"Siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”. Así comienza un escrito presentado por el entonces ministro de Comunicación Oscar Aguaden el expediente de la deuda de Correo Argentino. El documento hecha por tierra el dictamen con el que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, intentó desligar a Mauricio Macri de la causa donde intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos. Según Alonso, que declaró que se enamoraría de Macri y que no dudaba de su honestidad, el Presidente no violó la Ley de Ética Pública en torno a la causa donde sus funcionarios casi le perdonan la multimillonaria deuda a su familia. Deuda de la que, vale recordar, los Macri aún no pagaron un centavo. En la página 24 de su dictamen, Alonso asegura que “no surge intervención alguna del Señor Presidente de la Nación, ni en la aceptación de la propuesta de pago efectuada por CORREO ARGENTINO SA, ni en ningún otro asunto vinculado a dicho concurso de acreedores”. En la 26, reitera que “del análisis de las actuaciones, no se desprende que se haya trasgredido este deber de abstención, pues no surge ninguna participación del Señor Presidente de la Nación en la decisión cuestionada por la Fiscal BOQUIN, ni en la aceptación de la propuesta de pago efectuada por CORREO ARGENTINO SA, ni en ningún otro asunto vinculado a dicho concurso de acreedores”. En la 27, que Macri “tampoco omitió el deber de abstención” en este caso que ordena la Ley de Ética Pública, algo que luego repite en las conclusiones. El documento que hoy revela El Destape demuele estos argumentos. Fue presentado ante la Cámara Comercial el 20 de febrero de 2017 y lleva la firma de Aguad. En esas líneas queda claro que Macri no cumplió el deber de abstención en este caso, sino todo lo contrario. El párrafo que contradice a Alonso e implica a Macri dice: “Siguiendo expresas instrucciones del Presidente de la Nación, retracta la aceptación efectuada por el representante del Estado Nacional a la propuesta concordataria realizada por la concursada - Correo Argentino SA -en la audiencia de fecha 28 de junio del año 2016. Sin perjuicio de no compartir ni los fundamentos ni el espíritu ni las conclusiones del dictamen de la Sra. Fiscal que intervino en esta causa”. El subrayado está en el original. Esta párrafo tiene muchas cuestiones para analizar. La primera frase es explícita y revela lo obvio: que toda la maniobra tuvo el control del propio presidente Macri. El escrito fue presentado a los pocos días de que Macri hablara públicamente del tema y dijera que había ordenado volver todo a “foja cero”, demostrando que su conocimiento de cómo funciona un expediente judicial es proporcional al imaginario que tiene de su propia impunidad. Con esas palabras, el propio Macri desmintió públicamente el dictamen de Alonso. Ahora, con este documento que publica El Destape, los papeles también desarman la intención de la enamoradiza titular de la Oficina Anticorrupción. Las contradicciones respecto a si Macri sabía del tema o no quedaron en evidencia apenas se destapó el escándalo. Aguad, que en un principio dijo que Macri no sabía nada del asunto, luego reconoció que le había comentado el tema al jefe de Gabinete Marcos Peña. Y Peña tuvo que reconocer: “nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema; con tranquilidad, nunca entramos en detalle ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley”. El documento que hoy publica El Destape corrobora que Macri sabía y ordenaba. Por otro lado, el documento asegura que no comparten la posición de la fiscala Gabriela Boquin, que rechazó el acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri que implicaba la condonación de más de 70.000 millones de pesos. La pregunta obvia es: si no están de acuerdo con la posición de Boquin y aseguran que todo fue lícito, ¿por qué retractarse? Amén de que, según consultó El Destape con especialistas en materia de concursos y quiebras, la jurisprudencia no es unánime respecto a si se puede “ir para atrás” luego de la aceptación de una propuesta. Alonso demoró su opinión sobre este caso casi un año y medio. Luego, filtró su dictamen a los medios el día que Argentina jugaba con Islandia, con clara intención de que pasara de largo frente a la fiebre mundialista. En su escrito, Alonso intenta invertir la carga de la prueba y dirige casi toda su atención a criticar a la fiscala Boquin. Tal vez para no romper su record de no encontrar un solo caso de conflicto de interés en el Gobierno que integra. En el documento constan los argumentos de defensa de Aguad y de Juan Manuel Mocoroa, el funcionario que cumplió las directivas de aceptar la oferta de los Macri. No consta, sin embargo, ni una línea de un descargo del propio presidente Macri, por lo que o no lo hizo o su enamorada no lo incluyó. Aguad, en su defensa, afirmó que “resultaba necesario tomar medidas urgentes”, que todo se hizo en un “marco de garantía y transparencia” y planteó que incluso las sindicaturas que debían controlar el proceso estuvieron de acuerdo. Se olvidó de mencionar, por ejemplo, que una de ellas la ejercer Julio César Rivera, histórico abogado de los Macri y a quien el presidente incluyó en la lista de conjueces para la Corte Suprema y en la comisión para la reforma del Código Civil y Comercial. También que, como muestra hoy El Destape, él mismo dejó la prueba de que Macri intervino en este expediente.
