SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. - Susana Trimarco , la mamá de Marita Verón, secuestrada el 3 de abril de 2002 en Tucumán, deberá rendir cuentas ante la Justicia Federal en el marco de una causa que investiga un presunto fraude millonario en perjuicio del Estado nacional. El 4 de diciembre de 2015, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner , la Fundación María de los Ángeles, presidida por Trimarco, recibió un desembolso de $5, 6 millones para comenzar la construcción de un jardín de infantes en el predio del exhospital Militar, que pertenece al Ejército, en la capital tucumana. Ese dinero equivalía al 25% del monto total de la obra, que se había presupuestado en $22, 4 millones, con aportes del entonces Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido , hoy preso en una causa por corrupción. Sin embargo, de acuerdo a la investigación que llevó adelante el fiscal federal Carlos Brito, la obra ni siquiera fue iniciada. Por esta razón, solicitó que sean citados a declarar Trimarco, el secretario de la Fundación, Gastón Robles, y la tesorera de esa ONG, Alicia del Valle Trimarco, que es prima de la mamá de Marita Verón. El expediente, al que LA NACION tuvo acceso, está en manos del titular del Juzgado Federal Número 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien en los próximos días deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal Brito. La denuncia contra Trimarco fue realizada en marzo de 2018 por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda tras la realización de una auditoría en la que se constató un presunto manejo irregular en el manejo de los fondos otorgados a la Fundación María de los Ángeles para la realización de las obras. Antes, en abril de 2016 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya había ordenado a la ONG presidida por Trimarco la inmediata devolución del predio del exhospital Militar, que tiene una superficie total de cinco hectáreas. Entre otras cuestiones, se habría constatado la falta de documentación que justifique el monto del convenio entre la Fundación y el gobierno nacional, la ausencia de un plan de obra con modo y plazo de ejecución y una carátula de expediente de pago generada con anterioridad a la carátula del expediente del proyecto de obra. En el predio perteneciente al Ejército, se iba a construir un centro materno infantil que brindaría contención a mujeres víctimas de la trata de personas y de la violencia de género y sus hijos. El convenio entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas (su titular era José López) del entonces Ministerio de Planificación Federal y la Fundación María de los Ángeles para el financiamiento de la obra se había firmado en noviembre de 2015. El monto contractual ascendía a la suma de $22.466.86 (la cifra no estaba actualizada al momento de la denuncia), mientras que el anticipo financiero pactado para el inicio de la obra era de $5.616.715. El plazo estipulado de la obra, conforme estaba previsto en el convenio, era de 12 meses a partir de la fecha del acta de inicio, la cual debía ser confeccionada en un plazo de 30 días a partir del cobro del anticipo financiero. La Fundación nunca cumplió con esa rendición de cuentas, ni siquiera tras recibir una intimación por parte del Ministerio del Interior de la Nación. La ONG tampoco cumplió con la devolución de los fondos, tal como había solicitado el Gobierno nacional. En el dictamen firmado por el fiscal Brito en el que solicita la indagatoria de Trimarco, se advierte que "se otorgó la suma de $ 5.616.715 a la Fundación como anticipo para la realización de la obra denominada 'Refuncionalización del Predio del exHospital Militar y Remodelación Jardín de Infantes Ángeles de María'; no obstante, conforme constataciones realizadas en el predio, jamás se inició dicha obra". El fiscal advirtió que "no sólo no se inició la obra para la cual se había otorgado el dinero, sino que luego de ser intimada la Fundación a los efectos de que procediese a su devolución, la señora Trimarco solicitó mediante nota (identificada como CUDAP TRI S02: 00158835/2017) fechada el día 28 de abril de 2017, un plazo de 90 días a fin de dar cumplimiento con la devolución de la suma requerida, lo cual no aconteció pese a haber transcurrido holgadamente dicho plazo". Según Brito, "la Fundación María de los Ángeles no dio ninguna explicación del motivo porque desde que percibió los fondos correspondientes al anticipo de $ 5.616.715, que se le depositó el 4 de diciembre de 2015, no ejecutó obra alguna con esos fondos y tampoco dio razones del destino de los mismos". Y advirtió que "conforme surge de la documentación que se adjuntó a la denuncia, mediante nota del 9 de febrero de 2018, jamás se efectivizó la devolución de los fondos requeridos por parte de la Presidenta de la Fundación María de los Ángeles". Para el fiscal federal tucumano, todos los elementos colectados durante la investigación preparatoria permiten tener por acreditado que los acusados habrían incurrido en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, por lo que requirió su indagatoria. Consultada por LA NACION, Trimarco se mostró sorprendida por el avance de la causa penal. "No sé de qué hablan en la Justicia, porque nosotros ya devolvimos todo, hicimos todas las presentaciones con lo que nos pidió la Nación. De ese dinero, se devolvió una parte y el resto quedó como una ayuda económica para el pago de los sueldos de la gente", explicó la presidenta de la Fundación, quien contó que está viajando a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales. Trimarco aseguró que trató este asunto con el presidente Mauricio Macri . "Hablamos con el Presidente, con Carolina (Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación) y con María Eugenia Vidal (gobernadora de Buenos Aires), que son quienes me acompañaron", afirmó.
