La académica e investigadora universitaria Irma Eréndira Sandoval será una pieza clave en el combate a la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde la Secretaría de la Función Pública, Sandoval seguramente será uno de los eslabones en la revisión de contratos que ha prometido López Obrador, especialmente, en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y de la reforma energética. Economista y socióloga, con maestría en estudios latinoamericanos y doctorado en ciencias políticas por la Universidad de California en Santa Cruz, Sandoval será los ojos de López Obrador en la administración pública, como responsable de vigilar la actividad y la probidad de los servidores públicos, que ha prometido el presidente electo. Su tarea como parte del sistema nacional anticorrupción será fundamental para cumplir la principal oferta de campaña de López Obrador: desterrar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Al presentar a su gabinete, López Obrador destacó de ella su experiencia en temas de fiscalización, corrupción, transparencia, leyes de acceso a la información y rendición de cuentas. A pesar de su experiencia desde la sociedad civil, sus críticos cuestionaron su nombramiento al destacar su relación con John Ackerman, quien ha sido asesor de López Obrador. Además, es hermana de Pablo Amílcar Sandoval, quien es dirigente de Morena en Guerrero. Por estos vínculos, la llamaron la "fiscal cuata" (amiga a modo) de López Obrador. Ella aseguró que no ha habido ni habrá subordinación, sino "voluntad política para empujar la lucha anticorrupción hasta las últimas consecuencias". "Cumpliremos con nuestro presidente Andrés Manuel", escribió en Twitter al celebrar la victoria de López Obrador. Sandoval de hecho ya tiene listas "5 líneas estratégicas de acción" para el combate a la corrupción, contenidas en un documento titulado "Cómo combatiremos la corrupción". En sus páginas adelanta que habrá una estricta política de transparencia "para que cada peso público sea completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo real". También "instituiremos la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras públicas", como ya lo hizo López Obrador durante su gobierno en la Ciudad de México. Sandoval también afirmó que "haremos obligatorios los ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones". Las licitaciones públicas, dijo, "serán en línea y con control social para todo tipo de compra y contratación, incluyendo las asignaciones de asociaciones público-privadas y de manera trascendental la contratación de deuda pública". También quedará prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares se vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados. "No habrá más Odebrecht, no habrá más Casas Blancas (el escándalo que involucró una propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto), ni en Malinalco, ni en Miami, ni en Atlacomulco", añadió. El complemento de Sandoval en el ámbito de la justicia será el fiscal anticorrupción. Pero su nombramiento está entrampado en una discusión que incluye la reforma que convertirá a la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía Autómona. Y este será uno de los primero retos del próximo presidente de México. MÁS SOBRE ESTE TEMA: Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de México
