Tras cinco años sin datos (de 2009 a 2013), conocer las estadísticas criminales del país fue uno de los objetivos de Patricia Bullrich al asumir en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con esa premisa, su equipo encaró la renovación del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), la herramienta con la que la Cartera buscará subir la calificación dada por la ONU en materia de clasificación de estadísticas del delito. En ese marco, la Ministra presentó -junto al Secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el jefe de Gabinete del ministerio; Gerardo Millman; la subsecretaria de Estadística Criminal, Mariela Budiño y Enrique Thomas, secretario de Gestión Federal de Seguridad- los números del 2017, que colocan a Argentina en el segundo lugar, con menos homicidios dolosos en América Latina, con una tasa de 5, 2 por ciento cada 100 mil habitantes. En 2016, el número ya había descendido del 6,6, en 2015, al 6 por ciento. El país se ubicó detrás de Chile -con 3, 5 por ciento de homicidios- y por encima de Ecuador -con una tasa del 5, 8 por ciento-. De los tres, Argentina fue el único en bajar el indicador durante el año pasado. En 2015, el SNIC registró en el país 2837 víctimas; 2605, en 2016 y 2293, el año pasado. Es decir que hubo 312 homicidios menos en los últimos dos años. Según los datos, a la vez, disminuyó un 6 por ciento la tasa de delitos contra la propiedad. En 2015, hubo 1999 hechos, cada 100 mil habitantes. El número descendió a 1942 al año siguiente y, en 2017, continuó a la baja con 1828. Lo mismo ocurrió con los robos y los hurtos, con un descenso de 7 y 6 por ciento, respectivamente. Respecto a los hurtos, el elevado número de robo de celulares aún preocupa a las autoridades del Ministerio, que aún no ven los resultados del programa “Registra tu línea y habla seguro” o el llamado al 910, para denunciar el aparato robado, debido a que no han logrando que los usuarios los utilicen. Argentina se ubicó detrás de Chile -con 3, 5% de homicidios- y por encima de Ecuador -con una tasa del 5, 8%-. Bullrich atribuye los descensos a un policiamiento menos estático, una mejor distribución de los recursos, de acuerdo a los datos vertidos por los mapas de calor implementados por las provincias de forma homologada, y el uso de tecnología, pese a un presupuesto que todavía resulta “apretado” para la seguridad interior. En cambio, un aumento del 6 por ciento en la tasa de lesiones dolosas, que fue de 342 a 363 entre 2016 y 2017, merece especial atención a conflictos intrafamiliares, vecinales, enfretamientos entre barras y bandas delictivas. También se registró un aumento del 4 por ciento de amenazas, relacionadas, principalmente, a la virulencia política del año pasado y a los llamados a escuelas, realizadados durante las últimas elecciones legeslativas. El Gobierno aplica una política de cero tolerancia a estos mensajes intimidatorios, ya sean telefónicos o por redes sociales. En cuanto a la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, no se espera que alteré el esquema actual. “No nos vamos a mover un mílimetro de la frontera”, dice la ministra quien se muestra conforme con el esquema actual. Se estima que con el cambio, unos 300 gendarmes quedarán liberados para reforzar operaciones anti narco y otros delitos complejos. DELITOS COMPLEJOS. El aumento del número de víctimas rescatadas del delito de trata de personas es otro motivo de orgullo para la gestión de Bullrich. En 2017, las fuerzas federales rescataron un 95 por ciento de personas explotadas más que en 2016. La cifra de 2015, 1058 víctimas rescatadas, había descendido en 2016 a 709; mientras que en 2017, ascendió a 1386, según datos del Sistrata y el Ministerio. La mayor cantidad de personas rescatadas fueron explotadas laboralmente, un delito que se concentra, en las provincias del Noroeste argentino y en zonas de cosecha como Misiones y Mendoza. En tanto, la explotación sexual se registra, principalmente, en centros urbanos y regiones petroleras donde existe un nivel adquisitivo alto y desarraigo como Comodoro Rivadavia, Neuquén y Tierra del Fuego. Respecto a 2016, en 2017, se secuestró un 8% más de marihuana (122.297 kg. frente a 132.590 kg. ) y 120% más de cocaína. Desde el ministerio a cargo de Bullrich perciben mayor efectividad en las investigaciones y una mayor cantidad de denuncias en las provincias del interior. En el pasado, los procedimientos se focalizaban, casi con excliusividad, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Otro de los puntos que interesa combatir al Gobierno es el narcotráfico, un área dónde también se evidecian aumentos de incautaciones. Respecto a 2016, en 2017, se secuestró un 8 por ciento más de marihuana (122.297 kg. Frente a 132.590 kg. ) y 120 por ciento más de cocaína (5.508 ante 12.133). Lo mismo ocurrió con las drogas sintéticas (extasis, anfetaminas y LSD): hubo un 25 por ciento más de este tipo de estupefacientes secuestrados (146.065, en 2016 y 182.700, en 2017). Atribuyen esos indicadores a un mejor trabajo de inteligencia criminal que llevó a la incautación de grandes cantidades de drogas. Tal es el caso de Bobinas Blancas y el secuestro de dos toneladas en Santiago del Estero. También destacan la colaboración internacional entre las policías de los diferentes países -como España, Holanda, Portugal, Colombia y Canadá, entre otros- y la mayor participación de Prefectura en procedimientos fuera del agua. La venta ilegal de autopartes es, en Argentina, uno de los delitos que se cometen a la vista de todos. “Es difícil no ver los desarmaderos en todo el país”, advierte Bullrich quien busca desalentar la venta ilícita para desalentar el robo de autos. En este sentido, hubo un crecimiento del 610 por ciento de autopartes secuestradas por parte de las fuerzas federales. En 2015, se secuestraron 10.599; en 2016, 633.822; mientras que en 2017 se secuestraron 4.499.669, un número similar a las autopartes secuestradas en lo que va del 2018. Por otro lado, se detectó una merma en la cantidad de secuestros extorsivos, focalizados en la zona oeste y sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. De 294 en 2015, descendió a 227 en 2016, a 185 en 2017. La modalidad más frecuente utilizada por los secuestradores es retener a la víctima por unas dos o tres horas y liberarlas tras el pago de rescate. La política de seguridad respecto a este delito, es no sólo lograr la liberación del rehén, sino también perseguir a las bandas. En ese sentido, desde el ministerio destacan la actuación del fiscal Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos. Una nueva categoría detalla la cantidad de “muertes por enfrentamientos” de efectivos y civiles. La primera, disminuyó el 68 por ciento respecto a 2016. En 2014, hubo 1, 6 muertes de integrantes de las fuerzas de seguridad federales, cada 10 mil efectivos. En 2015, el la cifra subió a 2, 2 y continuó en alza durante 2016, con un 2, 6. En 2017, descendió al 0, 8. Creen que la disminución tiene que ver con las capacitaciones “de cuidado” y protección a las que asisten efectivos de todas las fuerzas federales, abiertas a las policías provinciales. La mayor cantidad de homicidios de agentes se da durante la ida y la vuelta del trabajo. Asimismo, bajó la cantidad de civiles muertos en enfrentamientos. En este caso, disminuyó el 20 por ciento. En 2014, hubo un 10, 4 de muertes cada 10 mil efectivos; en 2015, descendió al 8, 6; en 2016, al 5, 7; y en 2017, a 4, 6.
