Cuando Cristina Kirchner llegó al poder, admitió junto a su marido un patrimonio de 6.851.810 pesos. Pero en los años siguientes llegó a declarar ingresos por alquileres de hasta 10 millones de pesos por año. Desde que dejó la Casa Rosada, junto al avance de las causas judiciales, su fortuna entró en un marcado declive:embargos, inhibiciones de bienes, vehículos entregados al Estado, cuentas congeladas, dinero secuestrado y, ayer, el último golpe, con todas sus empresas bajo interventores judiciales. En su primera declaración jurada como Presidenta, Cristina declaró bienes por 17.824.94 millones. En sólo doce meses, esa fortuna saltó a 46.036.711 pesos, un 158% más. En 2009 declaró la venta de 16 inmuebles por 14, 5 millones de pesos, y depósitos bancarios por 32, 2 millones. Además, Kirchner creó la firma Hotesur, hoy investigada por presunto lavado de dinero. Para entonces también tenían la inmobiliaria Los Sauces, con la participación de Máximo Kirchner. Poco después, firmaron varios contratos de alquiler con Cristóbal López y Lázaro Báez, que les dieron ganancias de 31, 5 millones de pesos entre 2009 y 2015. El entramado societario investigado por la justicia ya comenzaba a funcionar. Para 2010, Cristina ya poseía bienes por 55.537.290 pesos, incluyendo los complejos hoteleros bajo la administración de Valle Mitre, de Báez. Cuando incluyó los bienes heredados de Néstor, esos aumentos anuales se revirtieron circunstancialmente, pero en 2014 admitió un patrimonio de 64 millones de pesos, que un año después ya eran 77 millones. Pero 2015 fue un año de quiebre. Por primera vez, la justicia allanó su empresa Hotesur, investigada por lavado. La situación expuso diversas irregularidades en la empresa. Fuera del poder, fue citada a su primera indagatoria en la causa dólar futuro. El juez Claudio Bonadio la procesó y embargó en 15 millones de pesos. Entonces, en marzo de 2016, Cristina informó que cedió todos sus bienes a sus hijos en partes iguales. La Justicia investiga si la jugada no buscó una insolvencia fraudulenta, para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a llover sobre su patrimonio. A fines de 2016, Bonadio causó el primer cimbronazo a la estructura comercial de los Kirchner, cuando intervino la inmobiliaria y le quitó a Máximo el poder de administración de la herencia de su padre. La ex Presidenta y sus hijos dejaron de controlar las cuentas bancarias de la firma y de cobrar los alquileres. Esa intervención continúa: Cristina y sus hijos siguen lejos de la administración de su empresa y perdieron a sus principales inquilinos, López y Báez. De hecho, la firma comenzó a desfinanciarse. Mientras, nuevas medidas judiciales afectaron a la ex Presidenta: el juez Julián Ercolini secuestró 4, 6 millones de dólares de una caja de seguridad a nombre de su hija Florencia. La decadencia llegó también a los hoteles: la casa patagónica Los Sauces cerró después de que Panatel, de la familia Relats, dejó de administrarlo. Los demás, que empezó a manejar su socio histórico “Bochi” Sanfelice, quedaron ayer en manos de la justicia, que intervino su firma Idea. Ya ninguna mirada amiga vigila los negocios K.
