Seguridad

Una acusación con muchos huecos

Uno de los detenidos tiene el ticket de la pizzería en cuya puerta fue arrestado. Otros dos están filmados lejos del lugar que figura en el sumario. “Hubo 31 personas detenidas arbitrariamente para ocupar la tapa de los diarios”, dicen los abogados defensores.

Muchos de los detenidos en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado tienen pruebas de que no estaban en los disturbios donde la policía de la Ciudad dice que los detuvo, ni fueron arrestados a la hora en que la policía dice que los arrestó. Del docente José Morales, por ejemplo, el acta de detención asegura que lo agarraron en la Plaza de Mayo, frente de la Casa Rosada, cuando estaba tirando botellas y piedras “y quemando carros de basura”. Morales, sin embargo, tiene el ticket de la pizzería donde, después de participar en la marcha, fue a comer, a siete cuadras de donde se supone que estaba tirando piedras y el verdadero lugar donde fue arrestado. De otros dos detenidos la policía sostuvo que los detuvo también en la plaza de Mayo, a las 20:18 horas, y que estaban empujando las vallas que rodean la casa de gobierno; sin embargo, sus abogados señalan que hay filmaciones que los muestran dos horas más tarde en la esquina de Avenida de Mayo y San José. Para los defensores no hay dudas de que detrás de los arrestos del viernes a la noche hubo un armado. La secuencia puede contarse así: los incidentes comenzaron una hora y media después de que terminara la movilización por Santiago Maldonado; una vez que comenzaron, la policía salió a reprimir y detuvo al por mayor, a cualquiera, acusándolo de haber participado en los disturbios. Los detenidos fueron indagados durante toda la tarde de ayer. “Escuché las indagatorias, y puedo decir que ninguno tuvo que ver con los incidentes. Hubo 31 personas que la policía se llevó arbitrariamente, sólo para que algunos diarios tuvieran el sábado una tapa centrada en los disturbios y no en el reclamo masivo por la aparición de Maldonado”, resumió María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. Por la noche, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi dispuso la libertad de todos. “José Morales había ido a la marcha. Ahí se encontró con dos compañeros, docentes como él. Al terminar la movilización decidieron ir los tres a comer algo. Entraron a pizzería de Bernardo de Irigoyen al 90, pidieron una pizza y una bebida. Estaban comiendo cuando irrumpe policía motorizada y empieza a correr a unos chicos que estaban haciendo una batucada en la vereda. Él se acercó porque le pareció una situación super injusta, y uno de los policías, medio a traición, de espalda, les tira gas pimienta. Entonces Morales empieza a increparlos por la situación, lo aplaude por el gas pimienta en forma irónica, y ahí ya lo derriban, lo tiran al piso. Le llenan la cara de gas pimienta, dejan tres horas sin poder abrir los ojos. Lo detienen , lo precintan y lo meten adentro del celular”, contó Verónica Quinteros, abogada de Liberpueblo. La defensora remarca la torpeza del armado policial: “el acta de detención dice que lo apresan frente a Casa Rosada y él fue detenido en otro lugar. Además está el pago de la comida, y dos personas de testigo. No coincide tampoco el horario. O sea: nada que ver con los hechos que se imputan en el acta. Ni los hechos, ni el lugar de detención ni el horario de detención”. Otros de los detenidos fueron dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Mourenza y Ezequiel Medone, que estaban cubriendo la movilización. La abogada María del Carmen Verdú advirtió que las actas dicen que “los detuvieron a las ocho de la noche porque tiraron el vallado de la Casa de gobierno, cuando los tenemos filmados, dos horas más tarde, en la esquina de Avenida de Mayo y San José”. También está antedatada la detención de otra persona, que puede mostrar que a la hora en que la policía dice que la arrestó, estaba mandando mensajes con su teléfono celular. Los familiares de los detenidos, acompañados por organizaciones sociales e integrantes de organismos de derechos humanos, se juntaron el sábado en las comisarías donde habían trasladado a los presos para tratar de verlos y reclamar por su liberación. En principio los 31 iban a ser llevados ante el juez recién hoy, pero la presión logró acelerar los tiempos y pudieron ser indagados ayer. En el primer contacto con los defensores –integrantes de los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como Correpi, el Ceprodh, Liberpueblo, Apel– pudieron hacer saber sobre los maltratos que recibieron. “ En Comodoro Py (donde los trasladaron para las indagatorias) los tuvieron en celdas muy pequeñas, tres personas en una celda de 1 metro por 1 metro y medio. Tenían marcas en las muñecas por las esposas y los precintos. Una de las chicas es mamá de un bebé al que, por supuesto, no pudo amamantar. A otro compañero, que usa lentes de contacto y en la represión le habían tirado gas en los ojos, no le permitieron limpiar las lentes”, señaló Lilen Reyes. Estos maltratos fueron puestos en conocimiento del juez, con el que los organismos, después de terminadas las indagatorias, pidieron reunirse. “La reunión consistió en el reclamo por los tres días que llevaban detenidos y por las condiciones en las que se llevó a cabo la detención, porque algunos tienen heridas de balas de goma desde el mismo día de la represión y hay que tener en cuenta que se los está acusando de los delitos de intimidación pública, y atentado y resistencia a la autoridad”, detalló Aufieri. Como parte del armado que denuncian, los abogados señalan que ven un patrón, una especie de esquema previo, por el que la policía “puso” a los arrestados como si hubieran participado de una serie de grupos: “grupo bombas molotov”, o “plaza de mayo”. “Agarraron un listado de gente y los pusieron en diez hechos. No hay imputaciones concretas, del tipo ‘tal persona rompió este vidrio”, sino que presentaron imputaciones generales, ‘tal grupo tiró piedras y quemó un contenedor’, y en cada grupo meten a varias personas. Esto es lo que nos genera sospechas”, explicóQuintero. En el expediente hay 600 fojas con imágenes de los disturbios y detenciones que, junto con lo que dicen los sumarios policiales, constituyen la prueba contra los detenidos. Las falsedades introducidas en las actas de detención quedaron rápidamente al descubierto; corroborar si lo que muestran las imágenes respalda las acusaciones va a llevar más tiempo. Lo que ya está claro es que los “errores” por los que hubo detenidos falsamente acusados no fueron uno o dos, ni cinco o seis. Las pruebas muestran que fueron arrestados en un lugar distinto al que dicen los efectivos, a otra hora, y metidos con fórceps en el escenario de los disturbios. Si esto se comprueba, la pregunta que quedará planteada es si un manejo de este orden pudo haber sido hecho por la policía de la Ciudad por cuenta propia.

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