Un hombre vinculado al operador judicial del PRO Daniel “Tano” Angelici y, por ende, a Mauricio Macri, tuvo un rol clave en las escuchas telefónicas realizadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, que en lugar de tener utilidad judicial solo sirvieron para filtrarlas a medios y periodistas oficialistas. Se trata de Juan Ramella, quien encabeza la Subdirección de Escucha Directa de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la DAJuDeCO, la única dependencia del país habilitada para realizar intervenciones telefónicas. Un documento al que tuvo acceso El Destape junto a más de una docena de fuentes revelan el rol central que desempeñó este funcionario vinculado a Angelici en las escuchas destinadas a la cacería periodística contra CFK. En lo formal, la DAJuDeCO está bajo la órbita de la Corte Suprema pero, según pudo reconstruir este medio, fue poblada a dedo tanto por miembros de la familia judicial como por hombres cercanos al Gobierno. La línea entre Ramella y Angelici tiene dos puntos intermedios: uno, Juan Bautista Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia que representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve jueces. El otro es Pablo Garcilazo, a quien todos los que conocen el paño señalan como el hombre fuerte detrás de Mahiques y que responde directo al “Tano” Angelici. Su hijo, Gonzalo Diego Garcilazo Menéndez, también trabaja en la oficina de escuchas. Garcilazo, luego de figurar como asesor de Mahiques pasó a sub-jefe del Cuerpo de auditores del Poder Judicial. Más sueldo, más operaciones y menos exposición. La reconstrucción del derrotero de la oficina de escuchas, que pasó de la SIDE al Ministerio Público Fiscal en el último año de la presidencia de CFK para terminar, por decisión de Macri, en manos de la Corte Suprema, permite comprender cómo se gestó la maniobra. En el marco de su cruzada contra la entonces Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, Macri decidió apenas asumido el traspaso de las escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia. El proceso estuvo plagado de irregularidades. Primero la Corte pateó varios meses la decisión, luego hicieron nombramientos irregulares de sus autoridades a través de sorteos de los que no existen registros, multiplicaron su presupuesto con un aumento el último año del 122% y finalmente transformaron esa oficina de escuchas en una mini SIDE paralela que no tiene control y que firmó convenios para acceder a las bases de datos más importantes del Estado, incluido uno con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que los espías al mando del amigo presidencial Gustavo Arribas pudieran volver a realizar escuchas. El reparto de cargos dentro de esta nueva oficina se hizo entre los jueces federales, tanto de primera instancia como los camaristas. Uno de ellos, el juez Ariel Lijo, tuvo especial incidencia, ya que colocó a Juan Rodríguez Ponte, uno de sus secretarios, al frente del día a día de esta mini SIDE. No fue el único funcionario que pasó por su despacho que culminó allí. Junto a Rodríguez Ponte llegó Ramella, designado en la mentada subdirección de Escucha Directa. Como indica su nombre, por esta oficina pasan las escuchas que se hacen “directamente”, es decir, que se tiene acceso a los audios y a sus movimientos de celdas en tiempo real. Es lo que se conoce como una escucha "online". Al consultar a distintas fuentes judiciales por Ramella, la respuesta fue contundente: “Ese es de La Boca”, “es del Tano” o directamente “responde a Angelici y al Coti Nosiglia”, repitieron una docena de miembros del Poder Judicial y de conocedores de los entramados de tribunales. Este medio pudo reconstruir la línea que lleva desde la oficina de Escuchas Directa al “Tano” Angelici y, por ende, a Macri. El punto de contacto tiene un apellido: Mahiques, una familia que se transformó en una especie de agencia de colocaciones en lugares clave del mundillo judicial. El propio Ramella confirmó a El Destape que trabajó con Juan Bautista Mahiques en el juzgado de Lijo, pero no quiso dar más precisiones sobre sus vínculos. Ramella ingresó a la oficina de escuchas en marzo de 2016, cuando se efectivizó el traspaso del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema. Fue tres meses antes de que se le interceptara el teléfono a Parrilli. Un documento al que accedió El Destape revela el paso de las escuchas a CFK y Parrilli por el despacho de Ramella. Se trata de un informe enviado por la DAJuDeCO a la Corte Suprema tras el escándalo por las filtraciones de las escuchas en medios oficialistas. Lo firman los jueces Martin Doctrina Irurzun y Javier Leal de Ibarra, designados sin sorteo registrado como el 1 y 2 de esta mini Side, y Rodriguez Ponte. Es decir, el documento es la posición el triunvirato que maneja la oficina de escuchas y reconstruye cómo fue el proceso por el que se le intervino el teléfono a Parrilli. Este domingo se cumplirán exactamente dos años del inicio de la actividad de la DAJuDeCO en el caso. Azares o causas de los expedientes judiciales: el pedido de intervención lo realizó el juez Lijo. El 24 de junio de 2016, la dirección comenzó a actuar en el expediente a raíz de la recepción en la sede central de un oficio original rubricado por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4. El juez Lijo ordenó las escuchas directas en una causa vinculada al narco Ibar Pérez Corradi, pese a que éste ya estaba detenido. No había ningún motivo para ese tipo de escucha “online”. Pero, más grave aún, Lijo pidió que la tarea estuviera a cargo de la AFI, la casa de los espías en manos del amigo presidencial Arribas, quien ostenta el cargo de director de la ex SIDE. Según su propio informe del triunvirato que maneja la dirección de escuchas autorizaron el pedido, por lo que la escucha directa a CFK y Parrilli quedó bajo el control de una dependencia del Poder Ejecutivo. Todo estuvo bajo el monitoreo de la Subdirección a cargo de Ramella. “Al tratarse de un pedido que incluía la modalidad de escucha directa, se dio intervención a la oficina de locutorios, dependiente de la Subdirección de Escucha Directa, encargada de la administración de los boxes a través de los cuales las diversas fuerzas tienen acceso a los audios en tiempo real y diferido”, asegura el informe que publica El Destape. Más adelante, el informe revela que el juez Lijo pidió colaboración en la transcripción de las escuchas. La tarea quedó, según consta en el documento, “a cargo de la Subdirección de Escucha Directa, que dio curso a las tareas”. Y sigue: “Cabe resaltar que el material se reservó en un gabinete bajo llave al que solo tienen acceso el Subdirector o quien este designe”. Esto implica que hubo acceso al contenido de las escuchas por parte de Ramella, quien estuvo a cargo de custodiar el material. “En efecto -sigue el informe-, (Ramella) designó y acondicionó en el ámbito de la Subdirección un espacio con tres puestos de trabajo con computadoras inventariadas, sin acceso a internet ni a la red interna de la Dirección. Estos puestos se sitúan dentro del sector donde trabaja el personal jerárquico del área (Subdirector y Secretarios) quienes supervisaron la tarea en todo momento. El procedimiento diario consistió en el retiro del material a utilizar por parte de los funcionarios a cargo y, una vez que se terminaba con el proceso de transcripción, volvía a reservarse”. Traducción: el material, que en enero de 2017 se ventiló por distintos medios periodísticos oficialistas en una clara operación política, estuvo en poder de Ramella todo el tiempo. Ramella es Mahiques; Mahiques es el Tano Angelici; Angelici es Macri.
