“Es muy simple: venía la secretaria de Gladys González (actual senadora de Cambiemos) con una planilla de aportes para la campaña y nos decía ‘fijate quién quiere aportar o en todo caso aparecer en la lista de aportantes’. Nunca le di ningún nombre de nadie ni puse dinero. Sin embargo, me encontré en el listado de aportantes como si hubiera puesto 20.000 pesos. ” La descripción pertenece a Roberto Daniel García, quien militó durante catorce años en las filas del PRO e incluso participó en su fundación cuando era Compromiso para el Cambio. García rompió con el partido poco después de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Hoy es concejal en Avellaneda, donde tiene su monobloque Compromiso Federal, alineado con Alberto Rodríguez Saá. Su supuesto aporte económico corresponde a la campaña presidencial de 2015. También aparece una prima hermana suya que no hizo aporte alguno. Figura como si hubiera entregado 2500 pesos “y hay varios concejales que yo creo que no van a admitir que figuran pero no pusieron nada”, dijo García a PáginaI12. “Estoy convencido de que esto es lavado de dinero, además de una estafa”, afirmó. En los últimos días se conocieron cientos de aportantes fantasma a la campaña legislativa de 2017, en su mayoría gente pobre beneficiaria de planes sociales, de donde se habrían obtenido sus datos personales. La aparición de donantes truchos también en las presidenciales de dos años antes mostraría un modus operandi utilizado para justificar el financiamiento de la campaña de Cambiemos con fondos cuyo origen es un enigma. García se puso a mirar los listados de aportantes a la campaña presidencial de 2015 después que el periodista Juan Amorín, de El Destape, diera a conocer los primeros 205 casos de personas cuyos nombres y documento aparecen en la rendición de aportes de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el año pasado (cuando Graciela Ocaña y Esteban Bullrich eran candidatos) como si hubieran puesto montos que van de los 300 a los 2500 pesos como aportes privados y en efectivo. Después resultó que los aportantes falsos eran más de 500 y llegarían a 1.000. El denominador común en ese caso es que son personas de barrios bonaerenses muy pobres. Tenían originalmente los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja, no están ni remotamente en condiciones de hacer una donación, aseguran no haberla hecho y, para colmo, aparecen como afiliados al PRO, para lo cual la mayoría no habría hecho ningún trámite ni prestado consentimiento. García encontró su nombre como aportante a Cambiemos en las presidenciales, como si hubiera entregado 20.000 pesos, en efectivo. Detectó también el de su prima, María Marta Alba, que había sido candidata a consejera escolar suplente, con un aporte de 2500 pesos, que también niega. Pero en la lista figuran también varios actuales concejales. “Tengo derecho a pensar que ninguno de ellos aportó nada. Pero difícilmente quienes siguen en Cambiemos lo reconozcan. No creo que hayan aportado, aparecen ahí igual que yo”, advierte. Con la planilla en la mano, García llevó el tema a la sesión del Concejo Deliberante del 28 de junio último y empezó a mencionar a los que estaban. “A ver a quién tengo más cerca…”, dijo, y generó risas. Uno de ellos, Diego Malito, estaba sentado a su lado, recostado en su banca, lo miraba de reojo con el dedo índice sobre los labios. “Quisiera preguntarle cuánto aportó, cuándo aportó, en qué escribanía”, le dijo García. Su colega empezó a titubear, hizo gesto de no recordar. “Debe haber sido menos de …”, y el bullicio interrumpió la jugada. ”Y miren quién está acá, (Maximiliano) Galucci, apenas se pasó de La Cámpora a Cambiemos aparece aportando”, intentó avanzar el Concejal de Compromiso Federal. Otros concejales insistieron en cortarlo. Entonces dijo: “El que manejaba los fondos de campaña en ese momento (en Avellaneda) era Ricardo Pagola, expulsado de la OPDS (autoridad ambiental en la provincia) por llevarse cuatro millones. Es de Bolívar igual que el presidente de la Cámara de diputados (Manuel Mosca) y la señora Gladys González . No me sorprende que sea la ruta Bolívar”. “Estuve buscando una expresión para definir esto: nos tomaron de boludos. Esa es la expresión. La otra es estafa, esto es una estafa”, remató, y dijo que presentaría un proyecto, además de recurrir la Justicia. El Concejo Deliberante de Avellaneda está integrado por 13 concejales de Unidad Ciudadana- PJ, 2 del Frente Renovador, 8 de Cambiemos y el monobloque Compromiso Federal de García. Según expertos en derecho electoral, los aportes de campaña privados se deberían hacer a través de una cuenta bancaria con todos personales los datos del o la aportante. Esto se suele cumplir con quienes aportan grandes montos, pero los montos más chicos aparecen en efectivo. El aporte de 20.000 pesos que aparece hecho por García, de todos modos, era significativo, más aún en 2015. Otro dirigente bonaerense que se encontró en las listas de aportantes es Roberto Bayés, presidente del partido PAÍS en La Plata (y apoderado en la provincia), aliado del Frente Renovador. “Aparezco aportando 16.000 pesos que jamás doné a la campaña de Cambiemos. Arriba y abajo mío aparecen otras personas con el mismo monto. ¿Es raro eso no? ¿A todos se nos ocurrió poner el mismo monto? Fui a tribunales pero no me recibieron la denuncia. La llevaré donde hay una causa en trámite”, le dijo a este diario. Su única vinculación con el PRO fue a través de la participación en la campaña de Julio Garro para intendente platense. El concejal García relata que recuerda bien que para la campaña de 2015, a quienes participaban activamente les pedían aportes o que apareciera su nombre. Gladys González era en ese momento