El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza condenó a prisión perpetua a cuatro emblemáticos ex jueces federales por su complicidad con los crímenes de la dictadura. Se trata de Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano. La misma pena recayó sobre los militares Francisca, Rodriguez, Fernandez, Gutierrez, Tello, Furió, Tragan y Fuentes, mientras otros 16 acusados recibieron penas de entre 3 y 20 años de prisión. El juicio empezó el 14 de febrero de 2014 y se trató del más importante en la provincia: se reunieron más de una docena de causas pequeñas en un “megajuicio” que reconstruyó lo sucedido con 207 personas entre las que hubo asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. Muchas de las víctimas pasaron por centros clandestinos de detención como el CCD del Liceo Militar General Espejo -donde fueron llevados los primeros detenidos del 24 de marzo-, el CCD de la Compañía de Comunicaciones que estaba en manos del Ejército, varias comisarías y el emblemático D2. Durante el proceso las querellas y la fiscalía lograron demostrar demostrar que el silencio de jueces y fiscales durante la dictadura o la decisión de no investigar las denuncias presentadas por las familias no fue una actuación pasiva sino claramente activa que implicó la complicidad en los crímenes cometidos. Tras la vuelta a la democracia, los magistrados siguieron ocupando lugares preferenciales en la justicia federal: Miret y Romano incluso fueron ascendidos a camaristas. Recién en 2011 fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura y se ordenó su arresto. El nombre técnico de la imputación a los magistrados cambió en el comienzo del juicio. Llegaron acusados por omisión de investigar y omisión de denunciar hechos que conocían por el rol que ejercían como jueces o fiscales, pero luego fueron acusados -y hoy condenados- como partícipes necesarios de los crímenes de lesa humanidad.
