Preocupado por el aumento de la conflictividad social, el Gobierno apura la definición del marco legal para movilizar efectivos del Ejército y de la Armada a la frontera y traer, básicamente, más gendarmes a los grandes centros urbanos del país. El martes el presidente Mauricio Macri ordenó a su gabinete de Seguridad y Defensa poner en marcha ese plan, en la medida de que le preocupa que el ajuste de la economía que está produciendo la crisis cambiaria aumentará la cantidad de paros, bloqueos de rutas y marchas en todo el país. En particular, desde sector del Gobierno ven con preocupación la escalada que está dando el líder camionero Hugo Moyano al conflicto salarial con la cámara de empresarios de su sector. Del paro de 24 horas del jueves, su sindicato anunció una nueva huelga de dos días, más el apoyo al paro general de la CGT del 25 de este mes. Pero Pablo Moyano habló de “tomar la calle”. Además, Moyano tiene un frente judicial complicado con siete causas abiertas en su contra. El plan para reemplazar con militares a efectivos de la Gendarmería y, en menor medida, de la Prefectura que serán concentrados en las áreas metropolitanas fueron presentados el martes pasado a Macri por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Oscar Aguad, y el que cada vez más influyente secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. A la reunión también asistieron el Jefe del Estado Mayor Conjunto teniente general Bari del Valle Sosa, el Director Nacional de Gendarmería comandante general Gerardo Otero, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, y el Coordinador General del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman. Voceros de Defensa afirmaron que “se decidió impulsar reformas normativas, volviendo a lo estrictamente previsto en las Leyes de Defensa y Seguridad Interior vigentes”. La referencia a estas leyes de la época de Alfonsín es una respuesta a las críticas del CELS y otros grupos kirchneristas. En el debate interno por este nuevo esquema territorial y organizativo expusieron el número uno de Gendarmería y antes lo había hecho su colega de Prefectura, pero llamativamente hasta hoy no participaron en la planificación altos oficiales del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, quienes -en definitiva- tendrán que decidir desde qué unidades saldrán este año mil militares hacia la frontera y cinco mil más, el año próximo, contaron a Clarín fuentes castrenses. En el más alto nivel del Gobierno se mantiene la indefinición sobre anular, modificar o mantener el polémico decreto 727/06 del ex presidente Néstor Kirchner, impulsado por la ex ministra de Defensa y actual diputada nacional Nilda Garré, que reglamentó la ley de defensa de 1988 y aplicó un criterio muy restrictivo del uso de las fuerzas armadas. Dice que solo podrán actuar ante la agresión de una fuerza armada extranjera de otro Estado. Así, en teoría, las ff.aa. no podría repeler un ataque del grupo terrorista Al Qaeda porque no hay un estado detrás. Una alta fuente de Defensa contó que aún no se decidió si se anula el decreto de Garré, solo se le sacan unos párrafos o no se lo toca porque sirvió, durante el kirchnerismo, para darle cierta cobertura legal a la participación de militares en el operativo “Escudo Norte” contra el narcotráfico. Pero altos oficiales aconsejaron a Aguad que se le de, antes de ser desplegados, un “paraguas” legal a los militares y entrenamiento en temas de seguridad como proteger una central hidroeléctrica. Entonces se analiza aplicar un viejo decreto aún vigente, el decreto ley 15.383 de 1944 del gobierno militar, surgido con el golpe de Estado de 1943 que encumbró a Perón en la política nacional. Obviamente, este decreto necesitaría una actualización. Esta norma creó en todo el territorio nacional “zonas de seguridad de fronteras” y “zonas de seguridad interior”, que servirían como escudo legal para los militares. En su artículo segundo, ese decreto establece “zonas de seguridad “ hasta 30 kilómetros de la frontera y puntualiza que “en los centros urbanos será objeto de una regulación especial”. No es lo mismo, entonces, la represa del Chocón que las centrales nucleares en la ciudad bonaerense de Atucha. El decreto también dispone “proponer normas de seguridad a todos los organismos nacionales, provinciales y municipales que ejerzan acción en dicha zona de seguridad”. La vieja norma establece, además, que “en caso necesario” los servicios de Gendarmería y Prefectura “podrán ser reforzados con personal y elementos de los ministerios de Guerra y Marina”, como se llamaba antes del hoy unificado ministerio de