diputada y se postulaba para la intendencia de Avellaneda. Por eso ella y su equipo centralizaban la campaña en la zona, donde García ya había sido concejal (también tres veces candidato a intendente) y aspiraba a otro mandato. Según su relato, “era la secretaria de González, Josefina Colon, la que venía con unas planillas”, y les decía “‘fijate quién quiere aportar o en todo caso aparecer en la lista’”. “Yo le dije: no puedo aportar ni tengo quien aporte o que aparezca. Estoy muy tranquilo porque no puse a nadie”, relató. –¿Por qué no hizo una denuncia en ese momento? –le preguntó Página/12. –Porque uno está metido en la campaña y deja pasar cosas. No era mi obligación, además, hacerla, porque no era funcionario. Ahora sí porque lo soy. Y uno va cayendo en la cuenta de la corrupción. En Avellaneda hay una asociación ilícita. Estoy convencido de que esto es un gran lavado de dinero, pero la justicia tendrá que determinarlo. –¿Todo el mundo sabía de qué se trataba? –No lo sé. Sé que uno cuando está en el fragor de la campaña no piensa en los aportantes. Cuando se convierte en una gran estafa te das cuenta qué es lo que estaban haciendo. –¿Por qué está tan convencido de que es lavado de dinero? –¿Cómo justificas un dinero que tirás arriba de la mesa para la campaña y que los que figuran como aportantes niegan serlo? Si no es lavado, ¿Qué es? ¿Evasión quizá? –¿Por qué insiste en cargar las tintas sobre Glayds González? –Porque era la responsable en Avellaneda, y Pagola manejaba los fondos. De todos modos, pienso que María Eugenia Vidal es tan responsable como ellos a nivel provincial. Si no, ¿quién? Según cuenta García, su situación en Cambiemos se volvió insostenible cuando empezó a hacer algunas denuncias internas. “Teníamos un presidente que decía que había que denunciar la corrupción de adentro, y al que lo hacía, como yo, empezaban a perseguirlo”, señala. El concejal quedó enfrentado con González cuando la acusó de pedirles a él y a los futuros funcionarios en cargos provinciales el 10 por ciento de sus sueldos, supuestamente para una fundación. En una presentación judicial García adjuntó una captura de pantalla de su celular donde está el pedido del porcentaje en cuestión. “También la denuncié por utilizar fondos de la Fundación Azul del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos) para hacer campaña”, cuenta. El titular del sindicato, Omar Caballo Suárez, está preso por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, y González fue nombrado interventora. La prima de García, María Marta Alba, le dijo a PáginaI12 que no sale del asombro por haberse encontrado como aportante. Ella es una ex docente que trabajó como voluntaria para la campaña de Cambiemos en 2015 y que aceptó aparecer como candidata a consejera escolar suplente. Así fue como otorgó sus datos a la fuerza política. “Trabajé en la campaña como una ciudadana más que quería un cambio. No era una cuestión de militancia. Salíamos a volantear y tocar timbre. Pusimos trabajo voluntario. En la lista de aportantes falsos no sólo estoy yo sino una amiga muy cercana y otras mujeres, cerca de diez, que ayudábamos de este modo. Las que aparecemos como donantes somos las que tuvimos algún lugar en una lista. Tenían nuestros datos. Yo no quiero figurar. Es una desilusión que no voy a dejar pasar”, suspira. Desde el punto de vista judicial, hay un abanico posible de delitos en juego que van desde violación a la ley de financiamiento de partidos políticos u otros delitos electorales, usurpación de identidad, falsificación de documentos, falsificación de firmas (en especial en el caso de los afiliados truchos). El PRO podría hasta perder su sello en la provincia de Buenos Aires. Pero también podría haber lavado de dinero, según explican en los tribunales de Comodoro Py y bonaerenses: lo que sucede es que en ese caso se debería probar que el origen del dinero que se utilizó es delictivo y se lo quiso blanquear. Todavía no dieron ninguna explicación pública ni Graciela Ocaña, ni Esteban Bullrich, ni Gladys González (que fue candidata también en 2017), ni Toty Flores, ni la gobernadora Vidal. A partir de la revelación del periodista Amorín se abrieron al menos tres investigaciones. En Comodoro Py, la fundación Alameda hizo una denuncia por posible lavado que ya activó el fiscal Carlos Stornelli -la apuntó a los responsables financieros, pero no a Ocaña (con quien el fiscal trabajó en el PAMI) ni a Bullrich- y el juez Sebastián Casanello ordenó las primeras medidas. En La Plata también se abrió una causa que tiene como principal denunciada a Vidal como responsable del partido en la provincia. Todavía no tiene dictamen de la fiscalía. El fiscal electoral porteño Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar sobre los 205 aportantes truchos iniciales. Mandó a cotejar si son beneficiarios de planes sociales, sus condiciones de vida y la Cámara Electoral ya confirmó de una muestra de 100 al azar, que 99 aparecían como afiliados (una gran mayoría dice no haber hecho el trámite ni tener simpatía por el partido gobernante). Posiblemente llame a declarar a algunos de los damnificados. Varias historias fueron publicadas por PáginaI12 y El Destape. En los últimos días se topó con algunos obstáculos inesperados. La Gendarmería debía ir a cotejar a algunas villas, por ejemplo en la zona de Quilmes y Florencio Varela, las condiciones de vida de las personas que aparecen como aportantes. Pero informaron a la fiscalía que hicieron unas pocas hasta ahora (que corroboran la información periodística) y vienen muy atrasados porque les cambiaron la tarjeta que usan para cargar combustible y esto les dificulta viajar a la provincia de Buenos Aires. Así se lo dijeron al fiscal.
