútil de maquillar que lo envían tras las revelaciones de El Destape sobre la manipulación sistemática de identidades para ocultar el verdadero origen de los fondos de campaña PRO. Aportes empresariales Macri quiere permitir que las empresas aporten a las campañas partidarias. La cuestión también involucra al PRO, que recibió aportes de gerentes o empleados jerárquicos de muchas empresas que luego fueron beneficiarias de contratos con el Estado, tal como consta en la auditoria de sus números de campaña en 2015. El fundamento de esta decisión es un “haz lo que digo y no lo que hago”. Este párrafo sobre la prohibición de que aporten las empresas que escribe el Gobierno describe su propia práctica: “Precisamente esta prohibición se encuentra entre las medidas introducidas en los últimos años que no han mostrado resultados positivos, en tanto no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad. En cambio, existe un amplio consenso respecto a que estos aportes ocurren de todos modos y que la principal consecuencia de esta restricción consistió en un aumento de la opacidad en el financiamiento. Frente a la restricción jurídica, tal como lo advierten los estudios sobre este tema, el dinero de las empresas ha seguido financiando campañas, pero lo ha hecho sin que ese dinero sea registrado, dejando el fmanciamiento político aún más lejos del escrutinio público”. Justamente todo lo que hizo el PRO en 2015, en las elecciones que llevaron a Macri a la presidencia. En criollo: como ellos hicieron trampa, ahora quieren legalizar la trampa. Actualmente las empresas no pueden aportar. Ricardo Nissen, uno de los mayores especialistas del país en derecho comercial, afirmó: “Se habla que van a legalizar los aportes, que las sociedades o personas jurídicas puedan efectuar a las campañas electorales, que son donaciones, pero ello esta prohibido porque son actos gratuitos especialmente prohibidos para las sociedades por el articulo 58 de la ley 19550 de sociedades comerciales. Con otras palabras, las grandes empresas no pueden hoy hacer este tipo de contribuciones”. “Todas las personas jurídicas se rigen por el principio de la especialidad, que es un principio general de derecho aue consiste en que la persona jurídica solo puede realizar actos que esten destinados a cumplir el objeto social. Y las donaciones a partidos políticos, están totalmente fuera de esa categoría”, agregó Nissen a El Destape. Limites El proyecto plantea que habrá controles sobre los aportes empresarios y que se limitará que no pueda haber un gran aportante que financie toda la campaña. El Gobierno también quiere reducir a la mitad los espacios gratuitos en los medios durante la campaña. La justificación: “se mostró excesivo, resultando muchas veces abrumador al punto de generar confusión y hartazgo en gran parte del electorado (…) , los espacios de publicidad electoral devinieron, para muchos ciudadanos, en motivo de hastío con el proceso electoral”. Por el otro lado, propone duplicar el tiempo en que se prohiben los actos de gobierno cerca de las elecciones, de 15 a 30 días. El proyecto propone modificaciones respecto a los responsables económico-financieros de las campañas. Plantea que “en todo lo referente a la campaña electoral, el responsable económico-financiero tendrá a su cargo las obligaciones descriptas en el artículo 19 de esta Ley, siendo solidariamente responsable con el tesorero de la agrupación política, por el cumplimiento de la normativa que le resulte aplicable”. Se olvidaron de que la responsabilidad, según la ley electoral, también recae en el presidente del partido. En el caso del PRO bonaerense su presidenta, que es Vidal. “Con el objeto de propiciar la rigurosidad, profesionalidad y veracidad de los informes presentados por los partidos sobre sus aportes y gastos de campaña, se impone a las agrupaciones políticas que compiten en elecciones que designen en carácter de responsables económico-financieros a una autoridad partidaria y a un Contador Público matriculado, previendo para ambos como sanción la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y específicamente para el Contador Público la inhabilitación para el ejercicio de su profesión”, afirma el proyecto. En el caso del PRO, los responsables económico-financieros son Gabriel Maximiliano Sahonero, puntero del PRO en la Villa 20 que responde a Vidal, y Dario Duarte, que trabaja con Sahonero. Los fundamentos también hacen referencia a las “lagunas” que mencionó Vidal en su primera y tardía respuesta a este escándalo. “Es evidente que muchos de los instrumentos escogidos se han mostrado poco eficientes, incompletos, o sencillamente equivocados para el logro de los objetivos propuestos. De modo que, año tras año y elección tras elección, la sociedad argentina observa que el financiamiento de la actividad política continúa siendo un ámbito donde prevalece la opacidad y donde muchas situaciones continúan comprometiendo seriamente la equidad en la competencia. Esta situación atenta contra la integridad de los procesos electorales y, en definitiva, afecta la calidad de nuestra democracia”, dice el texto. Lo paradójico, de nuevo, es que los más opacos son los que ahora proponen echar luz sobre esto. Otra propuesta del Gobierno que dinamita sus propias prácticas es sobre la publicidad oficial que, tal como informó El Destape, tiene como principales beneficiarios al Grupo Claŕin y sus satélites, sostenes fundamentales de Macri y silenciadores seriales de sus tropelías. “Durante muchos años los argentinos nos acostumbramos a que el aparato del Estado se utilizara masiva y explícitamente para favorecer a las candidaturas del partido al que pertenecen las autoridades del gobierno en ejercicio -dice el proyecto-. Esto incluyó muy especialmente el uso de la publicidad oficial como un instrumento de propaganda, que se acentuaba en los períodos electorales, promoviendo a los líderes y candidatos del partido gobernante y denostando a los opositores”. El Gobierno también quiere ampliar el cuerpo de auditores de la Justicia Nacional Electoral, con la creación de 17 nuevos cargos, obvia maniobra para colocar personas que les respondan. “Por otra parte, se establecen severas sanciones para los funcionarios que utilicen los recursos y facultades a su cargo con fines partidarios”, plantea el proyecto. Sobran ejemplos de esta práctica. El periodista Alejandro Bercovich, por ejemplo, mostró como se multiplicaron los préstamos Argenta que otorga Anses en los meses previos a las elecciones.
