El procurador interino Eduardo Casal, que responde a las directivas de Casa Rosada, concretó ayer un proyecto que había anunciado apenas ocupó el cargo de Alejandra Gils Carbó. La instauración de una estructura que, bajo el manto de una teórica lucha antiterrorista, sea un instrumento para la persecución de la protesta social. Se trata de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), pero ese pomposo nombre esconde un caballo de Troya que, tal como consta en la resolución, permitirá perseguir lo que se considere “extremismo violento”. El interino Casal cumple con los designios del Gobierno y esta Secretaría supuestamente antiterrorista viene a apuntalar la construcción del enemigo interno Made in USA importada por Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La sincronía entre su puesta en marcha y la llegada del ajuste sponsoreado por el FMI no parece casual. Tampoco que la inauguren en los días previos a la audiencia en el Senado que comenzará a definir el destino de Inés Weinberg de Roca, la postulante de Macri para reemplazar al interino Casal. O se trata de un pedido de Macri para allanarle esta decisión a su candidata, o el interino Casal juega con la intención de quedarse él mismo al frente de esa Secretaría. La justificación de esta Secretaría es tanto el combate contra el terrorismo internacional como el “extremismo violento”, y alega que la “resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace explícito el vínculo entre extremismo violento y el terrorismo, reconoce la necesidad de su prevención y recalca que tales medidas estén en consonancia con las normas internacionales”. El interino Casal creó entonces “una estructura orgánica que funcione como usina generadora de procedimientos eficaces con miras al fortalecimiento de una estrategia integrada de prevención y persecución contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”. En la resolución de 6 páginas la expresión “extremismo violento” aparece 12 veces. La definición de “extremismo violento” que da Naciones Unidas dista muchísimo de lo que pueda suceder en Argentina. “El extremismo violento es un fenómeno diverso, sin una clara definición. No es ni nuevo ni exclusivo de ninguna región, nacionalidad o sistema de creencias. No obstante, en los últimos años, grupos terroristas como el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), Al -Qaida y Boko Haram han configurado nuestra imagen del extremismo violento y el debate sobre la manera de abordar esta amenaza”, dice el Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento de la ONU, que refiere todo el tiempo a situaciones de crisis humanitarias y situaciones de intolerancia religiosa o cultural, migraciones de y hacia zonas de conflicto militar y casos similares. Ninguna de ellas ocurre en la Argentina que justifique prevenirlo ni perseguirlo, a no ser que la definición se deforme en base a la mirada Macri-Bullrich. Aún quedan recuerdos (y archivos periodísticos) de cuando el Gobierno presentó a la RAM como un poderoso enemigo imaginario y a los mapuches que reclaman por sus derechos ancestrales como un peligro para el país, en allanamientos que mostraban un potente armamento basado en herramientas y celulares fuera de moda. La intención de crear una unidad de presunto antiterrorismo comenzó en diciembre de 2017, cuando el interino Casal le encomendó a Juan Manuel Olima Espel, su mano derecha a cargo de la Coordinación Institucional de la Procuración General, que elaborara un proyecto en este sentido. Olima Espel es hijo de Juan Carlos Olima, el vicecanciller menemista procesado por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Olima Espel lleva muchos años en la procuración, pero sus terminales políticas siempre fueron la AMIA y la DAIA. En agosto de 2017 participó de un intercambio con la Corte Suprema de Israel y en su cuenta de Twitter es reiterativo en que su prioridad gira en torno al combate del terrorismo. Una agenda importada de Estados Unidos e Israel que comenzó a materializarse. Casal le dio 90 días a su ladero Olima Espel para que le diera forma a esta idea. Los plazos vencieron, pero la agenda yanki no. Cuando, a finales de 2017, se conoció esa la intención del Gobierno (a través de su procurador interino Casal) saltaron las alarmas. “Quieren crear una nueva estructura dedicada al ‘terrorismo’ en el Ministerio Público Fiscal. Sabemos contra quien la van a utilizar, ¡Basta de criminalizar la protesta social!”, advirtieron desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En su cuenta de Twitter, Myriam Bregman recordó: “Cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EEUU y su llamada ‘política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del Procurador interino”. Pasaron 8 meses y ahora el Gobierno concretó su objetivo. . La resolución establece: “La Secretaría funcionará dentro de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a la especialidad de la materia y a la circunstancia de que dicha área ha intervenido en las causas relativas a los atentados terroristas sufridos en territorio de la República, ya sea representando a este Ministerio Público en el proceso de jurisdicción originaria que tiene por objeto el atentado a la Embajada de Israel, o bien en la última etapa recursiva de las causas vinculadas al ataque a la sede de la AMIA, a lo que se agrega la colaboración con la Unidad Fiscal especialmente creada para su investigación, en razón de los numerosos puntos de contacto objetivos y subjetivos existentes entre ambos atentados”. El párrafo tiene tiene varios ejes. En primer lugar, lo atípico de crear una suerte de Fiscalía antiterrorismo ante la Corte y más extraño aún que lo haga un procurador interino, dada la trascendencia de esta decisión. En segundo lugar hay algo del derrotero personal del interino Casal, si una de las opciones que baraja es, además, quedar al frente de esta Secretaría antiterrorista. El actual Procurador General fue procurador ante la Corte Suprema e intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel en 1992. En la resolución de diciembre de 2017, cuando empezó a darle forma a esta idea, dio cuenta en primera persona de este hito en su carrera. Lo que no mencionó fue que el derrotero de esa causa es casi calcado al del atentado, dos años más tarde, en la AMIA. Nunca se dilucidó y generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina cuando, en la apertura del año judicial de 2015, el supremo Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. El interino Casal, como fiscal del caso, parece que no aportó mucho. Por último, el párrafo menciona la posible colaboración con Unidad AMIA, donde operó Natalio Alberto Nisman hasta su muerte. Lo que no menciona es que Casal se ocupó de desarmarla, con los traslados de los fiscales Santiago Eyherabide y Leonardo Filippini.
