El gobierno salió ayer a sostener su estrategia de desviar la atención del escándalo por los aportantes truchos de campaña. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, defendió uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley para modificar el financiamiento de los partidos políticos que se envió ayer por la noche al Congreso : la habilitación a las empresas para financiar las campañas electorales, actualmente prohibido. “En 2009 se prohibieron los aportes a las campañas por parte de personas jurídicas y lo que continuó ocurriendo es que las empresas siguieron aportando pero en negro”, dijo Pérez ayer. En cambio, otras iniciativas de la oposición sostienen que directamente debe prohibirse el aporte de los privados, ya sea de personas físicas o jurídicas y que el financiamiento debe ser totalmente estatal. Mientras la ola de irregularidades en la campaña electoral de Cambiemos sigue creciendo, en oficialismo puso en marcha una de sus estrategias para contener la crisis. El proyecto de ley, anunciado el jueves por el ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, pertenecía al paquete de la denominada reforma electoral, que el oficialismo congeló tras el fracaso del voto electrónico. El secretario de Asuntos Políticos fue el encargado de salir a defender la iniciativa con el argumento central de la bancarización. “Nos parece un mal resultado visto diez años después. Queremos que haya habilitación de personas físicas y jurídicas, todo bancarizado y controlado por la Justicia”, señaló el secretario respecto de la ley aprobada en 2009. Esa legislación impulsada por el kirchnerismo cuando se establecieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias prohibió a las personas jurídicas hacer aporte a las campañas electorales, aunque esa restricción no corre para los partidos políticos fuera del período de campaña. Pérez precisó que en el proyecto de ley enviado al Congreso se fijan “límites” para esos aportes de empresas ya que “nadie puede aportar más del 2 por ciento del límite total que tiene una campaña”. “No puede haber una empresa que financie totalmente una campaña porque hay un límite por persona física o jurídica”, explicó. El funcionario ratificó que se busca la “bancarización absoluta” de los aportes de campaña, “impidiendo aportes en efectivo”. Explicó que se busca “controlar quiénes son los donantes con una identificación clara y fehaciente” y que para eso es importante la “eliminación del aporte en efectivo”. Sin embargo, algunas ONG especializadas en transparencia electoral advirtieron que el proyecto mantiene el control de las donaciones de manera posterior a la elección y no contempla la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real a medida que vayan ingresando los fondos. Poder Ciudadano y Cippec, también reclamaron la incorporación de otros puntos como la regulación de la publicidad oficial, prohibir su uso partidario y la inclusión de las provincias en la nueva legislación. Si bien el texto definitivo todavía no está presentado en el Congreso, en base a la información difundida oficialmente surgieron otras críticas como la falta de penalización a los candidatos en caso de violación de la legislación sobre el financiamiento. El proyecto del oficialismo exige que las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. Uno contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria. En línea con un pedido de la Cámara Nacional Electoral, que en reiteradas ocasiones manifestó la falta de recursos humanos y materiales para ejercer un control eficaz de la campaña, se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de ese tribunal, cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento. También se extiende de 15 a 30 días el plazo de prohibición vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto. Fuentes del oficialismo confirmaron que el nuevo proyecto fue enviado ayer por la noche al Congreso luego de que se ajustaran detalles en la secretaría Legal y Técnica.
