La sociedad argentina reclama que se devuelva al Estado el dinero mal habido con origen en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, trata de personas o corrupción. Hace dos años, el 23 de junio de 2016, la Cámara de Diputados sancionó con amplia mayoría un proyecto de ley para dar respuesta a ese reclamo, girándolo a la Honorable Cámara de Senadores, donde se encuentra en el día de la fecha. El transcurso del tiempo, sin que el mismo haya sido considerado, aprobado in totum o reenviado a Diputados con modificaciones nos pone en alerta: según lo establecido por ley, si ello no ocurre en breve, el mismo perderá estado parlamentario y veremos frustrada la oportunidad de actuar implacablemente frente a las consecuencias de los delitos aquí mencionados. ¿Qué significa la “extinción de dominio” votada en 2016? Es una acción autónoma mediante la cual un juez declara por sentencia que el bien a incautar está ligado a un delito federal, aunque un juez penal no haya condenado previamente al responsable del ilícito. Esta acción brinda una herramienta ágil y moderna, acorde a los compromisos internacionales firmados por Argentina. Abona también la eficacia de esta acción el modelo diseñado por la ONU en esta materia y recogimos la experiencia de países que han logrado grandes avances como Colombia o Irlanda .También tomamos las recomendaciones de la OCDE, del GAFI, de la Unión Europea, que aconsejan medidas autónomas del proceso penal para quitar a los delincuentes lo producido por los delitos por ellos cometidos. ¿Por qué decidimos avanzar en este sentido? Es muy sencilla la respuesta: hasta ahora la figura del decomiso como accesoria de la condena penal ha tenido magros resultados, máxime si tenemos en cuenta que en nuestro país los procesos penales pecan de eternos y poco eficientes para lograr la devolución de las cosas mal habidas, sin contar que además pueden paralizarse ante la muerte o la fuga del responsable penal, tornando imposible que el Estado se haga de los bienes de las causas. Nuestra intención es dar un verdadero golpe al corazón del crimen organizado, sea este el narcotráfico, actos de corrupción vinculados a la administración pública, etc, recuperando todo lo obtenido por aquel ilegalmente. Es el origen de los bienes lo que se investiga, con el propósito de perseguir el enriquecimiento ilícito para devolver a la sociedad el producto de ese accionar. También contemplamos la creación de un órgano especial para administrar y custodiar los bienes que vuelvan al Estado y se prevé que el dinero recaudado retornará a la gente en programas sociales y de transparencia. El estado público del debate sobre la media sanción ha incorporado al mismo argumentos equívocos sobre esta acción, comparándola con lo actuado en la última dictadura a través de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa) Surge de manera categórica la debilidad de dicha argumentación, la cual cae por su propio peso. En 1977 , la dictadura militar, sustituyendo a los órganos judiciales y en forma arbitraria e ilegal procedió a hacerse de bienes de ex funcionarios del gobierno constitucional derrocado e incorporarlos al Estado. Lo actuado en esa época por la Conarepa está hoy en poder del Archivo Nacional de la Memoria y sirve para dar testimonio de la violación de los derechos humanos cometida en ese tiempo. No se puede asimilar de ninguna manera una acción legal dictada en democracia, aplicada en distintos países del planeta, recomendada por Naciones Unidas y en manos de la justicia con disposiciones de quienes habían asaltado el poder. El objetivo que mueve al Congreso Nacional hoy es una respuesta clara y contundente frente a la dimensión de los estragos del crimen organizado y la corrupción. No hemos sido dueños de la verdad, esperamos con urgencia que el Honorable Senado actúe dentro de sus facultades, ratificando o modificando, para que esta iniciativa no muera en el olvido. Queda poco tiempo. Mario Negri es diputado nacional, presidente del Bloque UCR-Interbloque "Cambiemos".
