La decisión de un juez de ordenar la inmediata liberación del ex presidente Lula da Silva conmocionó a la sociedad brasileña este domingo. El juez en cuestión, del Tribunal Regional Federal N. 4 de Porto Alegre, Rogerio Favreto, sin vínculos con los casos penales del Lava Jato, se encontraba de guardia y se atribuyó una competencia que claramente no tenía. Aprovechando que tanto el Juez titular de la Causa en primera instancia, Sergio Moro, como el Relator de Lava Jato en el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto, se encontraban de vacaciones y ante un pedido de habeas corpus de algunos diputados del Partido de los Trabajadores, el juez Favreto determino la liberación del ex mandatario. Si se analiza el historial del Juez Favreto, resulta evidente su activa vinculación con el Partido de los Trabajadores: militó por 20 años en el partido, trabajó con el ex Jefe de Gabinete de Lula (hoy procesado), Jose Dirceu, y con Dilma Rousseff cuando ésta se desempeñaba también como Jefe de Gabinete de Lula. Posteriormente, en 2011, fue nombrado juez de segunda instancia (en el Tribunal Regional Federal) por la ex presidente Dilma Rousseff, sin haber contado con una carrera como juez en instancias anteriores. Fue el único Juez del Tribunal Regional Federal favorable a procesar al Juez Sergio Moro. Además, se desempeñó como apoderado de la Ciudad de Porto Alegre durante tres gobiernos del Partido de los Trabajadores. A pesar de su directa relación con el PT y con el ex presidente Lula, Favreto no se declaró incompetente por su probado vinculo. Los hechos Un grupo de diputados del PT utilizó como pretexto que al estar preso Lula, pre candidato del PT a la presidencia de la República, no podría hacer campaña, lo cual sería una desventaja respecto a los otros pre candidatos. A las 19, 05 horas del día viernes 6 de julio, cinco minutos después que Favreto tomara su cargo como Juez de Guardia del Tribunal Regional Federal N. 4, los diputados Wadih Damous y Paulo Pimenta presentaron el pedido de habeas corpus. El plan para liberar a Lula había comenzado. La mañana del domingo 8 de julio, el juez Favreto emitió un parecer favorable para el habeas corpus, ordenándole al juez de Primera Instancia a cargo del proceso, Sergio Moro, que instruya a la Policia Federal para la liberación de Lula. Con esa decisión, el juez Favreto incumplió la Resolucion N. 71 del 2009 del Consejo Nacional de Justicia que determina en su Articulo 1, Inciso 1, que: "La guardia judicial no se destina a determinar sobre pedidos ya resueltos en el organismo judicial de origen, o en una guardia anterior, ni a la reconsideración o re-examen o apreciación de solicitudes de prorroga de autorización judicial para escuchas telefónicas". Por otro lado, el pedido de habeas corpus había sido solicitado por personas ajenas a la defensa de Lula. De hecho, la determinación de Favreto tomó por sorpresa tanto al ex presidente como a sus abogados defensores. Finalmente, a pesar de no ser de su competencia, el juez ordenó la liberación de Lula. Esta decisión generó un serio problema en las instancias judiciales: el juez Sergio Moro se negó a aceptar la resolución de Favreto por considerar que un juez sin vínculo con la causa no tiene autonomía ni competencia para otorgar el habeas corpus ya que la prisión de Lula había sido determinada por el Plenario del Tribunal, compuesto por un tribunal colegiado de tres jueces. Ante la negativa de Sergio Moro de emitir la orden de liberación, Favreto comunicó la medida directamente a la Policía Federal, que según la legislación local no puede negarse a acatar las instrucciones de un juez. A partir de ese momento se inició una batalla judicial que llegó hasta las esferas más altas de la justicia brasileña. El Presidente del Tribunal Federal Regional N. 4, el juez Thompson Flores, solicitó instrucciones sobre como proceder e involucró a la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Lucia, y a la Procuradora General de la República, Raquel Dodge. En paralelo, el Procurador Regional de la República, Jose Osmar Pumes, solicitó una opinión del Relator del juicio Lava Jato en el Tribunal Federal Regional N. 4, João Pedro Gebran Neto, bajo el argumento que la orden de liberación del ex mandatario era una maniobra política y sin fundamentos jurídicos. Tampoco la fecha del pedido de liberación de Lula es casual. Por un lado Brasil aún se está reponiendo de la tristeza de la eliminación de su selección del Mundial; por otro -y no es un dato menor- el lunes 9 de Julio es feriado provincial en San Pablo y muchos paulistas se encuentran aprovechando el fin de semana largo. El objetivo de los diputados era claro: no es lo mismo un Lula preso (y del que cada vez se habla menos) que un Lula libre para poder hacer campaña para sí o para otro candidato. Todos los involucrados sabían que una eventual liberación de Lula duraría apenas unas horas, pero ese plazo sería suficiente para movilizar a la militancia y defender que la liberación se debía a su inocencia (cuando en realidad se debía a un artilugio legal). De hecho, si Lula hubiese conseguido poner los pies fuera de la prisión solo hubiera podido volver a ser detenido con una nueva orden judicial. También, sigue fresco el recuerdo del multitudinario acto de Lula en contra de su orden de detención el 7 de abril. En este contexto, a las 14, 30 de la tarde del domingo, el Relator de Lava Jato ante del Tribunal Federal Regional N. 4, João Pedro Gebran Neto, determinó la anulación de la orden de liberación demitida por el improvisado juez Favreto. No obstante, el juez vinculado al PT estaba dispuesto a redoblar la apuesta y elaboró un tercer habeas horpus a las 16, 15 horas dando plazo de una hora para que la Policía Federal libere al detenido. El plan del PT para liberar a Lula había llegado a su fin. ¿Lula podrá ser candidato a Presidente? La defensa de Lula presentó hasta el momento 78 recursos de amparo para conseguir la liberación del líder del PT: todos fueron denegados. El próximo recurso está previsto para el mes de septiembre. Otra fecha a la que habrá que prestar atención es el 15 de agosto, cuando cierran las listas oficiales de los candidatos a la Presidencia de la República. En el caso que Lula da Silva registre su candidatura, el Ministerio Publico Electoral deberá presentar un pedido de impugnación en función de que dicha candidatura es contraria a la Ley de Ficha Limpia. Esta ley, promulgada por el propio Lula en el año 2010, determina que nadie puede ser candidato a un cargo si fue condenado con una sentencia firme por un tribunal colegiado. Lula está sentenciado en segunda instancia por una corte colegiada del Tribunal Regional Federal N. 4. El Tribunal Superior Electoral tendrá tiempo hasta el 17 de Setiembre para resolver si Lula podrá o no ser candidato. La novela electoral brasileña esta lejos de terminar, pero de momento el líder petista esta cada vez mas lejos de ser pre candidato y tendrá que continuar como hasta ahora: pre-so. Gustavo Segré es Socio Director de Center Group MÁS SOBRE ESTE TEMA: Quién es el juez que ordenó la liberación de Lula da Silva
