El actual secretario de Modernización, Eduardo Martelli, figuró como apoderado y dueño de una sociedad offshore radicada en Panamá, que controló propiedades en el balneario uruguayo de Punta del Este, según consta en documentos del año 2016, cuando ya se desempeñaba en el Gobierno. Ladero del ministro Andrés Ibarra , Martelli obtuvo un amplio poder para administrar Cristina Finances SA en 2010. Por entonces, se desempeñaba como funcionario del gobierno porteño. Seis años después, el 6 de mayo de 2016, la sociedad offshore emitió el 100% de las acciones a su nombre cuando ya había sido nombrado secretario de Modernización Administrativa, según los nuevos documentos de Panamá Papers que analizó LA NACION, en una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Süddeutschen Zeitung. Martelli afirmó que el único activo de Cristina Finances SA es una casa de veraneo de unos 200 metros cuadrados en Punta del Este, producto de una herencia. Pero la sociedad offshore panameña tuvo más terrenos en el pasado: una escritura de 2005 revela que vendió seis lotes aledaños a una constructora por una cifra millonaria en dólares, algo que Martelli confirmó ante una nueva consulta periodística. Según el funcionario, él solo fue dueño de Cristina Finances "por un día" y debido a un error administrativo, ya que el 7 de mayo de 2016 le cedió todas las acciones a su hermana, Andrea. Por eso -añadió- no incluyó a la sociedad offshore panameña en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. "En el reparto de bienes de la herencia, decidimos que mi hermana se quede con la casa de Maldonado porque ella vive en Uruguay", dijo. Para sustentar su versión, el funcionario exhibió ante LA NACION un certificado de acciones de Cristina Finances a nombre de Andrea Martelli, con fecha del 7 de mayo de 2016. Es decir, 24 horas después de haberse emitido el primer papel a su nombre. "Fue un error administrativo sobre un bien heredado. No hay nada trucho", enfatizaron cerca del funcionario. Ese certificado, sin embargo, acumula inconsistencias. Emitido a nombre de su hermana, fue firmado por alguien llamado Guillermo Domínguez como presidente nominativo de la sociedad. Pero según cotejó este medio en el Registro Público de Panamá, Domínguez recién asumió en ese cargo el 13 de octubre de 2016. Es decir, cinco meses después de la fecha de emisión de ese supuesto certificado. ¿Cómo pudo Domínguez firmar un documento cinco meses antes de asumir? ¿Se adulteró un documento? ¿Se antedató? Consultado una vez más, Martelli replicó que pudo tratarse de una "fecha valor" y remitió la consulta a un familiar que señaló que fue una "equivocación" que habría cometido el estudio uruguayo Damiani, intermediario entre la familia Martelli y el bufete panameño Mossack Fonseca. El estudio Damiani realizó un largo trámite burocrático, que demoró tres meses, para poner a nombre del funcionario Eduardo Martelli las acciones de Cristina Finances. Los trámites se complicaron cuando Mossack Fonseca detectó que Martelli ocupaba un cargo público en la Argentina. En las decenas de mails cruzados entre los panameños y el estudio uruguayo, Martelli siempre fue señalado como el "BO", es decir, el beneficiario final de la sociedad. El funcionario negó haber tenido ese rol. El estudio Damiani envió a Mossack Fonseca, el viernes 1° de abril de 2016, un correo electrónico con el CV de Martelli, una copia de su pasaporte, un servicio público a su nombre y una carta de referencia como cliente del banco ICBC. La aprobación llegó el 6 de mayo, cuando se emitieron las acciones. ¿Cómo logró Damiani que se apruebe una nueva emisión de acciones en apenas 24 horas, sin pedir documentación respaldatoria, a favor de la hermana de Martelli? Más aún cuando el día que se emitió el nuevo certificado -con la firma de Domínguez, que no podía firmar- fue sábado, 7 de mayo de 2016, cuando el Registro de Panamá estaba cerrado, como toda oficina pública en ese país. Durante los meses que siguieron, los estudios Damiani y Mossack Fonseca intercambiaron decenas de mails. Pero en esos correos, Martelli siempre apareció consignado como el único accionista de Cristina Finances, mientras que nunca aludieron a su hermana, la supuesta dueña, que tampoco apareció en ninguno del 1, 2 millones de documentos que integran la nueva filtración de Panamá Papers. En esos correos electrónicos, además, Mossack Fonseca preguntó "si en efecto Cristina Finances es accionista de una sociedad en los Estados Unidos; ya que esta información consta en registro. En caso afirmativo, favor proporcionarnos nombre de la misma y a qué se dedica la empresa". Pero solo cosechó silencio desde Uruguay. Consultado una vez más, Martelli lo negó. El ingreso de Martelli a la función pública data de 2008. Su casa de Punta Ballena, que aparece bajo el control de la sociedad offshore Cristina Finances, no fue el único activo que controló la firma offshore en Uruguay, según documentos oficiales. En septiembre de 2005, Cristina Finances vendió los lotes 2733, 2737, 9646, 9640, 9090 y 12.684 del departamento de Maldonado a la sociedad Safidal SA, que pagó una cifra millonaria y en dólares, acorde a los valores del mercado inmobiliario en Punta del Este. La operación se hizo parte al contado y el resto en cuotas por esos predios con vista al mar. Junto a Martelli indicaron que esa información era correcta. Pero replicaron que esos lotes integraban el predio de la casa en Punta Ballena. "La propiedad tenía terrenos a los dos lados de la ruta y se decidió poner una parte de los lotes a la venta", indicaron, sin precisar quién o quiénes recibieron esos millones de dólares ni quién o quiénes tributaron por esos ingresos. Eduardo Martelli declaró $6 millones en su última declaración jurada pública, de 2016.
