El ajuste fiscal y las reformas propuestas por el gobierno argentino para acceder al programa del Fondo Monetario Internacional incluyeron la venta de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La liquidación del fondo contracíclico de la seguridad social (ver aparte) acompañará al recorte en la obra pública, las menores transferencias a las provincias, los aumentos de tarifas y la reducción del empleo público. Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política monetaria y cambiaria. Los detalles de las condicionalidades asociadas al crédito por hasta 50.000 millones de dólares comenzaron a revelarse con la publicación de la Carta de Intención y el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras enviada al organismo multilateral. Si el ajuste ofrecido al FMI no fuera suficiente para lograr la pretendida reducción del déficit fiscal, las autoridades del Palacio de Hacienda y el Banco Central prometieron “tomar medidas adicionales para alcanzar los objetivos”. La carta está firmada por el ministro Nicolás Dujovne y el desplazado presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger. Después de abandonar su metas de inflación para este año, las autoridades indicaron en los textos enviados a la mandamás del Fondo, Christine Lagarde, que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. Con el programa en marcha, la economía cerrará el año en recesión y arrojará un magro crecimiento que oscliará entre 0, 4 y 1, 4 por ciento. “Disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos”, es uno de los objetivos centrales que aseguran tener las autoridades argentinas a la hora de solicitar el financiamiento del FMI. El mecanismo para contener la corrida cambiaria y abordar la estructural escasez de divisas consiste en permitir “operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo”. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un salto del 52 por ciento. Sturzenegger fue reemplazado ayer por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El memorándum de políticas enviado a Lagarde reitera la incumplida promesa del BCRA de minimizar sus intervenciones al sostener que “estamos completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”. Los documentos proponen restringir formalmente la capacidad de intervención de la banca central en la plaza cambiaria. Vender las acciones de grandes empresas y los títulos públicos en poder del FGS de la Anses es un anhelo que exhiben los funcionarios cambiemitas desde que llegaron a la Casa Rosada (ver aparte). “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, sostiene el memorándum de políticas económicas que redactó el Palacio de Hacienda. Los documentos refieren a los activos que conforman el FGS como fondos “incautados en 2008”. La decisión no solo implica desarticular el fondo contracíclico de la seguridad social sino que amputa una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía. Entre las propuestas de ajuste enviadas a Washington las autoridades argentinas le prometen “introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras”. El documento le recuerda al FMI la existencia de la comisión bicameral creada en 2016 que debe presentar un anteproyecto el año próximo. La seguridad social es un elemento recurrente en las evaluaciones de la economía argentina publicadas desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. A la hora de referirse al ajuste en el empleo público, las autoridades argentinas recurren a los eufemismos del FMI. En el léxico del organismo multilateral a la reducción de la plantilla de trabajadores estatales se le dice “racionalizar el empleo público”. Pero los esfuerzos por maquillar el discurso se agotan ahí. Para atacar esa fuente de gastos las autoridades proponen: “No renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes”. Los detalles del ajuste estatal fueron anticipados a comienzos de mes por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como un paquete de “austeridad y transparencia para el ahorro”. El recorte anunciado entonces como una iniciativa desvinculada del acuerdo con el FMI, contemplaba la terminación de, por lo menos, los 7000 puestos de trabajo estatales que están canalizados a través de convenios con distintas universidades nacionales. El compromiso oficial va más allá de la eliminación de las “posiciones redundantes”. El memorándum ofrece reducir el presupuesto destinado a las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Fadea, Radio y Televisión Argentina, Casa de la Moneda y YCRT. “Los costos asociados con las operaciones de desinversión o liquidación de entidades públicas, tales como la cancelación de contratos existentes o pagos de indemnización a los trabajadores, se asignarán a los gastos corrientes y de capital en consecuencia”, indica el documento al anticipar cómo se computarán en las finanzas públicas el cierre de firmas estatales y los despidos. El texto no ofrece precisiones sobre cómo, dónde y cuándo se realizará la “racionalización”. Después de abandonar la meta de inflación del 15 por ciento para este año, las autoridades económicas sostienen en los documentos que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. “Si bien lamentamos volver a reajustar nuestras metas de acuerdo a un sendero más alto de inflación, este cambio es inevitable dada la volatilidad del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales de la energía”, sostiene el texto remitido al FMI. A contramano del libreto repetido durante dos años por los economistas del gobierno, entre los factores que explican la aceleración en lo precios figuran la devaluación y la liberalización del precio de los combustibles. El 32 por ciento es el techo oficial para la inflación anual mientras que el piso es 22 por ciento. Con ese sendero, las autoridades esperan que el IPC marque 27 por ciento al terminar el año. En 2019 pretenden llevar los aumentos a 17 por ciento, para 2020 se proponen un 13 por ciento y cuando finalice el acuerdo con el FMI en 2021 añoran alcanzar una inflación anual del 9 por ciento. “Reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA”, sostiene el documento para referirse a los cambios en el funcionamiento de la autoridad monetaria que serán enviados al Congreso “antes de marzo de 2019”. El memorándum promete además que la entidad presidida desde ahora por Luis Caputo hará “lo que sea necesario para cumplir las nuevas metas de inflación”. Con la bandera de la independencia en alto, la normativa prohibirá que el Banco Central financie al Tesoro. Además la normativa establecerá nuevos mecanismos para el desplazamiento de las autoridades monetarias que ayer hubieran dificultado el desplazamiento de Sturzenegger. El memorándum reitera la decisión oficial de modificar la composición de los pasivos del BCRA para minimizar el stock de Lebac. La pretensión oficial es lograr que a finales de septiembre de 2019 los bancos nacionales sean los únicos tenedores privados de esos instrumentos. Los anuncios también establecen objetivos para el stock de reservas internacionales que restringen la capacidad de intervención en la plaza cambiaria. Para lograr la reducción del déficit fiscal que garantiza los desembolsos del FMI, Argentina prometió reducir los subsidios al transporte y la energía en un monto equivalente a 1, 1 puntos del PBI. La decisión impactará de manera directa sobre los hogares y las empresas. “Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad”, sostiene el texto. El ajuste fiscal equivalente a 3, 7 puntos del PBI o 19.300 millones de dólares se completará con una fuerte reducción en la inversión pública de 1, 6 puntos del PIB que representa una caída del 81 por ciento en términos reales. Para el Palacio de Hacienda existe margen para un recorte adicional “especialmente en infraestructura” si el programa no arroja los resultados esperados. Entre las ofrendas fiscales se destacan las menores transferencias a las provincias. Retrocederán 0, 6 puntos del producto que equivale a una baja del 74 por ciento en términos reales durante la vigencia del acuerdo con el FMI. El préstamo stand-by será analizado en el Directorio del Fondo el próximo miércoles. Contra la aprobación del programa, Argentina recibirá un primer desembolso por 15.000 millones de dólares que se acreditarán en las cuentas públicas dentro de los siguientes dos días. Una mitad irá a parar al Tesoro para “fortalecimiento presupuestario” y el resto ingresará a las reservas del Banco Central. Para utilizar los restantes 35.000 millones de dólares del crédito, el país deberá someterse a doce revisiones trimestrales del FMI donde el staff del organismo velará por el cumplimiento prometido en la reducción del déficit fiscal y las reformas. Cada supervisión habilitará tramos de hasta 3250 millones de dólares. La primera fecha prevista para la auditoría es el 15 de septiembre, el mismo el día que el gobierno de Mauricio Macri enviará su proyecto presupuestario para 2019. A partir de entonces el Fondo supervisará que el país no se aleje de sus promesas en septiembre, diciembre, marzo y junio de cada año hasta 2021.
