Uno de los ídolos del macrismo, el español Mariano Rajoy, cayó por un caso de financiamiento ilegal de su Partido Popular. Pero como su jefe político Mauricio Macri, María Eugenia Vidal se mueve ligera, como si las complejidades del mundo no existieran. Si no hay cambios de último momento Vidal se apresta a designar como contadora general de la provincia de Buenos Aires a María Fernanda Inza, denunciada penalmente por su presunta participación en la recaudación irregular del PRO. Fue la tesorera de la campaña legislativa del 2017. La gobernadora dio instrucciones a su bloque en el Senado bonaerense de que votase una terna que incluyera a Inza. El bloque cumplió con celo. Los votos le alcanzan. Sobre 46 senadores Cambiemos tiene 29, Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria 11, cuatro son de PJ-Unidad y Renovación y dos del Frente Renovador. Los cuatro del PJ responden a los intendentes. Los peronistas votaron juntos. La Contaduría, según reza su propia página web, tiene funciones de “asesoramiento, control interno, registro e información de la gestión económica financiera”. Inza ya es la mano de derecha de Vidal como secretaria de Legal y Técnica, un cargo que no requiere aprobación del Senado. El periodista Juan Amorin escribió que Inza “es creadora de las afiliaciones y los aportes falsos de 850 personas pobres en 2017, y es quien designó a su tía de 84 años como responsable en 2015”. En 2017 las listas fueron encabezadas por Esteban Bullrich y Gladys González para el Senado nacional y por Graciela Ocaña como diputada. Los tres callan sobre las denuncias. Confiaban en un blindaje eterno pero, dice Vox Dei, todo tiene un final. Ayer en General Villegas a Vidal no le quedó más remedio que afrontar una pregunta en público. “Hay una situación que tiene que ver con los presuntos aportantes no reales de la campaña”, escuchó Vidal. Y respondió así: “Hicimos la rendición de fondos. No hay nada que ocultar. En estas denuncias que se hicieron sobre algunos aportantes pedimos una auditoría sobre esa rendición de fondos y nos presentamos a la Justicia. Es una denuncia del kirchnerismo pero no importa de dónde venga. Nos presentaremos. Presentaremos todos los papeles. Y, lo que es más importante, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos tiene lagunas, tiene deficiencias. Por eso creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados. Así no queda ninguna duda sobre quién aportó o no aportó y quién firmó o no firmó un recibo”. Vidal es la presidenta del PRO bonaerense. La senadora María Teresa García, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, la denunció por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación del secreto y la privacidad. La denuncia abarca también a otros dirigentes del PRO bonaerense como el intendente de Vicente López y vice primero del PRO Jorge Macri, el intendente de Lanús y vice segundo Néstor Grindetti, el jefe de Gabinete y secretario general Federico Salvai y la contadora Inza como tesorera. La demanda de García fue presentada el 4 de julio. Al día siguiente, el 5, Vidal anunció que postularía a Inza para un puesto que dura cuatro años, o sea que excede su mandato. A esa altura ya se conocía la salida del contador general Gastón Messineo. El texto detalla que muchos de los aportantes son beneficiarios de planes sociales. “En su mayoría se trata de personas pobres que residen en el Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires, muchas de ellas en la Villa Itatí del Municipio de Quilmes”. Según la senadora la difusión del tema está llevando a que cada vez se conozcan más casos de gente que figura en los listados “sin haber hecho ninguna contribución dineraria real”. El documento pide investigar si se utilizaron bases de datos de Anses y del Ministerio de Desarrollo Social. Otro punto a determinar es si se blanquearon “aportes de dinero cuyo origen no es conocido y podría provenir de actividades ilícitas o de personas físicas o jurídicas prohibidas en el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, como empresas concesionarias de servicios u obras públicas”. Entre otras medidas de prueba, García solicita en el punto cuarto de su demanda una auditoría contable al PRO de Buenos Aires en los últimos ocho ejercicios económicos de su historia, desde el 3 de junio de 2010 hasta hoy. PáginaI12 pudo saber que el juzgado electoral no quiso recibir la denuncia alegando que ese día era tarde y que entonces recayó en el juzgado de turno, el número tres. Por el mismo tema La Alameda pidió una investigación judicial y el senador Gustavo Traverso también lo hizo en Junín. (Ver aparte en estas mismas páginas). La denuncia de La Alameda ya generó que el juez Sebastián Casanello cite a los primeros 50 testigos. Traverso fue el encargado de cuestionar en el Senado la candidatura de Inza. “Nos preocupa que en la terna hay una persona que tiene responsabilidad en la rendición de cuentas del frente Cambiemos en Buenos Aires en 2015 y 2017”, dijo. Recordó que había una denuncia del candidato radical a intendente de Pehuajó, Jorge Mas. Mas, de Cambiemos, aseguró que figura como aportante de 50 mil pesos para la campaña presidencial de Macri pero que nunca los puso. “No sé por qué usaron mi nombre”, dijo. “Ante la posibilidad de que la Justicia tome cartas en el asunto, cosa que debería hacer por la cantidad de testimonios, y ante la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre seis meses y diez años, nos preocupa que forme parte de la terna”, argumentó Traverso. De 47 años, Inza fue subsecretaria técnica de la Presidencia de la Nación y jefa de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica porteña, donde entre 2008 y 2011 ofició de directora general técnica y administrativa. En la universidad pasó por la subsecretaría académica de la Facultad de Ciencias Económicas. El domingo último PáginaI12 publicó en exclusiva una nota con declaraciones de Roberto Daniel García, un concejal de Avellaneda que fue 14 años dirigente del PRO. Tras contar que en muchos casos dirigentes y concejales figuran como aportantes sin haberlo sido, definió García: “Esto es una estafa y es lavado de dinero”.
