Argentina y Brasil acordaron un modelo de convenio que está próximo a formalizarse y que permitirá incorporar a las causas en la justicia federal vinculadas a Odebrecht, las declaraciones de los imputados en Brasil y la prueba documental. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Clarín y añadieron que el primer acuerdo que se firmará es el de la causa sobre el Soterramiento del Tren Sarmiento. En este caso se hará a firma del fiscal del expediente que es Franco Picardi ya que se realiza entre los ministerios públicos fiscales de ambos Países. El viernes pasado según informó la Procuración, tras un nuevo encuentro de la mesa de trabajo interinstitucional y que analiza la posibilidad de suscribir un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Brasil, para acceder a información vinculada con los casos “Lava Jato y Odebrecht” del país vecino, se acordó “el borrador final del mismo que debe contar con el aval de Brasil”, explicaron a este diario fuentes oficiales. De esta mesa de trabajo vienen participando representantes del Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. En esta oportunidad los funcionarios de la Procuración General de la Nación indicaron que se retomaron las conversaciones oficiosas con las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Brasil, que permitirían continuar algunos de los compromisos proyectados anteriormente. Tras el acuerdo sobre este borrador final, se avanzará en la formalización del primer convenio cuya firma requerida será la del fiscal de la causa en Argentina. Como el primer convenio a firmar será el del Soterramiento del Tren Sarmiento, el fiscal Franco Picardi será quien firme. Esto posibilitará que en esta causa -como en las demás a medida que se avance con los convenios-, se incorpore la declaración de los imputados por la Justicia brasileña que se acogieron a la delación premiada y asimismo, se sumará a los expedientes en Comodoro Py la prueba documental que respalda dichas declaraciones. El compromiso en el marco de esta mesa de trabajo es no utilizar la información voluntariamente aportada por los colaboradores en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina. En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras. En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos. La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra. La Procuración de la Argentina señaló que aún restan definir detalles, para que Brasil envíe evidencias sobre el capítulo argentino del Lava Jato, pero todo sucederá en cuestión de días.