Defensa. Los militares que se movilizarán realizarán tareas de seguridadde los radares de la Fuerza Aérea para captar vuelos ilegales y de las centrales hidroeléctricas, entre otras tareas. Además, harán tareas de transporte de tropas y logística en helicópteros. "La idea es blindar la frontera norte para frenar el avance del narcotráfico", revelaron altas fuentes oficiales a este diario. Estas medidas permitirán que algunos gendarmes dejen esas tareas y puedan ser movilizados a los centros urbanos para combatir la inseguridad y, a través de los llamados “escuadrones móviles” intervenir en casos de cortes de rutas u otras medidas que bloqueen la libre circulación por la Argentina. Con la atención puesta en los pasos limítrofes ilegales de la frontera norte "se están definiendo acciones conjuntas para cubrir el territorio desde Salta a Misiones, con dotación de personal que se incorpore gradualmente y rotación periódica, a efectos de tener mayor presencia de las instituciones del estado", agregaron las fuentes de Defensa. Mientras tanto, fuentes del ministerio de Seguridad señalaron que Bullrich “no sacará 3 mil gendarmes de sus 800 puestos de frontera o prefectos de sus 250 porque no quiere descuidar el decomiso de drogas que aumentó el 200 por ciento en los últimos dos años”. Sin embargo, la ministra impulsa una “reestructuración operativa” de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Prefectura para sacar más efectivos de las oficinas y ponerlos en las calles de la Capital, el Gran Buenos Aires y otros populosos centros urbanos del país. El proyecto de sacarles el estado militar a suboficiales para que puedan sumarse a la gendarmería también se descartó porque varios generales del Ejército habían adelantado que pedirían el pase a retiro como forma de protesta ante una medida como esa que significaría otra pérdida de tropas. Actualmente, el Ejército se quedó solo con 6.100 oficiales, 23.300 suboficiales y 19 mil soldados voluntarios. El retraso en dar una definición sobre el futuro de las ff.aa. que se pensaba iba a ser anunciado luego de la tragedia del submarino ARA San Juan en noviembre del año pasado, creó inquietud entre mandos militares, que temen que todo sea una excusa para reducir aún más a la estructura castrense. Después de todo, la tragedia de Once de 2012 obligó al gobierno de Cristina a invertir en equipamiento ferroviario, pero no se dio una respuesta similar frente al naufragio del San Juan. La semana pasada, Macri anunció la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden "apoyo logístico a las fuerzas de seguridad", al encabezar el acto por el 208° aniversario del Ejército. Al día siguiente el CELS y un grupo de intelectuales asesorados informalmente por Garré y su sucesor en Defensa, Agustín Rossi, salieron a afirmar que el Gobierno quería usar a los militares para la “represión interna”, lo que preanuncia el intenso debate que generará cualquier paso en esta dirección. Sin embargo, durante las gestiones de Garré y Rossi con el operativo “Escudo Norte” efectivos del Ejército patrullaron la frontera acompañados por un gendarme, haciendo tareas de seguridad interna. De esta experiencia, el gobierno de Cambiemos sacó varias lecciones. “Movilizar militares por movilizar solo creó una enorme deuda con los militares por los viáticos. Hay que definir funciones concretas con una lógica de productividad”, contó una alta fuente del Gobierno. Sin embargo, durante las gestiones de Garré y Rossi con el operativo “Escudo Norte” efectivos del Ejército patrullaron la frontera acompañados por un gendarme, haciendo tareas de seguridad interna. De esta experiencia, el gobierno de Cambiemos sacó varias lecciones. “Movilizar militares por movilizar solo creó una enorme deuda con los militares por los viáticos. Hay que definir funciones concretas con una lógica de productividad”, contó una alta fuente del Gobierno. En una entrevista con el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino, Bullrich dijo el lunes que "no se está pensando el ejército mezclado con las fuerzas de seguridad federales... El decreto (727 del 2006) que dejó Garré genera una sola hipótesis de conflicto”. Este decreto reglamentario de la Ley de Defensa dice que las ff.aa. solo puede actuar frente a la agresión de “un estado extranjero”. En ese sentido, Bullrich preguntó: "¿el ISIS (el estado islámico) es un ejército o una fuerza armada extranjera? ¿Hezbollah que voló la AMIA en Argentina es un estado extranjero? No. Con este criterio, el ejército americano no podía actuar en el 11-S porque los terroristas de Al Qaeda no eran un ejército que atacaba”.
