El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta mañana la declaración indagatoria de varios sospechosos de encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA, incluyendo la ex presidenta Cristina Kirchner. Tal como adelantó en exclusiva Clarín, merced a nuevas pruebas Pollicita cursó la solicitud al juez federal Claudio Bonadio reivindicando la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman poco antes de morir. El pedido incluyó, además, pidió la prohibición de salir del país de los acusados y la inhibición de sus bienes. En el dictamen, al que accedió Clarín, también figuran el ex canciller Héctor Timerman y la ex procuradora general del Tesoro Angelina María Esther Abbona, más el piquetero ultra K Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, el ex espía inorgánico Ramón Allan Bogado, el ex fiscal Héctor Luis Yrimia y el referente iraní Jorge Alejandro Khalil. Además, están el ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Martín Mena, el diputado de La Cámpora Andrés Larroque, el ex secretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement y los diplomáticos Holger Martinsen, Susana Ruiz Cerutti y Eduardo Zuain. Ruiz Cerutti –prestigiosa experta en derecho internacional- fue consejera legal y Zuain, vicecanciller de Timerman. Pollicita pretende indagar a todos por encubrimiento agravado al tratarse de un atentado que la Justicia ya consideró como un delito de lesa humanidad y que por lo tanto no prescribe. Ahora el juez Bonadio se tomará entre 2 y 3 semanas para decidir. Qué dice el dictamen El fiscal Pollicita considera que hay nuevas pruebas y así avanzó sobre la denuncia original de Nisman, que apareció muerto con un tiro en la cabeza en enero del 2015. A partir de los dichos del ex embajador en Siria Roberto Ahuad, se da por probado que en enero de 2011 Timerman mantuvo una reunión secreta con los iraníes y que el objetivo del pacto con Irán fue, en realidad, dar de baja las alertas rojas que pesan sobre 5 iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque a la mutual judía en 1994, que dejó 85 muertos. Los autores materiales, en tanto, fueron miembros de la yihad islámica del Hezbollah, del Líbano. En el dictamen se dice que el pacto “claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes y resultaba funcional al plan criminal mediante dos pilares fundamentales. Primeramente, se encargaría de brindar el instrumento adecuado para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados sean removidas, suspendidas o morigeradas, ello toda vez que mediante el 'entendimiento' entre ambos países, las circulares rojas emitidas por Interpol en orden a cinco de los ochos acusados iraníes por el atentado ya no tendrían razón de ser”. Es que las alertas rojas fueron flexibilizadas con una advertencia que se les agregó: que había una negociación diplomática en marcha. En segundo término, el acuerdo disponía la creación de la denominada “Comisión de la verdad”, la cual estaba “llamada a cumplir un rol central con miras a exculpar a los imputados de nacionalidad iraní, introduciendo para ello una hipótesis distinta a la sustentada por la justicia argentina con la finalidad de redireccionarla y para lo cual fue facultada a emitir recomendaciones que significarían una afectación a la investigación llevada a cabo por el Poder Judicial y, en consecuencia, atentarían contra el sistema democrático y republicano de nuestro país”. “Este proceder espurio por parte de las autoridades de ambos países ─dice el fiscal─ escondía como finalidad un acercamiento que apuntaba a intensificar las relaciones a nivel de Estado a Estado, siendo que las implicancias de la causa AMIA y las acusaciones que la justicia argentina había formulado hacia los nacionales iraníes como autores del atentado se presentaban como un obstáculo." El pormenorizado dictamen, de 240 páginas, también agrega: “Los imputados acordaron la rúbrica del instrumento cuestionado, el cual, según quedará demostrado, lejos de procurar justicia estaba destinado a obstruirla e impedirla, siendo en realidad el medio escogido por los gobiernos involucrados para materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA”. El documento completo
