"Nada de lo que hizo Lázaro Báez podría haber sido posible sin Cristina Kirchner", es el planteo reiterado en el Gobierno que a través de dos de los organismos que intervienen en la causa de La Ruta del Dinero K, buscan que la ex presidenta sea llamada a indagatoria. La Unidad de Información Financiera (UIF) insistirá ante la Cámara federal porteña para que el juez Sebastián Casanello la cite antes del inicio del juicio oral. El juez ordenó recientemente un entrecruzamiento de los teléfonos celulares de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Asimismo, ordenó el entrecruzamiento de las líneas de los secretarios privados y de estrechos colaboradores de ambos. La medida se impulsó en la Ruta del Dinero K, con el fin de “demostrar el vínculo que existía entre los imputados que se encuentran con procesamiento firme y los funcionarios públicos investigados”. La medida junto al análisis de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, buscan establecer si se cuenta con alguna prueba suficiente para citar a indagatoria a la ex Mandataria. En este expediente, la Senadora de Unidad Ciudadana, se encuentra imputada por lavado de activos por el fiscal Guillermo Marijuan y la Sala II de la Cámara federal porteña instó al juez a que defina la situación de Cristina y por eso se generaron los entrecruzamientos telefónicos, entre otras acciones. Por ahora, y tal como se decidió hace algunas semanas, el juzgado no hizo lugar -una vez más- al pedido de la UIF que al igual que la Oficina Anticorrupción (OA), considera que la ex Mandataria debe ser llamada a indagatoria en el marco de la causa por la que Báez se encuentra detenido hace dos años. Las querellas sostienen que Cristina Kirchner debe quedar involucrada en este expediente, ya que la causa donde ya fue indagada y procesada por favorecer con la obra pública al empresario K (con 52 contratos por $ 46.000 millones) posibilitó el flujo de dinero que después se incorporó a las maniobras de lavado. Al respecto, Casanello señaló que si bien “se tuvo por acreditado que los fondos expatriados tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, no alcanza para “para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a la ex mandataria “o al resto de los 13 imputados que ahora deberán afrontar un juicio por aquella defraudación”. Por este motivo, la UIF insistirá ante la Cámara federal para que la ex presidenta sea citada a indagatoria. "La información proveniente de Suiza corrobora los diversos informes y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los bancos suizos mencionaban la presunción sobre los vínculos de Báez y Cristina Kirchner", señalaron fuentes oficiales a Clarín El organismo sostiene que hay "pruebas suficientes para concluir que Báez no realizó las maniobras en soledad, sino en el marco de una asociación ilícita que compartía con los más altos funcionarios del Estado penalmente responsables por aquellas acciones y detentaban la propiedad de los activos lavados". El organismo antilavado remarca que el empresario K, era "testaferro" de los Kirchner y que sólo pudo actuar bajo la "responsabilidad de Cristina Kirchner, su familia y sus funcionarios en 21 maniobras de lavado investigadas" por eso "se volverá a requerir, se les reciba declaración indagatoria". Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 y por estas operaciones enfrentará un juicio oral junto a sus cuatro hijos.
