La investigación sobre el robo de identidades para lavar dinero y financiar la campaña electoral de Cambiemos abre nuevas derivaciones. Los últimos datos revelan que las maniobras del partido de la gobernadora María Eugenia Vidal contaron con apoyo de la maquinaria del Estado –y su acceso a datos personales de los ciudadanos– para avanzar, ya que hubo un patrón por el que los nombres de personas de clase media fueron utilizadas para justificar aportes que rondaban entre los 20 y los 40 mil pesos, mientras que los nombres de los beneficiarios de planes sociales fueron incluidos con cifras bajas, de entre 1500 y 3 mil pesos. Este desglose sólo pudo haberse hecho utilizando bases de datos como los que tienen en su poder la AFIP y la Anses. Así lo mostró anoche en El Destape el periodista Juan Amorín, autor de la investigación que desató el escándalo. El listado de aportantes fue cruzado con el de afiliados al PRO bonaerense. Como se sabe, la mayoría de los que figuran poniendo dinero fueron además afiliados al partido sin su consentimiento. En nueve de los diez casos chequeados anoche, los aportantes figuran además como afiliados. De 1200 aportantes truchos, hubo un 94 por ciento de coincidencias con el padrón del PRO, por lo que ahora se abre la sospecha sobre si estos afiliados lo han sido también sin su consentimiento. ¿Cómo fueron empadronadas estas personas? ¿De dónde se sacaron sus datos y cómo se falsificaron sus firmas? De confirmarse que no firmaron las fichas de afiliación, lo que se pone en juego es incluso la personería del PRO en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, entre los nuevos casos detectados, hay docentes de la provincia, integrantes del sindicato Suteba, que conduce Roberto Baradel. Y también hay candidatos del Frente Renovador, que figuran aportando 8 mil pesos para la lista adversaria. Este es el caso de Germán Maldonado, primer candidato a concejal del massismo en el distrito de Vicente López, que aparece poniendo esa cantidad de dinero para sus rivales en las últimas elecciones. El estimado de dinero que podría haber sido lavado llega a los 85 millones de pesos. El escándalo sigue siendo un tema de alto interés social. La fundación La Alameda creó hace una semana una aplicación informática para chequear on-line si los datos personales fueron utilizados para fraguar aportes a los partidos. Desde entonces, más de un millón y medio de personas ingresaron a la página web para consultarlo. También aparecieron aportantes falsos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. El portal Noticiauno, de Paraná, detectó personas declaradas como donantes que, consultadas por el medio, aseguraron no haber puesto dinero. En algunos de los casos, ni siquiera viven en la provincia. Entre estos casos está Mirta Susana Novas, que reside en una humilde vivienda de González Catán, partido de La Matanza, en Buenos Aires, que figura como aportante de una suma de 20 mil pesos mediante depósito efectuado el día 7 de agosto de 2017. Sin embargo, ubicada por el medio citado, señaló: “No sé de qué me están hablando, no tengo nada que ver con esto. Ni siquiera conozco Entre Ríos, vivo en Buenos Aires”. Con el mismo patrón, otra aportante tiene domicilio real en el Chaco (también fue contactada y desmintió haber puesto dinero) y una decena son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, Alejandro Ezequiel Maiocco, hijo del intendente de Victoria, Domingo Maiocco, que figura en el registro como aportando dos veces, por un total que ronda los 50 mil pesos, dijo al portal “no recordar haber depositado ese dinero”. Osvaldo Marasco, ex candidato a intendente del partido bonaerense de Ituzaingó por Cambiemos, volvió a hablar ayer sobre cómo fue la operatoria del robo de identidades para el lavado de dinero de la campaña. Entrevistado en Radio Cooperativa aseguró que las irregularidades en los fondos de las campañas ya existían en 2015, pero “lo de 2017 fue de terror porque trabajaron sobre gente muy humilde, con planes sociales”. Marasco aseguró que tanto la gobernadora como sus colaboradores más cercanos fueron los responsables del falseamiento de datos de aportantes y de la recolección de fondos irregulares. Señaló que todo se organizaba desde “un bunker que estaba en Vicente López frente al Complejo al Río, donde tenían oficinas Vidal y Salvai”. “De ahí empezaron a llamar a los 135 distritos y darles plata a todos los fiscales”, contó el ex candidato a intendente, que aseguró que “de los 135 distritos nadie aportó, nadie”.
