El miércoles pasado, Cambiemos aprobó en el Senado bonaerense el pliego de Fernanda Inza como contadora general de la provincia. De poco sirvió que la oposición planteara que, como tesorera de Pro en el distrito, la secretaria legal y técnica de María Eugenia Vidal podría terminar vinculada a la investigación judicial por los aportantes truchos de la campaña de 2017. Había un antecedente: su tía abuela, Armanda Inza, apareció inscripta como una de las responsables económicas de la campaña de Cambiemos en 2015. Al año siguiente, la jubilada octogenaria reveló a LA NACION que no conocía su rol partidario. El viernes, Inza juró al frente de la Contaduría General, cuya misión es "controlar la administración pública gestionando con el compromiso de lograr probidad, transparencia, honestidad y calidad del gasto público". En otras palabras, la funcionaria de confianza de Vidal deberá controlar a Vidal. El caso sería llamativo si fuera un hecho aislado. Pero no lo es: desde que asumió la gobernación, Vidal propició avances claros en materia de transparencia en la administración pública, algunos frenados durante años por el PJ. Pero ubicó a miembros de su equipo en puestos claves que hacen al control de la administración. En paralelo, dejó vacantes otros despachos que hacen al contralor dentro y fuera del Poder Ejecutivo. El primer paso fue la asunción de Julio Conte Grand como procurador general de la provincia. Era secretario legal y técnica y se convirtió en jefe de los fiscales bonaerenses en un sistema -el acusatorio- en el que los fiscales son centrales en la investigación. Hubo reparos de un sector del kirchnerismo, que lo comparó con la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Pero hasta La Cámpora aprobó su pliego. Otro hito fue la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI). La oposición demandaba y Cambiemos podría haber avanzado en crear el Tribunal Social de Responsabilidad Política, un órgano autárquico previsto en la Constitución provincial de 1994 y nunca constituido. Pero Vidal eligió crear un reflejo de la Oficina Anticorrupción nacional: la OFI integra el Poder Ejecutivo, no tiene autarquía y sus funcionarios están a tiro de decreto. El otro caso es el Tribunal de Cuentas bonaerense, que ejerce un control externo sobre la administración. De sus cinco miembros, uno falleció en 2016, otro se jubiló en 2017 y un tercero lo hizo hace cuatro meses: hoy el tribunal continúa analizando las cuentas públicas, pero no puede formar quorum para dictar fallos ni fijar multas. Con bemoles, la situación se repite en el fuero Contencioso Administrativo, a cargo de las causas que involucran a la administración provincial. Uno de los cuatro juzgados está vacante y otro tiene a su titular, Luis Arias, suspendido por juicio político. En Cambiemos aseguran que la situación se normalizará tras el receso invernal, cuando concluya el jury a Arias y se trate el pliego de candidatos para el cuarto juzgado. Vidal también intentó subsumir la Asesoría General de Gobierno, otra estructura de control jurídico, dentro de la órbita de la Secretaría Legal y Técnica. Eso desencadenó la renuncia del asesor Marcelo López Mesa, que fue reemplazado por Patricio Blanco Ilari, apoderado de Cambiemos en las últimas elecciones. En el medio, Vidal prorrogó varias leyes de emergencia (seguridad, obras, administrativa y tecnológica) que permitieron acelerar procesos de contrataciones y licitaciones. Pero también modificaron y en algunos casos atenuaron los controles. Tampoco se conformaron las comisiones bicamerales legislativas que deben controlar esas emergencias. Ante la consulta de LA NACION, en el entorno de la gobernadora no solo defendieron a capa y espada la idoneidad y probidad de los funcionarios designados, sino que enumeraron los avances en materia de transparencia de los últimos años: desde la purga de la policía bonaerense hasta la aprobación del sistema de declaraciones juradas, resistido por el PJ durante años. Destacaron el compromiso de Conte Grand en las investigaciones sobre la policía y sus gestiones para que jueces y fiscales también presenten sus declaraciones juradas. Desvincularon a Inza de los aportes de campaña y señalaron que se necesita "alguien de confianza" en la Contaduría para que "no se trabe la marcha de la gestión". Más completa fue la defensa de Luis Ferella, titular de la OFI: desarrolló un programa de transparencia que adoptaron 47 municipios y otro de integridad para las empresas provinciales, investigó y denunció a funcionarios del Registro de la Propiedad y del Hipódromo de La Plata, hoy cerca del juicio oral. "Todos los gobiernos mejoran cuando son controlados. Es cierto que lo ideal sería crear el tribunal que prevé la Constitución, pero implica una estructura casi ministerial que la provincia hoy no puede pagar. Hace tres años esta era la provincia más atrasada en materia de transparencia y hoy tenemos control patrimonial sobre 26.000 funcionarios", sostuvo el propio Ferella. Cerca de Vidal agregan las iniciativas de gobierno abierto y datos abiertos, y prometen que pronto se podrá ver en tiempo real la ejecución presupuestaria. La balanza en acciones de transparencia, insisten, es ampliamente favorable. Queda flotando, sin embargo, una duda: ¿cómo actuarán estos funcionarios si algún día deben investigar a Vidal o a sus ministros? ¿Con independencia o como miembros del equipo político? Para un gobierno que hace de la transparencia una de sus banderas, es una duda relevante.
